INVESTIGACIÓN EN CINCO DEPARTAMENTOS

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Cuando se trata de estafas los delincuentes se reinventan. Han engañado a personas anunciando un corralito bancario, utilizando el famoso cuento del tío y pidiendo plata con el argumento de que tienen secuestrado a un familiar. A estas se suma la reciente modalidad de llamar al dueño de un local y amenazarlo diciendo que tiene imágenes de su negocio en las que se ve que incumple protocolos sanitarios.

El ingenio tiene de todo. Pero ahora los delincuentes apuntaron a una nueva fórmula: se hicieron pasar por investigadores policiales de Operación Océano, el mayor caso de explotación sexual en Uruguay.

Se trata de un grupo criminal con varios integrantes y con distintos mecanismos para lograr llevarse la plata de sus víctimas. Una investigación de la Policía de Rivera, bajo la conducción de la fiscal Alejandra Domínguez, permitió desarticular a un grupo que tenía integrantes en varios departamentos del país, y del que también formaban parte algunas personas desde la cárcel.

La Operación Calíope, como se le dominó a la investigación para hacer caer al grupo de estafadores y que duró cuatro meses, se enfocó en descubrir las modalidades de engaño. Luego de recabar información, la Policía identificó a 17 personas que integraban la red de estafadores y a entre 10 y 15 víctimas. Durante toda la jornada del pasado miércoles la Policía programó el golpe en distintos puntos del país. La Justicia emitió 17 órdenes de detención y varios allanamientos en los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. En total fueron detenidas 12 personas que fueron conducidas a Rivera para declarar ante la fiscal Domínguez.

Las modalidades de estafa eran variadas. Según indicaron fuentes del caso a El País, una de las maniobras del grupo era ofrecer servicios sexuales a través de redes sociales. Mostraban la foto de una mujer que decía que iría a cualquier parte del país. Cuando la víctima caía en la trampa, el estafador, camuflado como una trabajadora sexual, le pedía plata “como adelanto”. Si la víctima vivía en el interior de Uruguay, además, el estafador le decía que el transporte en el que se trasladaba había sufrido un desperfecto y pedía más dinero. En otros casos simplemente le pedía que costeara el precio del pasaje de ómnibus para “poder llegar a su casa”. También hubo casos en los que el estafador dijo que se había bajado mal del ómnibus y necesitaba más palta para poder llegar, algo que nunca ocurría.

Otra de las maniobras que se detectaron consistía en ingresar a una red social y comenzar a entablar una conversación de carácter sexual con una posible víctima. Según explicaron fuentes del caso, los estafadores comenzaban a chatear e intercambiaban “diálogos eróticos con fotos y videos”. Luego de ese primer contacto otro estafador llamaba a la víctima. Durante ese diálogo se presentaba como un investigador de la Operación Océano y le explicaba que había descubierto que él chateaba con menores de edad. Luego le pedía $ 50.000 para hacer la vista gorda y no sumarlo a la extensa lista de sospechosos que tiene la investigación liderada por la fiscal Darviña Viera.

Pero no solo se hacían pasar por investigadores de Operación Océano. En otras oportunidades los estafadores alegaban que eran funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Bajo esa “fachada” le decían a una víctima que había una investigación por delitos de abuso sexual en su contra y que estaban dispuestos a hacer “desaparecer” el expediente judicial a cambio de dinero. Bajo esta modalidad una de las víctimas llegó a realizar un giro por un monto de US$ 9.000. La destinataria era una mujer, quien a juicio de la Fiscalía era una de las más activas del grupo. Este caso no se investiga como estafa sino como extorsión.

Según explicaron los informantes, algunas de estas maniobras se habrían hecho desde adentro de distintas cárceles del país. Los presos recibían la ayuda para los cobros de los integrantes del grupo que, según los investigadores, eran familiares o conocidos de los reclusos.

La Fiscalía indagará a reclusos

La audiencia judicial por el grupo de estafadores tuvo lugar ayer de tarde en Rivera. La fiscal Alejandra Domínguez solicitó la formalización de la investigación penal por delitos de estafa contra siete personas. En tanto, otras dos fueron condenadas por delitos de extorsión.

Estos casos aplican para las personas que se hicieron pasar por investigadores de la Operación Océano o por funcionarios fiscales que pidieron plata a personas fundamentando que tenían material comprometedor en su contra.

La pena fijada en este caso (se trata de dos mujeres) fue de cuatro años de prisión efectiva. Según indicaron fuentes de la investigación a El País, los imputados y condenados tenían vínculos con personas privadas de libertad, por lo que hay certeza de que la maniobra podría haber sido orquestada desde un centro penitenciario.

En los casos de extorsión, la Fiscalía se inclinó por tipificarlo así y no por el de asociación para delinquir porque hay penas más altas de penitenciaría por el delito de extorsión. Ahora la Fiscalía continuará con el caso e irá tras los reclusos que participaron de las estafas.