LIBERTAD A PRUEBA

La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 1er Turno, a cargo de Enrique Rodríguez, obtuvo la condena en un proceso abreviado de un dirigente de El Tanque Sisley por un delito continuado de estafa, con un delito de falsificación ideológica por un particular, a la pena de 23 meses de prisión. Dicha sanción se sustituirá por libertad a prueba con la realización de servicios comunitarios y la restitución del dinero, entre otras obligaciones.

La investigación del fiscal Rodríguez se inició el 11 de diciembre de 2020 cuando el BPS presentó una denuncia por haber constatado hechos irregulares relativos al pago de beneficios de subsidios por desempleo.

La denuncia probó que, durante los meses de julio y agosto de 2020, el imputado en su calidad de gerente del club de fútbol declaró ante el BPS, en forma retroactiva, a 22 personas como trabajadores, incluyéndolos en la nómina como empleados de la institución “Club El Tanque Sisley”, con fecha de ingreso a diciembre de 2019.

El gerente también informó que esos empleados percibieron salarios que oscilaban entre los $ 95.000 a $ 105.000. Luego de presentar la nómina, el gerente declaró la finalización del contrato laboral o suspensión del mismo.

En su declaración en la Fiscalía, el imputado admitió que, en realidad, dichas personas no trabajaron en el club o en otros casos no lo hicieron por los períodos mencionados, ni percibieron los salarios indicados.

Con ello, dijo el fiscal en su pedido de procesamiento, el dirigente de fútbol indujo en error al BPS, a fin de generar el derecho al cobro del subsidio por desempleo.

Las declaraciones de servicios de trabajo apócrifos, permitieron entonces que un número importante de personas accediera al beneficio del seguro de desempleo. En realidad, tal subsidio fue gestionado y percibido por el imputado mediante la utilización del usuario y la clave personal de quienes figuraban como empleados.

Ante tal engaño, el BPS abonó $ 3.104.514 a través de redes de cobranzas. El subsidio falsamente generado fue percibido por el propio imputado. El hecho generó posteriormente la sospecha de la institución, dada las características coincidentes en todos los servicios declarados, e inició una investigación administrativa.

El imputado, al quedar al descubierto la maniobra, devolvió al BPS la totalidad de la suma señalada en la denuncia ($ 3.104.514), mediante transferencia bancaria y en la Fiscalía aceptó las evidencias que había en su contra.