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En 2018 se duplicaron los juicios al Estado por medicamentos caros

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Fármacos. Crece cada vez más la cifra de reclamos judiciales por medicamentos de alto precio.

LA SALUD PÚBLICA

Pacientes con enfermedades entablaron este año 205 procesos judiciales.

Por segundo año consecutivo se duplicaron los juicios que entablaron pacientes al Estado al no poder costear los medicamentos o tratamientos de alto precio que necesitan para vivir.

En 2018, el Laboratorio de Casos Complejos en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho que dirige el abogado Juan Ceretta, realizó 205 juicios mientras que el año pasado representó el reclamo de pacientes en 107 casos. Las cifras vienen en un crecimiento sostenido. En 2016, el laboratorio representó apenas 33 juicios. Ceretta explicó a El País que los datos de este año son cerrados a la semana pasada.

Se trata de juicios que entablan los pacientes o sus familias dado que en muchos casos se trata de niños, con el objetivo de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) revean la posibilidad de otorgarle a los pacientes las prestaciones médicas que no están actualmente incluidas en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS). El proceso judicial es largo y muchas veces, los pacientes tienen que recurrir a otras vías para acceder al medicamento.

En su mayoría son reclamos para conseguir fármacos para combatir la hepatitis C, la leucemia, y otros tipo de cáncer en sangre, la esclerosis múltiple, el cáncer de ovarios, el cáncer cerebral, el de próstata y el implante coclear para personas con sordera profunda. Según explicó Ceretta, de los 107 juicios tramitados el año pasado, se ganaron 105. Este año, del total, se viene ganando el 93,5%. El FNR destina US$ 45 millones para adquirir más de 50 medicamentos de alto precio que son utilizados en más de 25 enfermedades.

Anuncio del MSP tendrá un “impacto casi nulo”

El MSP anunció la semana pasada la incorporación de 11 nuevos fármacos de alto precio al Formulario Terapéutico de Medicamentos. Se trata de medicamentos muy costosos para combatir el cáncer de próstata metastásico hormono-refractario, melanoma avanzado con mutación, leucemia, linfoma no Hodgkin, asma severa, fibrosis pulmonar, esclerósis múltiple, psoriasis severa y mieloma múltiple, entre otras enfermedades.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó que “son medicamentos de difícil acceso y que hoy se estaban adquiriendo muchos de ellos a través de procedimientos judiciales”. Sin embargo, Ceretta señaló a El País que la medida tiene un “impacto casi nulo en la judicialización”. Por ejemplo, explicó que se podrían haber evitado apenas 13 juicios del total.

Los pedidos de fármacos no son para que el Estado los incorpore al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FMT) sino para que se les entreguen cuanto antes a cada uno de los pacientes. A este procedimiento se lo denomina “petición concreta”. Cuando la respuesta de una institución es negativa, es decir, rechaza otorgarle el medicamento al paciente, es cuando interviene el grupo de estudiantes de Derecho del profesor Ceretta e inicia un proceso legal.

Según informó Qué Pasa, en base a un trabajo conjunto de 11 medios de América Latina, en al menos en ocho naciones la judicialización de los medicamentos está instalada. Brasil es, de acuerdo a la información recabada, el país que ocupa el primer lugar en este podio. Los últimos datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), correspondientes a 2016, dan cuenta de al menos 312.147 acciones pidiendo financiamiento de medicamentos, la mayoría de alto costo. En Colombia, Argentina, Costa Rica y Uruguay, tramitar un recurso de amparo para acceder a un medicamento o un tratamiento no incluido en la cobertura es algo habitual. Colombia y Costa Rica cuentan con una herramienta por la cual no es necesario tener un abogado para demandar al Estado.

La mayoría de los países resuelven su cobertura de medicamentos de alto costo en base a una lista taxativa de enfermedades o de medicamentos indicados para algunos estadios de ciertas patologías. Esto explica la proliferación de reclamos administrativos y judiciales de pacientes cuyos médicos les indican un tratamiento que el Estado no contempla. Muchas veces, la discusión se centra en si los medicamentos tienen suficiente evidencia científica o no, y en si su financiación es válida.

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