PODER JUDICIAL

En duda la finalización del conflicto judicial

Un decreto del Ejecutivo posterga hasta próximo gobierno el pago a los funcionarios con sentencia a favor.

Deuda: se reclama US$ 70 millones para 4.000 trabajadores. Foto: F. Ponzetto
Foto: F. Ponzetto

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay acelera, en un clima de incertidumbre, la recolección de adhesiones al acuerdo que el gremio firmó en enero con el gobierno para dejar atrás el largo conflicto por el "enganche" de las remuneraciones de los trabajadores con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia.

Se requiere el 80% de las adhesiones de alrededor de 2.700 personas y hasta ayer se había superado el 70%, informó a El País el dirigente Sandino Schiavone. Si bien el plazo en principio vencía ayer, no era "perentorio" y todavía el lunes se recibirán adhesiones tomando en cuenta algunas dificultades para recibir las comunicaciones desde el interior. Ese día se entregarán para su conteo a la oficina de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia.

Schiavone señaló que el acuerdo supone terminar con la "incertidumbre" sobre el cobro y permitiría que el sindicato volviera a concentrarse en el "día a día", en particular en las consecuencias de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.

Un grupo de funcionarios, patrocinado por el abogado Pablo Donnangelo, realizó una demanda en reclamo de lo que el Estado adeuda a los trabajadores. Un decreto del mes pasado establece que en caso de que la sentencia sea desfavorable al Poder Ejecutivo, este hará un pago global y no a los distintos funcionarios, lo que en los hechos, como el pago excedería los US$10 millones, supondría postergarlo hasta el próximo gobierno, porque eso es lo que se previó para los montos superiores a esa cantidad en la Rendición de Cuentas.

La fórmula que el gobierno ofreció al sindicato en diciembre pasado suponía que los cargos más altos percibirían el 57% de la deuda y los funcionarios ubicados más abajo en el escalafón el 65%. La fórmula implica que el Estado pague unos US$ 50 millones durante dos años. El aumento salarial que recibirán en promedio los trabajadores rondará los $ 2.500. En porcentaje el incremento equivale a un 18,8%.

En febrero de 2017 el sindicato había rechazado en asamblea una fórmula que hubiese supuesto pagos que habrían sido un 20% inferiores a lo que hoy percibirían los trabajadores. La más reciente fórmula fue aprobada en un referéndum del sindicato por 1470 votos a favor y 1018 en contra.

El acuerdo establece beneficios extrasalariales como lentes, prótesis y órtesis del Banco de Previsión Social para los judiciales, y un incremento a 14 semanas de la licencia por maternidad. Por concepto de la "deuda" acumulada a cada trabajador le corresponderían este año unos $ 98.000 y una cifra algo inferior en 2019.

El larguísimo conflicto, que ya lleva siete años, se originó cuando, durante la anterior legislatura, se estableció, de manera inadvertida por el oficialismo, el "enganche"de los salarios de los trabajadores judiciales con los de los ministros tanto de Estado como de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces llegaron a un acuerdo por separado a fines de 2016 con el gobierno.

En diciembre el sindicato había presentado un recurso de inconstitucionalidad, que luego dejó en suspenso, contra el artículo de la Rendición de Cuentas que el gobierno logró aprobar el año pasado que en los hechos postergaba sin fecha los pagos a los judiciales. Estos ya tenían a su favor una sentencia favorable del 23 de diciembre de 2012 que obligaba al Estado a pagar la deuda. El conflicto tuvo muchas idas y venidas, y la oposición criticó con dureza al gobierno en varias oportunidades por el tema por entender que lo que ocurría se debía a su imprevisión. El sindicato llegó a amenazar con afectar la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal.

La más reciente solución que ofrece el gobierno abarca también a 200 actuarios.

Pagos de más de US$10: quedarán postergados

Un decreto del 26 de febrero establece que el Poder Ejecutivo considerará la suma total que corresponde pagar por ejecución de sentencias (cuando superen los US$10,1 millones) "considerando la totalidad de los actores que promovieron la acción correspondiente, con independencia de las cifras individuales incluidas en el respectivo fallo". Esto lo habilita a aplicar el artículo 15 de la Rendición de Cuentas y postergar el pago a los judiciales que obtengan fallos a favor.

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