Justicia

Operadores creen que se afecta la independencia de los magistrados.

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Los jueces de siete juzgados, que tramitan casos del viejo Código de Proceso Penal (CPP), deberán archivar expedientes con más de un año de antigüedad cuando los acusados sean primarios y los delitos cometidos sean leves. Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia en una acordada resuelta por unanimidad el 21 de diciembre pasado.

La medida abarcaría a los delitos menores como la apropiación indebida, las estafas, las lesiones, los homicidios culposos y las riñas, entre otros.

La resolución de la Corte, a la que accedió El País, expresa que se conformó una Comisión de Seguimiento del CPP 1980, la que detectó la existencia de un "número importante" de expedientes "paralizados" en etapa presumarial. Es decir, sin que se haya dictado el procesamiento o la exculpación del imputado.

Esa Comisión de Seguimiento propuso a la corporación que los magistrados analicen los casos en trámite en sus casilleros, lo que permitirá "bajar significativamente" el volumen de expedientes paralizados en etapa presumarial.

La Corte resolvió que aquellos casos en etapa presumarial, con más de un año de duración —una gran mayoría— y en los que, por carecer de antecedentes penales, el indagado o en los que por el tipo de delitos que cometió vaya un procesamiento sin prisión sobre la persona, se pondrá el caso a disposición del juez competente para que decrete, con vista del fiscal, el archivo del expediente.

El plazo máximo para que los magistrados analicen los casos con las características determinadas por la Corte finalizará el 30 de abril de este año.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez, dijo a El País que los jueces deberán analizar sus casilleros y si consideran que hay elementos para archivar, lo podrán hacer.

"La idea es que estos procesos y estos juzgados bajo el régimen del CPP antiguo terminen su tarea cuanto antes. De esa forma, funcionarán mejor los juzgados con el nuevo código", dijo la ministra Martínez en alusión a que estos jueces pasarán a trabajar con sistema que comenzó a aplicarse el 1 de noviembre de 2017.

Consultada sobre la cantidad de expedientes que deberán analizar los jueces de esos juzgados, dijo que no podía explicitar la cifra concreta pero admitió que se trata de una cantidad "significativa".

Preguntada acerca de la interpretación efectuada por algunos magistrados sobre que la acordada podría violar la independencia técnica de los jueces establecida en la Constitución de la República, Martínez recordó que en materia jurídica todo es opinable e interpretable. "Si entienden eso, lo harán valer", expresó en alusión a que éstos podrían recurrir la resolución de la Corporación.

Una fuente judicial dijo a El País que la Corte emitió pautas de trabajo y no órdenes a los jueces que atienden casos bajo el viejo código. "El juez podrá alegar que quiere seguir investigando el delito y no recibirá ninguna reprimenda de la Corte. No hay violación de la independencia de jueces", agregó.

Una jueza de los juzgados bajo el régimen del CPP de 1980 dijo a El País que la acordada de la Corte es clara cuando utiliza la palabra "decrete", la que es claramente imperativa. "Y el juez no podría salir del brete diciendo que para él recaería procesamiento con prisión (del acusado), porque ello no sería otra cosa que prejuzgar, lo que sería reclamado por la defensa en la etapa pertinente", agregó la fuente.

El abogado Enrique Moller dijo que desde 1986 está vinculado al sistema judicial como fiscal, juez y penalista. "Nunca había presenciado por escrito y mediante una acordada, que la Corte disponga que un juez deba archivar un expediente bajo determinadas causas. Otra cosa es que lo establezca una ley por interés general", dijo Moller. Y agregó: "La Constitución establece sanciones para los jueces que incumplen las leyes. Con la acordada, la Corte se está separando del proceder de las leyes porque creó una norma que viola la independencia del juez".

El 1 de noviembre de 2018, el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, se reunió con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), María Elena Martínez, para transmitirle los problemas operativos en algunos juzgados penales que funcionan bajo el Código de Proceso Penal (CPP) antiguo. "Entre otros muchos temas, le planteamos a la Corte la preocupación de los abogados por las deficiencias serias de funcionamiento que existen en esos juzgados penales", dijo Pescadere a El País. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se mostró receptiva a los planteos que recibió del Colegio de Abogados.

La presidenta Martínez transmitió a Pescadere, que la corporación creó una Comisión de Seguimiento de las causas que se tramitan por el antiguo Código de Proceso Penal (CPP) con el propósito de analizar si están demoradas o no. El nuevo código comenzó a funcionar el 1 de noviembre de 2017. En el encuentro, Martínez se comprometió a escuchar los planteos del Colegio de Abogados para implementar soluciones y dijo que conocía la existencia del problema. "Ya se están tomando medidas", agregó la jerarca judicial según señalaron a El País participantes del encuentro. Para la titular de la Suprema Corte de Justicia, es una buena iniciativa que los abogados, que tienen de primera mano información sobre lo que ocurre en esas sedes penales, colaboren con la corte para buscar soluciones.