SERVICIOS ILEGALES

El uso de internet del funcionario del BPS duplicaba el de todos los restantes trabajadores de su sección. Solo en una semana, el trabajador gastó 100 GB. En un primer momento se sospechó que el funcionario enviaba información clasificada de empresas para el exterior. Luego se supo que vendía señales de televisión por internet pirateadas. El Banco de Previsión Social (BPS) lo denunció al departamento de Delitos Informáticos de la Dirección de Crimen Organizado.

El jueves 18, el juez penal Marcelo Malvar hizo lugar al pedido de la fiscal de Delitos Económicos, Adriana Di Giovanni, y lo condenó en un juicio abreviado a cumplir una pena de 13 meses de libertad vigilada por los delitos de peculado (utilización espuria de bienes del Estado), uso indebido de señales de abonado y violación de derechos de autor.

Seis meses antes de la condena, el 16 de agosto de 2020, el directorio del BPS analizó la rescisión del contrato del funcionario. En dicho cuerpo se suscitó una puja entre los representantes del Partido Nacional y el delegado de los trabajadores sobre el tenor de la sanción al empleado.

El director por los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo que estaba de acuerdo con la tipificación de la falta cometida por el funcionario, aunque señaló que para llegar a la destitución la normativa dice que deben ocurrir agravantes excepcionales.

A juicio de Ruiz, el funcionario tenía una buena conducta y confesó haber cometido la falta. Argumentó, además, que le parecía que la destitución era una sanción muy grave y propuso suspenderlo por 180 días.

En su intervención, el presidente del BPS, Hugo Odizzio (Partido Nacional), recordó que el funcionario estaba en un período de prueba de tres años y agregó que no estaba de acuerdo en incorporar a la plantilla del organismo a un persona que maneja códigos delictivos.

Ruiz insistió en que, con una sanción, el funcionario podría corregir su conducta.

El representante de los pasivos, Sixto Amaro, expresó que estaba de acuerdo con la destitución del funcionario.

Por su parte, el vicepresidente Daniel Graffigna (Partido Nacional) dijo que el funcionario no había tenido miramientos con la institución y que, por ende, esta tampoco tendría que ser benévola con él. Sin nombrar a Ruiz, Graffigna sostuvo que no estaba en el BPS para enseñar a los funcionarios como en una escuela y agregó que era necesario una “señal fuerte” del directorio hacia los trabajadores.

Con el voto en contra de Ruiz, el directorio rescindió el contrato del funcionario infiel.