HAY UN IMPUTADO

Dirigente de Peñarol declaró por atentado a la sede de la Brigada Antidrogas

La investigación que busca esclarecer el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas y la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero está avanzada.

Atentado contra la Brigada Antidrogas en el Prado. Foto: Ministerio del Interior
El ataque a la sede de la Brigada Antidrogas ocurrió en la madrugada del 9 de mayo. Foto: Ministerio del Interior.

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Una bomba que estalla en plena madrugada dentro del estacionamiento de una sede antinarcóticos, y una amenaza que recibe una fiscal que investiga delitos relacionados al narcotráfico. Los dos graves hechos ocurrieron en menos de 24 horas, entre el 9 y 10 de mayo de 2020, y pusieron en alerta a todas las autoridades.

¿Fue un intento de intimidación dirigido a las investigaciones contra grupos criminales? ¿Quiénes son los que están detrás de estos episodios? Esas son algunas de las preguntas que intenta responder la investigación llamada “Operación Aguay”, encabezada por el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, en conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.

Ya van 18 personas procesadas producto de los más de 30 allanamientos policiales que se realizaron en distintos puntos de la capital, y largas horas de indagatoria fiscal. La investigación para esclarecer las responsabilidades en torno al ataque y la amenaza a la fiscal viene muy avanzada, según indicaron fuentes del caso a El País.

Entre las indagatorias que se vienen llevando a cabo, fue citado a declarar un dirigente del Club Atlético Peñarol (CAP), indicaron las fuentes. Según explicaron, este hombre le habría vendido celulares a las personas que la Fiscalía, hasta ahora, ubica como posibles responsables de haber enviado la amenaza hacia la fiscal.

Luego de que el mensaje partiera hacia el teléfono de la representante del ministerio público, entre las 14:09 y las 14:15 del 10 de mayo, fueron descartados dos celulares que están en la mira de la investigación. En este contexto fue que la Fiscalía solicitó que se citara a declarar al dirigente de Peñarol, ya que en los días posteriores a que los individuos investigados se deshicieron de los aparatos, este dirigente les habría vendido otros celulares.

Hijo de contratista.

En el marco de la “Operación Aguay” fue detenido el pasado sábado el contratista de futbolistas G.A.. Su detención se dio luego de una serie de allanamientos en su casa en busca de su hijo, de 38 años, sospechoso de haber enviado el mensaje a la fiscal. En una de esas instancias los oficiales le preguntaron al empresario si había armas en su casa, a lo que él contestó que sí. Luego la Policía le incautó las que había dentro de un bolso y una escopeta que había en el interior del vehículo conducido por G.A..

El contratista fue imputado el lunes por delitos de tenencia no autorizada de armas, y porte y tenencia de armas en lugares públicos. Como medida cautelar la Justicia dispuso arresto domiciliario con el uso de una tobillera electrónica por 30 días mientras continúa la investigación. La Fiscalía no logró vincularlo con el atentado a la sede de narcóticos ni con la amenaza a la fiscal.

Sin embargo, a su hijo sí. Ese mismo día R.A. se presentó en Fiscalía. Y ayer, luego de otra instancia judicial, fue imputado por un delito de violencia privada especialmente agravado y un delito de tenencia no autorizada de municiones.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez
Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez

Desde Perú.

El mensaje original con la amenaza a la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Mónica Ferrero, salió desde Perú y llegó a dos celulares uruguayos, según explicaron fuentes judiciales a El País. Esos dos teléfonos compartieron Internet y luego se reenvió el mensaje a Ferrero.

Durante la audiencia judicial realizada ayer, a cuyo registro accedió El País, el fiscal Pérez relató que durante las 14:09 y las 14:13 -“que coincide en el lapso de tiempo en el cual se dio la amenaza”- el celular estaba siendo utilizado por el hijo del contratista.

El fiscal destacó que R.A. reconoció en sus declaraciones que ha utilizado ese celular en diferentes circunstancias. Pero más allá de esa confesión, según pudo saber El País, R.A. negó haber sido él quien reenviara el mensaje que finalmente llegó a Ferrero. Las fuentes indicaron que dos personas más manipularon ese día y a esa misma hora el celular de donde partió la amenaza.

El fiscal Pérez entiende que hasta ahora hay elementos suficientes para vincular al hijo del contratista con la referida amenaza, “sin perjuicio de que se prosiga con las actuaciones correspondientes”.

Por esta razón la Fiscalía solicitó que se dé inicio a la formalización de la investigación contra R.A. por ser presuntamente autor de un delito de violencia privada especialmente agravada. Por otra parte, cuando se allanó su domicilio se incautaron varios cartuchos y proyectiles de rifle sin las autorizaciones correspondientes. Por esta razón también fue imputado por un delito de tenencia de municiones no autorizadas.

Si bien Pérez, según se expresó en la audiencia, iba a solicitar la prisión como medida cautelar mientras se continúa con la investigación, luego decidió pedir el arresto domiciliario por 60 días con tobillera electrónica ya que destacó “la actitud” de R.A. “facilitando” la investigación.

Los abogados de R.A, Ignacio Durán y Gumer Pérez, no hicieron objeción a la medida cautelar solicitada por el ministerio público. “La defensa no merece objeciones a la solicitud de la medida cautelar en función de la complejidad del asunto y la ardua tarea que viene realizando la Fiscalía en cuanto a la investigación de los hechos”, consideró el defensor Pérez durante la audiencia.

El fiscal Pérez tendrá ahora 60 días para determinar si el hijo de G.A. fue quien envió el mensaje con la amenaza, y en ese caso seguir identificando los eslabones de esta cadena.

Banda extranjera con logística en Uruguay

La teoría que lleva adelante la Fiscalía en el marco de la investigación sobre el atentado a la sede de la Brigada Antinarcóticos y la amenaza a la fiscal Ferrero apunta a una organización criminal del extranjero con logística en Uruguay, indicaron fuentes del caso a El País. Si bien hasta el momento van 18 personas procesadas en el marco de la investigación, todas fueron por delitos derivados de los allanamientos.

De todas maneras, la Fiscalía está convencida de que estas personas participan en algún eslabón de la cadena de la banda criminal del extranjero dedicada a la venta y suministro de estupefacientes. Esa banda, que amenazó a la fiscal, se identificó con las siglas PCU. “Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende, no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU”, decía el mensaje, según informó en su momento el periodista Gabriel Pereyra.

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