Justicia

Permanecerá en prisión domiciliaria mientras dure la investigación penal.

Cerró las cortinas y la puerta del salón. Se quitó la túnica y toda la ropa. Dejó las prendas sobre un perchero. Quedó completamente desnuda frente a ocho niños de 5 y 6 años. Después hizo que los niños besaran y tocaran sus partes íntimas.

Fue el 25 de junio, faltaban dos días para el comienzo de las vacaciones de julio. Una de las maestras de Jardinera de la escuela 364 del Cerro pidió licencia médica. Su grupo quedó a cargo de la directora, una docente de 53 años de edad, viuda, proveniente de Artigas.

Al volver la maestra titular, luego de las vacaciones, ocho alumnos contaron que habían vivido escenas de violencia cuando estuvieron al cuidado de la directora.

En primera instancia, los niños dijeron que les había pegado, que había tirado una mochila por la ventana y que ató a uno de los alumnos. Además, le puso cinta en la boca y que le cortó el cabello a un niño. Tendrían que sumarse psicólogos y asistentes sociales para que se conocieran los actos de abuso sexual cometidos por la mujer.

La docente titular convocó de urgencia una reunión con los padres en la que participaron dos inspectores de Primaria y la propia involucrada, la que negó los hechos.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) ordenó una investigación interna. El 16 de agosto sacó del cargo a la maestra directora y dos días después dispuso la retención de la mitad de su salario.

El organismo contrató una pericia psiquiátrica con un especialista externo. La investigación confirmó que la directora es consciente de sus actos ya que "no presenta alteraciones".

El sindicato de maestros de Montevideo, Ademu, denunció que la directora de la escuela maltrataba a los docentes.

La situación de los niños quedó a cargo de los técnicos del programa "Escuelas Disfrutables" del CEIP, según dijo ayer la directora general del organismo, Irupé Buzzetti.

Mientras tanto, el día 16 de julio llega la denuncia al fiscal Fernando Romano, quien toma el caso y solicita la intervención el Departamento de Víctimas de la Fiscalía.

Hasta ese momento, lo que había trascendido era que algunos padres habían denunciado que la jerarca no soportó el comportamiento de los niños, les gritó y que había llegado a atar a uno de ellos a una silla.

Sin embargo, tras la participación de los equipos técnicos de Primaria y de la Fiscalía, los niños confirmaron el relato sobre los hechos de violencia y narraron una serie de abusos sexuales por parte de la directora del centro educativo.

El testimonio de los pequeños, al que accedió El País, fue presentado en la mañana de ayer por el fiscal Romano ante el juez penal Fernando Islas. Las familias de los niños fueron asistidas jurídicamente por el abogado Martín Frustaci, quien participó en todas las etapas previas a la formalización.

La audiencia, que fue cerrada a pedido de las familias de los niños, estaba prevista para la hora 10:20 pero dio inicio a la hora 11:37. Unos minutos antes se pudo ver dentro del Juzgado al fiscal de Corte, Jorge Díaz quien conversó con el fiscal Romano y se retiró rápidamente.

El fiscal Romano solicitó al juez Islas la formalización de la investigación contra la directora bajo la imputación de "reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados en reiteración real con reiterados delitos de privación de libertad en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autora".

En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que se le aplicase la prisión preventiva por espacio de 120 días.

Sin embargo, el juez Islas estableció que la mujer cumpla con la prisión preventiva por 120 días dentro de su domicilio con uso obligatorio de una tobillera electrónica, bajo control policial.

En tal sentido, el fiscal Romano aclaró en conferencia de prensa que la mujer va a permanecer "los 120 días en arresto domiciliario absoluto, total, los siete días de la semana con dispositivo electrónico", indicó. "Ella está presa en su domicilio", subrayó.

En ese lapso la Fiscalía, la defensa de la imputada y la defensa de las familias deberán reunir pruebas y elementos para encarar el juicio oral.

Por otro lado, el juez Islas resolvió que la imputada quedara inhabilitada para desempeñar cargos —tanto públicos como privados— que estén relacionados con niños o adolescentes en el ámbito de la enseñanza, mientras dure el proceso.