LA OTRA CARA DE UN DRAMA

Cuando hay un femicidio, la prensa los suele contar con lujos de detalle. A veces se recuerda la cifra total de mujeres asesinadas por su condición de tal hasta ese momento, y luego, con el tiempo, van surgiendo noticias sobre la evolución de esos casos en la Justicia, si es que el hombre no se suicidó -lo que se sabe ocurre a menudo. Pero hay una realidad que no siempre es vista: la del día después del entorno familiar. Es decir, la de los niños, hijos de la pareja, de la víctima o el victimario (o de ambos), que tienen que salir adelante y dejar atrás el episodio traumático.

Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará con una marcha por 18 de Julio y Avenida Libertador, y una actividad abierta en la que se abordará esta temática. Allí, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Unicef presentarán una serie de informes y datos que incluirán un relevamiento específico sobre la situación de los niños cuyas madres murieron a manos de un hombre entre 2018 y 2019.

Y lo que hubo en esos dos años son 51 niños y adolescentes que quedaron huérfanos, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Mujeres y Unicef, titulado “Respuestas públicas dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio”, al que accedió El País.

Esa cifra constituye un promedio de 25,5 niños por año que pierden -al menos- a su madre, teniendo en cuenta el período 2018-2019: en el primer año eso le ocurrió a 30 menores -hijos de 11 de las 30 víctimas, el 26%-, y en el segundo a 21 -hijos de 13 mujeres asesinadas de un total de 25, o sea más de la mitad.

El promedio de edad de los niños, también calculado en el informe -que recoge datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública y de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía- es de 11 años, y el 74% de las situaciones sucedieron en el interior; el 22% restante en Montevideo, y hay un 4% cuyos datos el estudio no dispone.

La ley N° 18.850 de 2011, que creó una pensión mensual más una asignación familiar, es la norma paraguas a la que recurren las víctimas de violencia de género. La pensión es de $ 13.035, y la asignación es de $ 1.993, que sube a $ 2.593 en caso de que el menor curse educación media -todo en valores actuales.

Sin embargo, en el Banco de Previsión Social (BPS) se tomó una decisión que favorece las perspectivas de futuras víctimas. Según señaló a El País Daniela Barindelli, directora del organismo, en el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica -del que el BPS es miembro invitado- se analizó que con la LUC se introdujo un cambio en la ley N° 19.039, la que estableció en 2013 que hubiese una pensión para las víctimas de delitos violentos. Esa norma habilitaba a recibir una pensión -que hoy es de $ 29.220- a los familiares de personas asesinadas “en ocasión de delitos de rapiñas, copamiento o secuestro”, pero con la LUC ese beneficio se extendió a los familiares de víctimas de “un fallecimiento en ocasión de un hecho delictivo”, lo que no deja dudas que incluye a las familias destruidas por un femicidio.

“Llegamos a la conclusión de que se pueden armonizar ambas leyes y que las víctimas de delitos violentos pueden pedir la asignación familiar y la asistencia psicológica” que corresponde a la pensión por violencia doméstica, dijo la jerarca. De modo que los familiares de víctimas de femicidios que hayan ocurrido luego del 9 de julio de 2020 -cuando la LUC entró en vigencia- podrán tramitar la compensación económica por la ley 19.039, y obtener así el doble de ingresos de los que recibirían por a ley 18.850.