LA MINERA QUE NO FUE

Deudas millonarias y 25 demandas estatales y privadas: lo que dejó la fallida obra de Aratirí

Estas demandas se encuentran en distintas etapas judiciales. Las más antiguas están en un Tribunal de Apelaciones o en ejecución de sentencia. Otros en ejecución de hipoteca, embargo preventivo o en juicio en curso.

Estación de Pueblo Valentines. Foto: Darwin Borrelli
Esperanza, inversiones, desazón, deudas y tristeza: fueron las distintas etapas que vivieron los pobladores. Foto: Darwin Borrelli

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La minera india Aratirí, perteneciente al grupo Zamin Ferrous, se instaló en Uruguay en 2007. En ese momento se mencionó una inversión de 2.000 millones de dólares, que luego treparía a 3.000 millones de dólares, la más grande de la historia del país.

Para el expresidente José Mujica, Aratirí iba a ser una megaobra referente, una especie de lo que significó UPM para el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Un faro.

Otro anhelo de Mujica era la creación de un puerto de aguas profundas en Rocha, y para ello necesitaba que Aratirí sacara el hierro por esa terminal. Esa iniciativa quedó en el camino.

Pero las obras inconclusas dejan una herida sangrante en los pueblos.

El anuncio realizado en 2010 de que un multimillonario indio iba a traer riquezas y trabajo para los pueblos de Valentines y Cerro Chato y zonas aledañas, generó esperanzas.

Muchos invirtieron sus ahorros para armar negocios logísticos, talleres y almacenes. El costo de la mano de obra y de las tierras subió. Poco después la burbuja se pinchó y las esperanzas se transformaron en desazón y pérdidas.

El 3 de julio de 2018, la minera Aratirí formalizó una demanda internacional contra el Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares. Alegó que le cambiaron las reglas de juego.

Entrada a predio de la minera Aratirí. Foto: Marcelo Bonjour
Entrada a predio de la minera Aratirí. Foto: Marcelo Bonjour (Archivo)

En Uruguay, Aratirí dejó deudas voluminosas, la mayoría de ellas al BPS y a la DGI. Pero también a trabajadores y a proveedores locales, según un informe estatal al que tuvo acceso El País.

En distintos juzgados civiles y penales, la minera Aratirí enfrenta un total de 25 demandas presentadas entre 2010 y 2018 por organismos estatales, obreros y proveedores.

Nueve juicios fueron iniciados por el BPS y DGI por tributos impagos y uno tramitado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que reclama el cobro de servicios de asesoramiento. En este caso, ya hay una sentencia fechada el 5 de marzo de 2019. El Juzgado Civil de 13er Turno falló a favor del LATU.

Según el documento, la minera también afronta ocho procesos laborales grupales, los que fueron iniciados por obreros que tuvieron algún tipo de vinculación con Aratirí o con empresas tercerizadas que trabajaron en el proyecto minero. En tanto, empresas y proveedores de Aratirí iniciaron siete demandas.

Información.

En agosto de 2019, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno hizo lugar a la apelación del Poder Ejecutivo en la demanda iniciada por el abogado Gustavo Salle y el exfiscal Enrique Viana, para que el gobierno libere la información sobre el juicio que la minera Aratirí le está haciendo a Uruguay por 3.536 millones de dólares. Ahora, será la Suprema Corte de Justicia la que debe pronunciarse para saber si esa información que el gobierno considera “confidencial” debe hacerse pública. El tribunal que actuó en segunda instancia estaba integrado por los jueces Álvaro Franca, Tabaré Sosa y John Pérez Brignani.

En un fallo de primera instancia, en diciembre del año pasado, el juez Alejandro Martínez de las Heras había hecho lugar al pedido de los abogados Salle y Viana. En esa sentencia, se instó al gobierno a proporcionar los datos requeridos -solicitados originalmente mediante un pedido de acceso a la información pública- en un plazo de 15 días, aunque era de prever que el Ejecutivo apelaría el fallo.

Finalmente, Salle y Viana interpusieron en la Corte un recurso de casación contra la sentencia y otro de inconstitucionalidad de la ley que ratificó el tratado de inversiones entre Inglaterra y Uruguay, en el cual se basa la demanda arbitral.

Empresa alega que Uruguay modificó las reglas de juego

El 11 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo promulgó ley N° 19.126 que regula la actividad minera de gran porte. El texto legal crea el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión y dispone los ámbitos de aplicación, la titularidad, el plan de cierre, la constitución de garantía de cumplimiento, el régimen tributario especial y los ingresos que obtendrá el Estado en relación con la explotación de la minería de gran porte.

La ley declara que la minería de gran porte es de utilidad pública y genera procesos de desarrollo sostenible para el país, si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el posterior cierre de las minas.

La aprobación de la ley de minería fue interpretada como un cambio en las reglas de juego y es por eso que la corporación india demandó al Estado uruguayo.

El 3 de julio de 2018, la minera Aratirí formalizó un reclamo internacional contra el Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares.

La denuncia es por daños y perjuicios y se tramita en Washington, Estados Unidos.

El 8 de agosto de 2018, consultado en el programa Desayunos Informales, el expresidente de la República, José Mujica, dijo que no creía que tuviera andamiento la demanda de la minera Aratirí.

“Esto es una exageración para intentar negociar”, dijo Mujica.

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