Justicia

Detectan presuntos casos de abuso sexual a discapacitados

Institución Nacional de Derechos Humanos denuncia situación de niños y adultos en centros.

Hay adultos que entraron al sistema cuando eran chicos. Foto: archivo El País
Hay adultos que entraron al sistema cuando eran chicos. Foto: archivo El País

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) constató presuntos casos de abuso sexual de funcionarios a personas con discapacidades que residían en centros de 24 horas del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y en oenegés. Los casos, que ya están en la órbita de la Justicia, fueron denunciados al instituto en 2016 y 2017.

Según el informe anual del año pasado realizado tras visitar casi 80 centros de todo el país, y al que accedió El País, "se constataron situaciones de presunto abuso sexual o de vulneración de los derechos de intimidad e integridad por parte de funcionarios hacia las personas residentes con discapacidad". Si bien las autoridades de la Institución prefirieron no hacer público el nombre de los centros, el informe remite a las inspecciones realizadas en la oenegé Aldeas de la Bondad de Salto y en el Centro "En Camino" en Montevideo.

En diciembre de 2016, tres mujeres con discapacidad que estaban internadas en Aldeas de la Bondad y que habían sido atendidas en el Hospital Pereira Rossell porque presentaban secreciones mamarias, contaron que habían sido víctimas de abuso sexual, según informó Subrayado. El INAU y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) denunciaron la situación en Salto por "presuntos abusos sexuales". La situación se generó luego de que el gobierno trasladase en diciembre de 2016 en un avión de la Fuerza Aérea a Montevideo a 13 pacientes con parálisis cerebral que residían en la oenegé. Tras el traslado, la muerte de cuatro de ellos desató un escándalo por la pertinencia del viaje de los pacientes.

Pero por otro lado, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) también expresó su preocupación por casos de presunto abuso en el Centro "En Camino" en Montevideo. En un informe realizado en enero de este año, consideró que en ese lugar hubo una "situación de vulneración de derechos por parte del personal, que dio lugar al despido de los mismos". Para la institución, el episodio quedó "fundado" por la "vulnerabilidad de las personas que quedaron expuestas al cuidado de trabajadores que se desempeñaron en forma totalmente irresponsable, violentando la dignidad e intimidad de quienes estaban bajo su cuidado".

Al ser consultado por El País, el director del Instituto, Wilder Tayler, dijo que "hay más de una denuncia" pero prefirió no adelantar más información al respecto porque "este tema se llevó a la Justicia". De acuerdo al informe, se constató también que en los centros de 24 horas para personas con discapacidad "residen adultos que han ingresado en su infancia o adolescencia y permanecen allí bajo el cuidado de un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes". Al 1° de octubre del año pasado, 675 personas con discapacidad se alojaban en este tipo de centros. Un 16% del total son niños que allí reside. A su vez, el 70% (471) son personas adultas, mayores de 18 años.

Por otro lado, el informe recoge que "se observaron fallas en los mecanismos de supervisión de dichos centros desde los organismos públicos competentes, que dejan a las personas discapacitadas en una situación de máxima desprotección y vulnerabilidad". A su vez, se constató la vulneración del derecho al acceso a la educación: "Se señaló la necesidad de tener una propuesta socioeducativa al interior del centro que posibilite el acceso a la alfabetización y la cobertura de educación formal, según el perfil de cada persona", señala el informe.

El monitoreo del sistema de responsabilidad penal adolescente constató alta rotación en las direcciones de algunos centros, especialmente los de máxima seguridad, carencia de personal suficiente, capacitado y especializado, fragmentación, dispersión y discrecionalidad en la ejecución de las penas privativas de libertad y predominio de las prácticas de control, tales como la presencia policial en las entradas a los centros de máxima seguridad, aumento del alambrado perimetral y medidas punitivas como el encierro compulsivo, entre otras.

El informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura incluye todos los registros de las visitas a centros del sistema de responsabilidad penal juvenil, el sistema de protección de 24 horas de niños, niñas y adolescentes, el sistema carcelario de adultos, las unidades policiales, las unidades de violencia doméstica y de género e instituciones psiquiátricas.

Cárceles.

Tayler señaló a El País que en las distintas situaciones de los sistemas de encierro "existen bolsones" que guardan potenciales escenarios de vulnerabilidad de los derechos humanos. Puso el ejemplo del sistema carcelario en el que se registran áreas con "enormes niveles de violencia".

El año pasado la Institución realizó 78 visitas a centros de todo el país. Entre ellas, visitó varias cárceles en las que se identificaron "altos índices de violencia intracarcelaria, malas condiciones de habitabilidad y vida cotidiana y dificultades de acceso a la atención sanitaria". Según datos del Ministerio del Interior al 31 de diciembre del año pasado, se registraron 47 fallecimientos en cárceles: 17 (36%) por homicidios intencionales entre internos, 10 suicidios (21%) y 20 por otras causas (43%).

Además, se constataron "pésimas condiciones de habitabilidad, carencia de acceso al agua potable, instalaciones eléctricas precarias, sobrepoblación y hacinamiento". También se verificaron "vulneraciones" al derecho a la salud de las personas privadas de libertad.

Más adultos

Al 1º de octubre del año pasado, 675 personas con algún tipo de discapacidad se encontraba en los centros de 24 horas del INAU.

La cifra corresponde a un 16% del total de niñas, niños y adolescentes que residen en este tipo de lugares. De las 675 personas en situación de discapacidad, el 70% (471) son personas adultas, mayores de 18 años. El monitoreo en centros con este perfil demostró fallas en varios niveles del sistema.

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