JUSTICIA

El Tribunal de Apelaciones del 1er Turno desestimó una demanda de algunos de los imputados por Operación Océano. Estos pedían la nulidad de la causa debido a que, advertían, no tuvieron acceso al contenido de dos celulares de la principal víctima en tiempo y forma.

En una primera instancia la jueza Beatriz Larrieu había desestimado el planteo de “ocultamiento”, sobre todo por no haber podido acceder a lo que había dentro de uno de los teléfonos de la principal víctima.

Los abogados de 25 de los imputados advirtieron ante el tribunal que la Fiscalía “violentó abiertamente” el ejercicio efectivo del derecho a defensa, por no entregar adrede evidencias en su poder. Y en este sentido señalaron que tuvieron que trabajar nueve meses “a ciegas”.

Los defensores se refirieron así a dos teléfonos, un IPhone X y un IPhone 7. Archivos de esos celulares, dijeron los abogados, fueron mostrados en audiencias por parte de la Fiscalía. Sin embargo ellos no accedieron a esos mensajes en los dos discos duros que les fueron entregados para defender a sus clientes.

Los abogados sostuvieron que en uno de esos celulares, un IPhone 7, no pudieron acceder en tiempo y forma al 60% de los archivos, y que además no se resguardó la cadena de custodia, o sea que no habría garantías de que algo haya sido borrado.

Los abogados sostuvieron que el IPhone X fue incautado en noviembre de 2019 y el IPhone 7 en abril de 2020. El protocolo marca que al momento de la incautación se les debe extraer toda la información y se les debe introducir un código hash -una suerte de clave de acceso única. Sin embargo, según los defensores, esto se hizo con el IPhone X recién entre setiembre y octubre de 2020. En el otro teléfono sí se hizo al momento de la incautación.

Los abogados, además, advirtieron que según la carpeta de la investigación a ambos celulares se les activó la aplicación WhatsApp tras su incautación y se hicieron capturas de pantalla. “Se manipularon”, concluyeron.

La Fiscalía, en tanto, en su escrito al que solo se refiere al IPhone X, señaló que ya quedó debidamente comprobado que se trató de un “error” a la hora de traspasar los datos, aunque también reconoció que ese teléfono es el que “mayor cantidad de información tiene”. De todos modos, también advirtió que la audiencia de declaración anticipada que estaba planteada se suspendió hasta que las defensas pudieran acceder a todo el material, y que en pocos días el problema quedó “subsanado”.

En tanto, la madre de la principal víctima, a través de sus abogados, también presentó un escrito pidiendo que se tengan en cuenta los archivos que pertenecen al IPhone X, pues “no existió ocultación ninguna”, ni “perjuicio para la defensa”, pues la audiencia se suspendió al momento que esto pudo constatarse.

En tanto, la defensa de otras 10 víctimas también presentó su negativa a la nulidad reclamada por los abogados defensores de los imputados. Es el caso de Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, que advirtieron que el derecho de acceso al legajo debe ser algo respetado por la Fiscalía, pero no por eso ella es la responsable de que este sea contemplado. Es decir, que la obligación de hacerse del material es de los abogados. “Carece de sentido que argumenten falta de acceso y ocultamiento de evidencia cuando no concurren a obtener una copia”, señalaron.

El Tribunal de Apelaciones, ante todo esto, advirtió que “no se acreditó que antes de la formalización haya sido afectado el ejercicio del derecho de defensa”, por tanto no es procedente la nulidad del caso reclamada.