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Desaparecen $ 5 millones en la Armada y se investiga maniobra

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Comando General de la Armada. Foto: Darwin Borrelli

OTRA VEZ LA MARINA EN LA MIRA

Justicia indaga traspasos en 2012 y 2013 a cuentas que ofician de caja chica.

En la Armada hubo un faltante de $ 5 millones ocurrido entre 2012 y 2013. La Justicia Penal, la Fiscalía y un perito que investigó las cuentas no pudieron determinar el destino de ese dinero que, en esos años, equivalía a unos US$ 250.000.

La investigación judicial apuntó a tres oficiales navales que manejaban los “Fondos Rotatorios” destinados a los gastos diarios de la Armada. Dicha fuerza los denunció en 2014 ante la Justicia por supuestos traspasos irregulares de fondos. Los jerarcas indagados dirigían el Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (Secon).

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, consideró como probado que el entonces jefe de ese servicio, L.M., desde mayo de 2012 y en 2013 y en varias oportunidades contando con el asesoramiento de dos subalternos, dispuso la transferencia de dineros existentes en la cuenta denominada “fondo de terceros” de la Armada y otros fondos que estaban en “cuentas ociosas” (inactivas) hacia la cuenta de “Fondos Rotatorios”. Estos son recursos fijos destinados a gastos de urgencia e imprevistos. Representan el 12% del presupuesto de la Armada y a medida que se produce su uso, los gastos se van justificando con facturas y la Contaduría de la Nación repone los mismos.

En su escrito, Pacheco entendió como probado que luego de producidos estos traspasos, lo imputados extrajeron sumas de dinero en provecho propio mediante libramientos de cheques al portador que, por lo general, lo cobraban funcionarios de Tesorería de la Armada ajenos a la maniobra y esos documentos de pago luego quedaban en “cajas negras” de la unidad. Y agregó que tales sumas fueron usadas para provecho personal de los imputados ya sea en comidas semanales en la fuerza de mar, así como para uso personal.

También indicó que el exjefe del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada, capitán L.M., autorizaba y disponía de adelantos de sueldos o entregas de dinero a funcionarios de la unidad sin norma habilitante y, en una oportunidad, se le adelantó a el mismo dineros que usó para la compra de botellas de whisky de “entreport” exentos de impuestos.

Respecto al monto de la maniobra, la Fiscalía establece que si bien la Armada Nacional estimó que el total de retiros de la cuenta de “Fondos Rotatorios” en forma ilegítima fue de $ 8.900.000 de los cuales se rindió cuenta por $ 3.150.000, resultando un saldo de pesos $ 5.800.000 sin justificar, según un escrito al que accedió El País de fuentes judiciales.

Tras no poder estimar el perito de la Justicia el supuesto faltante cercano a los $ 6.000.000, la Fiscalía tiene como probado que los imputados se habrían apropiado indebidamente de unos $ 900.000. Ello significa que la Justicia ni la Armada saben el destino de unos $ 5 millones.

El fiscal Pacheco consideró que los indagados incurrieron en delitos de fraudes y pidió penas de prisión.

No sabía

Pese a su negativa en varias oportunidades, dado la inexperiencia y desconocimiento del área contable, el capitán L.M. fue designado el 11 de noviembre de 2011 como director del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada. El jerarca puso como condición para asumir ese cargo que se designaran como subordinados oficiales capacitados en las diferentes áreas.

En ese momento, la Armada Nacional atravesaba una crisis producto de maniobras fraudulentas por la que varios jerarcas fueron procesados por esta misma sede. 

Hasta ese momento el manejo financiero de la Armada se hacía con dinero en efectivo generalmente a través del llamado “Fondo Rotatorio”. Había un estancamiento en la ejecución del gasto y el jefe saliente al momento del relevo dejó en una cuenta en el BROU la suma de $ 195.000 para afrontar el funcionamiento de toda la Armada Nacional, cifra extraordinariamente lejana al 12% del presupuesto de la Armada.

Al momento de asumir su cargo, el capital L.M. recibió la orden de su superior, el contraalmirante R.G., de solucionar la situación financiera de forma rápida a fin de devolverle a la Armada la posibilidad de atender su presupuesto con “los gastos de funcionamiento” y liberar de esta forma al “Fondo Rotatorio”.

El capitán L.M, asesorado por sus dos subalternos expertos en temas contables, decidió atender esta grave situación financiera con fondos que estos definieron como “ociosos” que obedecían a diferencias de cambio provenientes de años anteriores y que permanecían como remanentes de afectación en cuentas que ya habían sido sometidas o rendidas a los órganos de contralor y canceladas definitivamente. En consecuencia, esos fondos, si bien pasaban de una cuenta a otra siempre se mantenían en cuentas del Estado y por tanto en condiciones de ser “controlados”, señala el escrito del defensor del capitán L.M, Enrique Moller. Y agrega que el capitán L.M. comunicó la medida planificada a su superior inmediato, quién la aprobó y le ordenó que lo llevara a la práctica. Pese a que la solución era irregular, era conocida no solo por los mandos de la Armada sino también por autoridades del Ministerio de Defensa y de la Auditoría Interna de la Nación, según Moller. Y advirtió que, luego de un traspaso de casi $ 3 millones que regularizó la situación del “Fondo Rotatorio”, los dos subalternos continuaron realizando traspasos a “espaldas” de su superior L.M. y esa situación se extendió después de su relevo y por un año. Es decir, señaló Moller, el nuevo jefe del servicio tampoco logró detectarlos demostrando la dificultad para hacerlo.

más

“Compras fantasmas”: la hora más dramática de la fuerza de mar

En agosto del año 2010 la juez Graciela Gatti procesó con prisión al exjefe de la Armada Juan Fernández Maggio y a otros dos oficiales de esa fuerza tras la comprobación de una serie de compras ficticias realizadas con presupuesto oficial.

En primera instancia se probó que las jerarquías castrenses simularon la compra de una grúa y un banco de pruebas valuados en un total de US$ 600.000.

En aquel momento la jueza Gatti también imputó por el “delito continuado de fraude en calidad de autores” a los capitanes de Navío Pablo da Costa y Gerardo Feble.

Los tres oficiales procesados con prisión fueron enviados a Cárcel Central.

Mientras tanto, Fernández Maggio fue procesado por un delito “continuado de fraude en calidad de coautor”. Mientras tanto, el también capitán de Navío Danilo Damonte fue procesado sin prisión bajo “caución juratoria”, en calidad de autor de un delito “continuado de fraude”.

La resolución judicial ordenó un embargo genérico a los procesados. La fiscal Mónica Ferrero, a cargo de la causa, tenía previsto imputar al jefe del Servicio de Aprovisionamiento, Alberto Márquez, pero el oficial demostró que su firma había sido falsificada.

Fernández Maggio y Feble recuperaron la libertad por “gracia” de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año 2012. Los procesados debieron depositar US$ 50.000 a modo de fianza.

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