JUSTICIA

Demanda por US$ 600 mil por muerte de Valeria Sosa

El escrito critica a Interior por asumir la culpa públicamente y luego negarla en la etapa de la conciliación.

El caso Valeria Sosa generó reacción popular y del sistema político. Foto: F. Ponzetto
El caso Valeria Sosa generó reacción popular y del sistema político. Foto: F. Ponzetto

El asesinato de la bailarina de la comparsa "Mi Morena", Valeria Sosa, a manos de su expareja, un funcionario policial, conmocionó a la sociedad uruguaya a fines de enero del año pasado.

El caso no sólo generó una de las más manifestaciones populares más grandes de rechazo sino también la creación de una figura penal por parte del Parlamento que se denominó "Ley Valeria Sosa". Se trata de la Ley 19.538 que agravó el delito de homicidio a una mujer creando la figura del femicidio y modificando el Código Penal.

Poco después del crimen, ocurrido frente a los hijos de la mujer, el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que por lo menos 19 efectivos dependientes de su cartera no actuaron de manera adecuada en el caso.

El Ministerio indicó, en distintos documentos públicos, que el homicidio "pudo y debió" ser evitado. Sin embargo, en una audiencia de conciliación en la que la familia de la mujer asesinada buscaba un resarcimiento económico, otra fue la postura de la representante legal del Ministerio del Interior: negó toda la responsabilidad del Estado en el crimen.

La demanda civil, que será presentada por el abogado Ignacio Durán el próximo jueves, reclama una indemnización por daño moral a la madre de la víctima por aproximadamente US$ 100.000; daño moral para cada uno de los hermanos de la víctima por unos US$ 50.000, y daño moral para cada uno de los hijos de la víctima: US$ 150.000. Teniendo en cuenta que Valeria Sosa era empleada doméstica y que, además realizaba trabajos extras como bailarina, sus ingresos mensuales promedio se establecieron en $ 20.000. Como su expectativa de vida era de 75 años, este rubro alcanza una cifra de $ 960.000. El reclamo totaliza unos US$ 600.000.

El escrito, redactado por el profesional, es muy crítico con el accionar del Ministerio del Interior. Advierte que la función de la seguridad ciudadana debería ser un "verdadero resguardo" de los derechos a través de acciones de prevención y represión del delito.

"Así hoy día nos encontramos con una demanda de la población solicitando al Estado mayor seguridad y mayor accionar preventivo", reza la demanda.

Según Durán, el Estado debería no sólo buscar condiciones que permitan el goce de los derechos de vivir con más seguridad, sino que también debería actuar en la etapa posterior de consumados los delitos, de manera de resarcir los derechos vulnerados de las víctimas de manera inmediata, máxime cuando la responsabilidad del mismo es concreta.

El gobierno, expresa la demanda, debe no sólo reconocer su responsabilidad sino que debe resarcir a quienes están sufriendo estas pérdidas. "La actitud asumida en Sede de Conciliación (por el Ministerio del Interior) no coincide con las políticas actuales del gobierno", expresa.

Dice que todos los esfuerzos y gastos realizados por el gobierno "se tiran por la borda" cuando la población recibe señales en donde el Ministerio del Interior concurre a la instancia de conciliación a los "solos efectos" de dar cumplimiento con su obligación jurídica, pero "sin ánimo" de reconocer y resarcir el dolor.

Esa estrategia, señala el documento, deja "otra vez más a la sociedad" con el sentimiento de que no está protegida.

En otro tramo de la demanda, Durán señala que si al asumir la responsabilidad el Ministerio del Interior solo queda en palabras, el error es "doble", "es más doloroso" y "tiene consecuencias más graves". Y sostiene que la negación de la responsabilidad efectuada por la cartera en la etapa de conciliación no hace otra cosa que mostrar una vez más los problemas de funcionamiento de esa secretaría de Estado y las contradicciones existentes entre su ministro y la actitud asumida por juicio de la cartera.

"No se evitó la muerte por falla policial"

En la prueba presentada por la demanda de la familia de Valeria Sosa, se reproducen declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. "No se evitó la muerte de Valeria Sosa por falla policial. El tema está en investigación y vamos a ser duros donde caiga la responsabilidad. No basta la confección de protocolos si no se garantiza la eficaz aplicación de los mismos. Se investigará el caso y se aplicarán las más duras sanciones hacia los responsables".

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