JUSTICIA

Defensor, Valdez y Conmebol en los estrados judiciales

El expresidente de la AUF demandó a Julio Ríos por US$ 700.000 y al lobista Walter Alcántara por US$ 1 millón.

Wilmar Valdez. Foto: Fernando Ponzetto
Una “maniobra” obligó a Wilmar Valdez a bajarse de las elecciones a la AUF, según abogados. Foto: Fernando Ponzetto

El fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner, se apresta a realizar las primeras citaciones por la denuncia presentada por las actuales autoridades del club Defensor Sporting contra jerarcas de la anterior administración.

El escrito, elaborado por los penalistas Santiago Alonso y Juan Fagúndez, no refiere a personas, sino a hechos de apariencia delictiva.

Según fuentes del caso, la denuncia del club violeta señala que “hubo faltante de dinero” y “cheques de prestamistas con intereses altísimos”.

El presidente de Defensor Sporting, Ney Castillo, señaló que el club tiene un déficit de US$ 5 millones al año.

Según consignó el portal Ecos, Castillo dijo que, en la anterior administración, “se han dado porcentajes altos a los intermediarios por futuras ventas de jugadores, lo que hace que también tengamos comprometida una parte también muy alta de los recursos que podamos generar por esa vía de ahora en adelante”.

Violencia privada.

El 28 de junio de 2019, diez representantes de los clubes de las divisionales A, B y C presentaron una denuncia penal contra la administración de Wilmar Valdez por supuesta estafa.

El documento, elaborado por la abogada Silvia Etchebarne, refiere a eventuales irregularidades en la reforma del Estadio Centenario, la licitación de las cámaras de identificación facial y la compra de luces del Estadio Luis Franzini de Defensor Sporting.

El 19 de julio pasado, los abogados de Valdez, Pablo Galain y Mario Moll, señalaron en un escrito que la abogada patrocinante de los supuestos denunciantes, Silvia Etchebarne, sería la misma que ha defendido al lobista Walter Alcántara en la causa a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 3° Turno.

Walter Alcántara. Foto: Darwin Borrelli
Walter Alcántara. Foto: Darwin Borrelli

“El señor Alcántara fue denunciado por nuestro defendido por una presunta violencia privada (grabó audios de sus conversaciones) y, actualmente, se sigue contra el mismo un juicio civil por daños y perjuicios”, dice el escrito. Valdez reclama a Alcántara US$ 1 millón.

Galain y Moll afirman que, al mismo tiempo, la misma abogada patrocina en sede civil al periodista Julio Ríos, también denunciado por Valdez “por el mismo delito contra la libertad”.

“Cabe decir que esta abogada también patrocinaría en la actualidad a José Luis Palma (presidente de Liverpool), denunciado por Valdez por violencia privada”, expresa. Y advierte: “Los hechos que avalan la violencia privada y el plan común de los tres denunciados están claramente expuestos en la resolución fiscal de fecha 21 de diciembre de 2018”.

Sostiene que si bien dicha fiscalía no consideró pertinente formalizar e iniciar juicio oral contra los denunciados, la narración y secuencia lógica de los hechos permite comprender la “maniobra” llevada a cabo contra Valdez para que “hiciera o dejara de hacer” algo a lo que tenía justo derecho, así como ilustra sobre la participación de cada uno de los denunciados.

Daños y perjuicios.

Dentro de diez días, el abogado Eduardo Bebekián, asesor del dirigente de Danubio, Arturo del Campo, presentará una demanda civil contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por daños y perjuicios.

La demanda, de “un monto elevado”, también incluirá a los integrantes paraguayos de la subcomisión de control de la Conmebol que entrevistó a Del Campo. Posteriormente, el dirigente de Danubio no pudo presentarse en las elecciones a la presidencia de la AUF por carecer de idoneidad, según la Conmebol.

Bebekián dijo que Del Campo sufrió un daño a su imagen personal por la decisión tomada por la Conmebol con una prueba ilegítima.

Y agregó que, en la reunión con Del Campo, la subcomisión de la Conmebol no levantó actas ni existió grabación.

Bebekián sostuvo que la Conmebol se basó para tomar su decisión en un informe de una empresa tercerizada que concluyó que Del Campo tenía una mala reputación.

El profesional intimó a la Conmebol a presentar ese informe, el que calificó como “un fraude”.

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