MANIOBRA DELICTIVA

Declaran 17 personas por estafa de $ 35 millones que club de fútbol hizo contra el BPS

El fiscal Enrique Rodríguez ordenó que 17 funcionarios de un club de fútbol concurrieran a declarar a la Policía por una maniobra contra el BPS por $ 35 millones.

Fachada del Banco de Previsión Social. Foto: Estefanía Leal
El fiscal Enrique Rodríguez investiga cuatro maniobras con cobros de seguros de desempleo. Foto: Estefanía Leal.

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A fines de diciembre del año pasado, el Banco de Previsión Social (BPS) detectó una estafa millonaria con seguros de paros de exjugadores y funcionarios de un club de primera división por un monto de $ 35 millones.

En la ocasión, el presidente del BPS, Hugo Odizzio, expresó que la denuncia involucra a un club de fútbol, a dos de sus dirigentes y a cobros de prestaciones de seguros de paro mediante un medio electrónico de pago.

La maniobra consistía en declarar a personas sin actividad como si la tuvieran en una empresa (el club de fútbol). Estas eran declaradas con un salario alto y muchas veces retroactivo, y por ellas se hacían los aportes a BPS. Por ende, generaban un derecho a un subsidio de desempleo. Luego se informaba al banco que se las había mandado al seguro de paro y este les pagaba cifras elevadas -mucho mayores al aporte realizado.

La denuncia del BPS terminó en la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos, cuyo titular es el fiscal Enrique Rodríguez. Por ahora, las personas investigadas son tres: un directivo -exneutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol-, un técnico del club y una funcionaria de la AUF.

Consultado por El País sobre la marcha de esa investigación, el fiscal Rodríguez respondió que ordenó al Departamento de Delitos Financieros de la Dirección de Crimen Organizado que citara a 17 personas, entre ellos algunos exjugadores de fútbol, para que declaren sobre si efectivamente percibieron los beneficios que el BPS otorga a las personas en seguro de desempleo. “Es una investigación amplia y profunda que abarca muchos aspectos. Por ejemplo, algunas de estas personas citadas por la Policía no sabían que alguien había realizado el trámite por el BPS y cobraba dinero a su nombre”, explicó el fiscal.

Este también solicitó datos a bancos y a una red de cobranzas para que informen sobre los movimientos de dineros de las personas vinculadas al club.

Rodríguez aguarda los contenidos de los interrogatorios que realizará la Policía a las personas citadas y la información que le proporcionará servicios del Banco Central del Uruguay. Luego citará a las dos personas vinculadas al club y a la funcionaria de la AUF.

“Tengo en investigación otras tres denuncias similares”, señaló Rodríguez.

Por su parte, Odizzio coincidió con el fiscal sobre que, por lo general, los trabajadores del club “no estaban enterados de la situación” y explicó que una de las investigaciones pendientes proviene de antes de la pandemia, por lo que las medidas tomadas por el gobierno nacional no son causa de la maniobra. “Al haber más casos de seguros de paro es más difícil detectar estas anomalías pero ello no está vinculado a la flexibilización que se hizo de ese beneficio”, dijo. De esa forma, Odizzio aludió al seguro de paro parcial que se diseñó para amortiguar el impacto del COVID-19 en el mercado laboral.

Otra fuente del BPS afirmó a El País que la maniobra fue detectada por los servicios administrativos de la institución y la denuncia penal se efectuó en forma automática, ya que el Directorio solo fue informado de la estafa. Agregó que la investigación interna no detectó si el ilícito fue protagonizado por los dos investigados o solo por el exdirectivo del club.

Sí surge, señaló la fuente, que se utilizó a la institución deportiva para apropiarse indebidamente de una suma millonaria perteneciente al BPS.

Viejo problema.

La relación entre el BPS y los clubes de fútbol siempre fue difícil. En 2017, el entonces presidente del banco, Heber Galli, se reunió con un grupo de dirigentes de cuadros chicos que adeudaban una suma considerable por aportes retenidos a jugadores.

En ese año, 26 de 32 clubes mantenían deudas con el BPS por US$ 5 millones. Dos años más tarde, en 2019, el atraso trepó a más de US$ 10 millones.

El BPS lleva gastados unos US$ 860 mil en custodiar el complejo. Foto: Leonardo Mainé
Banco de Previsión Social. Foto: Leonardo Mainé

Durante el encuentro, el entonces presidente de Fénix, Álvaro Chijane, le dijo a Galli: “En cualquier momento, la Justicia va a procesar a un presidente de un club. El fútbol va a parar por esa causa y vos tendrás la culpa”.

Galli le replicó que no podía hacerlo responsable de eso.

Chijane dobló la apuesta: “Los clubes no ganan dinero. Y vos vas a tener que explicarle al presidente (Tabaré Vázquez) por qué paró el fútbol”.

Según una fuente del BPS, el problema se solucionó cuando el Parlamento votó una ley que estableció que las instituciones deportivas podían pagar en convenios a largo plazo las deudas que mantenían con el organismo.

Reclaman la devolución.

Desde el Banco de Previsión (BPS) se aguarda que el exdirigente o el técnico del club de primera división utilizado para la maniobra devuelvan el dinero apropiado en forma indebida. “El BPS cumplió con su parte. Pagó los seguros a todas esas personas. El dinero, unos $ 35 millones, debe ser devuelto al organismo, dijo a El País una fuente del BPS. Agregó que esos recursos podrían ser destinados al pago de seguros de paro generados por la pandemia o en asistencia social.

“Habían personas que tenían 700 poderes”

En julio de 2020, Araceli Desiderio asumió como directora del BPS en representación de Cabildo Abierto. Para conocer el funcionamiento de la institución, Desiderio recorrió todos los pisos sin usar los ascensores. En cada sección hablaba con los jefes y empleados para interiorizarse sobre sus trabajos y los trámites que allí se realizaban, según dijo en una entrevista concedida el 3 de febrero pasado al semanario La Mañana.

En esas recorridas y reuniones con profesionales, Desiderio se enteró que una persona tenía hasta 700 poderes de ancianos para cobrar sus jubilaciones. “Un director del BPS no es un investigador”, dijo Desiderio. Poco después, la directora presentó una denuncia en el Departamento de Delitos Complejos de la Dirección de Crimen Organizado.

Consultada ayer por El País, Desiderio confirmó que “hay personas con 700 poderes de ancianos y más también”.

Advirtió que son muchos los individuos involucrados en las estafas y agregó que, del otro lado, los perjudicados también son una cantidad muy importante. “Es una población que es muy mayor y sobre todo (los delincuentes) buscaban a gente que estaba sola y se daban cuenta de que no había familiares atrás”, dijo la jerarca.

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