CONDENA

La Justicia condenó a un adulto que integraba el programa “Familia Amiga” del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) por pornografía infantil y reiterados desacatos.

La pareja del acusado fue la que se presentó para ser parte del programa, algo que sucedió durante la anterior administración, y en su momento todo el núcleo familiar fue evaluado. Cuidaban a una adolescente y a sus dos hermanos más pequeños, y a otros tres niños.

Los menores estaban alojados antes en la organización social Aldeas Infantiles, pero en el marco de las políticas de desintitucionalización fueron entregados a esta familia propuesta por el INAU.

Psicólogos y técnicos de Aldeas Infantiles son los encargados de evaluar a los cuidadores con cierta periodicidad, trabajo que se hace en coordinación con el organismo estatal. En uno de esos controles los especialistas notaron comportamientos extraños por parte del adulto y la adolescente, y lo denunciaron a la Justicia.

“El condenado no tiene vinculación con INAU ni con Aldeas Infantiles”, dijo a El País la abogada de la entidad, Natalia Suárez, puesto que la que estaba registrada como cuidadora era su pareja.

En una audiencia realizada el 5 de noviembre de 2020, el juez penal Gonzalo Arzuaga recibió la acusación contra el adulto de parte de la fiscal de Delitos Sexuales Sabrina Massaferro. La representante del Ministerio Público señaló que había llegado a un acuerdo con la defensora del procesado, Alejandra Albornoz, para que el juicio se dirimiera por medio de un proceso abreviado.

La fiscal dijo que, en un principio, iba a pedir cuatro años de prisión para el adulto -hoy cumpliendo medidas cautelares en el Comcar-, pero que, como era primario y reconoció la autoría de los delitos, acordó con Albornoz una pena de dos años y nueve meses de prisión efectiva.

En la audiencia, el acusado dijo: “Iba a declarar la menor. Me estoy haciendo cargo de los hechos y protegiendo a los niños. Y de alguna forma pidiendo disculpas”.

Tras esto el juez Arzuaga inquirió: “¿Asume o no la autoría de los delitos?”. El procesado respondió que sí.

En la acusación, la fiscal Massaferro afirmó que por un período de un año -desde fines de 2018 hasta el 21 de noviembre de 2019-, la víctima, de 14 años, junto con sus dos hermanos, residieron junto a los otros tres menores en el domicilio del imputado y su esposa, en el marco del programa de familia ampliada.

El 31 de noviembre de 2019, Aldeas Infantiles presentó una denuncia de maltrato ante la Justicia y los niños volvieron a la entidad social, según la fiscal Massaferro. Y agregó que entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, el imputado se contactó por internet con la adolescente y le solicitó fotos eróticas.

Además, agregó la fiscal, el adulto invitó a la adolescente a mantener relaciones sexuales.

En forma simultánea, le envió videos e imágenes suyas con características sexuales.

El 9 de diciembre de 2019, el Juzgado de Familia de 8° Turno dispuso la prohibición, al imputado y su esposa, de relacionarse o acercarse tanto a la adolescente como a los demás niños. Cinco días más tarde, la Justicia intimó al adulto a cumplir con la medida de no acercarse a la víctima.

No obstante, el procesado se comunicó con la chica en varias oportunidades más a través de mensajes privados en la red social Facebook. Posteriormente, la Policía allanó su casa y lo detuvo. Según la fiscal, en el celular del imputado fueron encontradas almacenadas más de 50 fotos de la adolescente.

Para sustentar su acusación, Massaferro dijo que contaba con la denuncia de Aldeas Infantiles; los informes de la situación de la adolescente y sus hermanos; las capturas de pantallas del celular de la víctima presentadas por la organización social y también imágenes, audios y videos extraídos del celular del adulto por parte de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado.

El juez ratificó el acuerdo firmado entre la Fiscalía y la defensa del adulto, y lo envió a la cárcel.