RÍO BRANCO

Cuatro funcionarios aduaneros y un efectivo de la Policía fueron enviados a la cárcel

Los cinco detenidos declararon el martes en la noche ante el juez Alejandro Manini en el juzgado de Río Branco durante una audiencia de formalización.

Aduana de Río Branco. Foto: Néstor Arújo
Aduana de Río Branco. Foto: Néstor Arújo

La operación denominada “Aquiles II” logró enviar a la cárcel a cuatro funcionarios aduaneros que trabajan en Río Branco (Cerro Largo) y a un funcionario de la Policía Nacional de Tránsito, -ex Caminera- con sede en Treinta y Tres.

Los cinco detenidos declararon el martes en la noche ante el juez Alejandro Manini en el juzgado de Río Branco durante una audiencia de formalización.

El magistrado los condenó a prisión tras ser autores penalmente responsables de reiterados delitos de cohecho calificado en calidad de autores y reiterados delitos de contrabando en calidad de coautores.

El Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), cuyo responsable es el comisario Ricardo Callero junto con la Dirección Nacional de Migraciones de Cerro Largo y Rocha a cargo del comisario Richard Perdomo, llevaron a cabo esta investigación.

En los dos últimos años las denominadas “Operación Aquiles I” y “Aquiles II” llevan ya procesadas a 46 personas vinculadas al contrabando. Solo en 2018, según fuentes del GRIA, se logró procesar a 22 personas, la mayoría contrabandistas y algunos empleados públicos por cohecho.

El procedimiento de este miércoles vendría a constituirse en el cierre del operativo “Aquiles II” que tuvo como resultado en 2019 el procesamiento de una veintena de investigados.

El 14 de agosto el GRIA llevó adelante siete allanamientos en la ciudad de Treinta y Tres que culminaron con 22 personas procesadas. En la operación se pudo desbaratar a una organización dedicada al contrabando de prendas de vestir adquiridas en la ciudad de San Pablo (Brasil) que ingresaba ilegalmente por la ciudad de Río Branco, en el que estaban involucrados los aduaneros, un funcionario de Barreras Sanitarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y un funcionario de la ex caminera.

Se supo en el marco de la investigación que la mercadería era trasladada y distribuida para su comercialización en distintos puntos de ventas en Montevideo.

En las instancias de allanamientos y detenciones colaboró personal de las Sedes Regionales de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), de Barreras Sanitarias del MGAP, de la Direccion Nacional de Migración y efectivos de las Jefaturas de Treinta y Tres y Cerro Largo.

Desde la creación en 2010 de este grupo especial ya son 478 los procesados de los cuales 63 son empleados públicos, policías, aduaneros de barreras sanitarias, entre otros organismos.

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