Libertad vigilada

Así se monitorea a 602 agresores, cuatro ofensoras y 34 presos domiciliarios.

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Cada día 640 puntos rojos titilan en los monitores de la unidad especializada del Centro de Comando Unificado. Los puntos se desplazan por la retícula de los mapas georreferenciados y el operador debe constatar si se acerca peligrosamente a la zona restringida. Cada uno de estos puntos es una persona que porta una tobillera electrónica y la prohibición de circular por determinadas áreas. Hay de todas las condiciones sociales y posiciones económicas, desde la hija de una jueza hasta un joven en situación de calle, pasando por otro hombre que vive en su auto porque no tenía dónde fijar el domicilio luego de que se peleó con su mujer.

Este silencioso Pac-Man de ofensores y víctimas en las pantallas de vigilancia policial esconde en realidad el cuadro cotidiano de la violencia en sus más variadas expresiones, buena parte de estos casos encuadran en los de violencia doméstica o de género. La excepción son 34 ciudadanos que cumplen arresto domiciliario, y que en teoría no deberían salir de su vivienda, entre los que se encuentra el exrepresor de la dictadura José "Nino" Gavazzo.

Otros excompañeros de este militar, esos que aún están en una cárcel "convencional", cumplen su condena, curiosamente, a pocos metros de la unidad que monitorea las tobilleras electrónicas. Es que el Centro de Comando Unificado, al que pertenece el monitoreo, está inmerso en un predio de la Guardia Republicana en donde están presos cuatro coroneles y un capitán de navío —todos por violación a los derechos humanos en la pasada dictadura.

Desde este panóptico unos 12 policías por turno monitorean las tobilleras activas en todo el país, siempre con la esperanza de mantener el invicto de cero femicidios en casi siete años de trabajo. Pero eso implica un desgaste constante: que un ofensor se está acercando a la víctima más de lo permitido, que Fulano se quedó sin carga en el equipo rastreador o que Mengano rompió la tobillera.

Las transgresiones de este tipo son cotidianas, o mejor dicho incesantes. Hace una semana y media atrás, con El País presente en el centro de monitoreo, hubo 4.842 alertas en una jornada —casi cuatro por minuto—, y eso que era un simple día de verano.

La demanda de tobilleras baila al compás del horario de los juzgados y del tiempo de ocio de las personas. Parece que a los violentos les da por ejercer la violencia más el fin de semana, copa de por medio, o en los cumpleaños, o cerca de Navidad. En cambio entre enero y febrero, acorde las víctimas y ofensores se separan porque alguno se va de vacaciones, las alertas muestran un descenso.

Estos días de enero el turno de doce a seis de la tarde es el más movido. En gran medida se debe a la feria judicial. Los jueces de turno trabajan por las mañanas y sobre el mediodía ordenan conectar nuevas tobilleras: es eso o la cárcel.

El problema —dice Nelsa Viscailuz, directora del centro de monitoreo— es que "a veces los jueces dan las orden de conectar al programa a una víctima y su ofensor, pero sin citarlos a la sede judicial, entonces hay que salir a buscarlos por todo el país". O bien "ordenan incluir a una víctima que se niega a parte del monitoreo".

La última ley de Rendición de Cuentas estableció que solo es viable la custodia policial y la tobillera electrónica bajo el consentimiento expreso de la víctima. ¿Alguien se niega a estar bajo este paraguas de protección? "Sí, más de lo que se piensa", cuenta Jénifer De León, una de las oficiales responsables del turno de la tardecita. "A veces la víctima no se da cuenta del agravio y siente compasión por el ofensor —los policías ya no usan la palabra agresor". Otras veces "es demasiado el estrés que padecen siendo parte de un programa de este tipo", el que dura en promedio nueve meses.

—Centro de monitoreo, ¿en qué lo puedo ayudar?

-No doy más, quiero sacarme esta m…

Un ofensor llama furioso. Dice que "por culpa de la maldita tobillera está con problemas cardíacos" y que cada tanto se le "adormece el pie". La telefonista, que además de policía es estudiante de Trabajo Social, intenta calmarlo. Le explica que la tobillera no está contraindicada y que, en todo caso, lo que padece es estrés.

—¿Cómo viene con el tema del alcohol? ¿Está yendo a la atención psicológica en el Mides?

Este hombre tiene el servicio a disposición y no lo usa, un gesto que, al igual que quien transgrede una zona de restricción, le termina jugando en contra a la hora de que el juez evalúe su caso. Hay otros ofensores, en cambio, que sí quieren una atención, pero no cuentan con el servicio.

Otro varón llama desde Rivera diciendo que se quiere matar. La operadora que lo atiende pasa de inmediato la llamada al psicólogo de turno. Entre la dificultad de entender el portuñol cerrado que habla este hombre que fantasea con el suicidio y la mala señal de la llamada porque el caballero está en la frontera, la comunicación demora más de la cuenta.

No importa. El psicólogo se toma su tiempo. En Rivera, como en otros seis departamentos, el Mides no tiene siquiera un centro para atención de los varones agresores.

Para quienes trabajan en el centro de monitoreo es tan importante la víctima como el ofensor. "Hace poco nos enteramos que a una ofensora que trabajaba de moza la echaron porque el dueño no quería que ella saliera a atender las llamadas del centro de monitoreo", cuenta la directora Viscailuz. Hay "personas que tratan a víctimas y victimarios como salvajes sin darles una oportunidad".

En una de las rondas de llamadas se enteran que una expareja del Cerro vive el día a día con suma tensión. El agresor lleva unas semanas monitoreado y le achaca la culpa a la víctima. Al principio no se podía acercar a menos de 500 metros del domicilio de ella. Ahora tampoco puede hacerlo a esa distancia de su trabajo. Pero ella está empleada en un local ubicado en la avenida principal del barrio y el hombre se queja de que está "sitiado".

Un móvil policial lo debería acompañar cada vez que quiera entrar o salir del Cerro. Es parte de la dinámica de los puntos rojos que titilan en las pantallas del Comando Unificado.

Víctimas y ofensores rompen 36 equipos en 2018

"A la vida no puede ponérsele un precio". Aunque suene a la publicidad de una tarjeta de crédito, esta es la frase que repiten en el Ministerio del Interior cada vez que se les pregunta por los costos del programa de tobilleras. Los datos más sensatos, pero que el Ministerio de niega sistemáticamente a hacer públicos, revelan que el alquiler de cada tobillera le cuesta al Estado unos $ 10.000 al mes, a lo que se le suman otros $ 21.000 por costos operativos (sueldos, móviles, sistemas informáticos).

Pero el precio se triplica cada vez que una víctima o su ofensor dañan los dispositivos, de ahí a que la Policía haya insistido con un proyecto de ley para que quienes rompen una tobillera vayan directo a la cárcel.

El año pasado hubo 36 equipos rotos. Los ofensores dañaron 24 equipos rastreadores (es un estilo de celular que tiene la conexión GPS) y siete tobilleras (las que son tan difíciles de dañar que hasta se pueden sumergir a cinco metros bajo el agua). Las víctimas, a su vez, rompieron cinco dispositivos rastreadores (similares a los del ofensor, pero de otro color).

Pese a que la palabra ofensor es en masculino y víctima en femenino, la oficial Jénifer De León aclara que también hay mujeres ofensoras (cuatro). Incluso hay policías victimarios (20) a los que la propia De León es una de las encargadas de darles seguimiento. "Son casos complejos, con mucha carga de agresividad, que al principio cuestionan ser controlados por otros policías y que muchas veces quieren romper sus tobilleras

".

Las tobilleras no alcanzan. El Ministerio del Interior sextuplicó, en un lustro, el arrendamiento de tobilleras, "pero no alcanzan". Nelsa Viscailuz, directora de Monitoreo Electrónico sabe que las denuncias por violencia doméstica no cesan y al ritmo con que cerraron 2018 (cuatro denuncias por hora) las tobilleras no son suficientes. Eso sí: la directora aclara que aun teniendo todos los recursos "ser parte del programa no es para cualquiera".

Hace unos meses un juez ordenó que una mujer (la víctima) y su expareja (el ofensor) fueran conectados al programa de monitoreo. Lo que no previó el magistrado fue que la señora era sordomuda y tenía cierta discapacidad psíquica. La suma de ambas peculiaridades dificultaba la comunicación cada vez que los polícías-telefonistas le querían dar un aviso.

El rastreador GPS que lleva la víctima suena como los ringtones clásicos del Nokia 1100. Es tan estridente que se escucha a varios metros del aparato. Eso si no se es sordo, como esta víctima a la que el juez conectó "por error".

En otras situaciones es discutible cuán efectiva es la medida de una tobillera, pese a que víctimas y victimarios la prefieren antes que la prisión. Un ejemplo es la violencia doméstica a causa de las drogas. Sucede que algunos adictos son denunciados por sus familiares —en especial por algún padre— y como no tienen a dónde ir acaban en situación de calle. El programa de monitoreo les exige que los dispositivos siempre tengan carga, razón por lo cual estos indigentes-ofensores necesitar que algún negocio les habilite el uso de la energía cada ocho horas.

El protocolo del Ministerio del Interior no dice nada al respecto, pero sugiere que no sean conectadas aquellas personas que en sus casa están colgadas a la luz. Esa fue la razón por la que no se le haya colocado la tobillera a uno de los presuntos asesinos del taxista Juan Necaratto, pese a que regía esa disposición judicial y la prisión domiciliaria desde julio.