Justicia

Corte justificó demora de 10 años de un juicio penal

Acusado denunció a Juzgado de Rivera de “inacción” ante SCJ.

Polémica entre la Policía, los fiscales y los jueces. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

Tras analizar un informe del juez penal de Rivera, André Silveyra Olivera, sobre los trámites de un juicio que lleva más de 10 años sin sentencia, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no advirtió que la demora “haya sido injustificada” como expresó el denunciante, Carlos M. El 10 de noviembre de 2006, Carlos M. fue procesado con prisión como autor de un delito continuado de defraudación tributaria. Obtuvo libertad provisional en diciembre de 2006, fecha en la cual se paralizó el proceso, por espacio de una década, en etapa sumarial, señala el expediente de la Corte notificado el 9 de noviembre de 2018 a Carlos M.

Casi diez años después y ante el cambio de defensa realizado -el defensor de Carlos M. pasó a ser el penalista Enrique Moller-, el acusado solicitó su sobreseimiento por violación del plazo razonable para ser juzgado.

Destacó que no podía atribuírsele actividad dilatoria alguna, pues ni siquiera apeló el procesamiento, no porque entendiera que el mismo fuera ajustado a derecho, sino a los fines de que su situación procesal pudiera determinarse a breve plazo.

Tanto la Fiscalía como el juez del caso no hicieron lugar al pedido de sobreseimiento. Posteriormente, Carlos M. denunció el atraso del expediente ante la Corte. “Objetivamente, hay una inexcusable responsabilidad de la Administración de Justicia, porque no es justo tener que soportar los perjuicios derivados de la duración excesiva del proceso”, dice Carlos M. en su denuncia.

Y solicitó a la Corporación que adoptara medidas administrativas contra los funcionarios involucrados por la injustificada demora del expediente.

El actual juez de Rivera realizó un pormenorizado informe sobre las actuaciones de sus antecesores y los vaivenes que tuvo el expediente durante una década con más de 32 personas procesadas.



DIVIDIDOS. La Suprema Corte entendió que las actuaciones de los jueces tienen naturaleza jurisdiccional. Es decir, en el Poder Judicial rige la independencia técnica de los magistrados en el ejercicio de su trabajo.

Por ende, los jueces se encuentran excluidos del control que ejerce la Corte salvo si proceden con dolo o fraude.

Los ministros Elena Martínez (presidenta de la Corte), Jorge Chediak y Eduardo Turrell votaron no dar trámite a la denuncia formulada por el acusado Carlos M.

En cambio, la ministra Bernadette Minvielle, entendió que correspondía iniciar una investigación administrativa dado el extenso lapso del juicio, el que generó repercusión en los derechos de las personas.

Y consideró que la duración razonable del proceso penal debe considerarse un derecho consagrado por la Constitución de la República.

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