JUSTICIA

Reclamaban diferencias salariales, compensaciones y primas “impagas”.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó una demanda contra el Ministerio del Interior que agrupaba seis expedientes judiciales en los que 434 policías reclamaban una deuda laboral al Ministerio del Interior.

La Corporación le dio la razón a la cartera al señalar que esta no podía otorgar incrementos o beneficios salariales a policías si no eran autorizados por una ley. También advirtió que debían existir recursos que financien dichas mejoras salariales.

La demanda se inició en el Juzgado de Lavalleja en 2010. Los policías reclamaron la devolución del montepío (el aporte a la seguridad social); las diferencias salariales derivadas del no pago de primas y la "incorrecta liquidación" por el Servicio 222. También exigieron el pago de partidas por nocturnidad y de la incidencia de la "errónea liquidación" en los cálculos jubilatorios de policías demandantes que ya se habían retirado.

La jueza de Lavalleja, Lola Gómez, desestimó la demanda. Los policías apelaron y lograron obtener un fallo favorable parcial en el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno.

El Tribunal acotó el reclamo de los policías y condenó al Ministerio del Interior a pagar a los funcionarios las diferencias generadas por no haber liquidado la compensación por permanencia en la Policía y la prima por antigüedad.

El Ministerio del Interior recurrió el fallo del Tribunal de Apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia.

En su escrito, la cartera sostuvo, en líneas generales, que los policías pretenden que se les incrementen retribuciones, compensaciones o primas cuando las leyes no autorizan al Poder Ejecutivo a disponer esos aumentos.

"No es correcto pretender que cada vez que se crea una compensación sujeta a montepío, esta deba ingresar a la base de cálculo de una compensación creada hace 19 años", sostuvo el Ministerio del Interior, según el fallo.

En una sentencia fechada el 18 de octubre de 2017 e informada a las partes por la Justicia de Lavalleja el 16 de febrero de este año, la Suprema Corte anuló, por unanimidad, la sentencia del Tribunal de Apelaciones que hizo lugar a parte de los reclamos de los policías y confirmó el pronunciamiento de la jueza Gómez.

La sentencia de la Corte, redactada por el ministro Felipe Hounie, expresa que son de recibo los argumentos del Ministerio del Interior respecto a que solo en las leyes presupuestales se pueden crear compensaciones o primas para funcionarios y cuando así se procede, se deben determinar los recursos con los que se van a financiar.

La corte recordó que el Ministerio del Interior se opuso al reclamo de los agentes alegando que había efectuado las liquidaciones de los policías de acuerdo a las leyes vigentes. Además de los 434 policías demandantes, otros 800 efectivos también realizaron reclamos a la Justicia. En 2010, efectivos policiales de Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, Rocha, Soriano, Colonia y Montevideo presentaron juicios en juzgados civiles de esos departamentos contra el Ministerio del Interior.

Expresaron que sus liquidaciones salariales se efectúan desde 1992 "en base a instructivos de la Contaduría General de la Nación, de forma tal que el funcionario policial recibe una cantidad menor a la que por derecho le corresponde".

Ante el planteo de una de las gremiales policiales, el entonces ministro del Interior Jorge Bruni solicitó en 2008 la realización de un informe para determinar si existió o no un error en el cálculo de los salarios de los efectivos.

Así, en un documento entregado a Bruni el 7 de diciembre de 2009, la Gerencia Financiera del Ministerio del Interior, dijo que un error en las liquidaciones "determina al tiempo actual una diferencia anual que asciende a $ 512 millones, distribuida entre la totalidad de cargos ocupados y vacantes". Ese monto equivale a US$ 26 millones.

El informe agrega que los rubros reclamados por los policías no fueron incluidos en liquidaciones, ya que se trató de compensaciones creadas en leyes posteriores al diseño del mecanismo de cálculo de salarios.