HECHO OCURRIDO EN 2010

La Justicia de Rochacondenó al Ministerio del Interior a pagar una suma superior al millón de dólares a un grupo de familiares de las víctimas del incendio fatal en la cárcel de ese departamento. En aquel siniestro, ocurrido el 8 de julio de 2010, durante el gobierno del frenteamplista José Mujica, murieron 12 reclusos, además de varios heridos.

Según la sentencia del juez Rafael Gómez, a la que accedió El País, los montos que deberían recibir las familias oscilan entre US$ 3.000 y US$ 70.000, y en la mayoría de los casos esto será así “por concepto de daño moral”, y en otros por “concepto de daño emergente” o “daño pre mortal”.

Gómez amparó la demanda presentada por los familiares de Mario Fernando Martínez Maidana, de la familia Barrios Sosa, de la familia de Alejandro Adolfo Rodríguez Cabral, de la familia Núñez Casuriaga, de Rubén Dario Amestoy, de Fernando Daniel Méndez Rodríguez, de Alberto Devonir Roda González y se desestimó la pretensión del Prospero Victorio Ramos.

“Este decisor entiende que se ha acreditado en autos, de manera contundente y de sobra la existencia de sufrimiento de las víctimas, existiendo plena evidencia de tal sufrimiento”, dice el fallo del magistrado.

Allí también se consignó, entre otras cosas, que “la mayoría de los cuerpos de los fallecidos se encontraban dentro del baño, existente dentro de la propia cuadra N° 2”, lo que a juicio de Gómez eso constituyó una “clara evidencia de un acto de desesperación por acudir a un ‘hilo de agua’ que se desprendía de la ducha”.

El perito forense que intervino en este caso, Nelson Gustavo Vitancurt, determinó en aquel momento que lo que vivieron las víctimas tuvo que haber sido “el propio infierno”. “No me imagino un sufrimiento parecido a ese”, citó el juez Gómez en su sentencia.

“Se entiende -agregó el magistrado- que el sufrimiento ha existido (...), viendo la no existencia de una respuesta efectiva, y viendo cómo sus vidas se les iba”, sin que los reclusos pudieran “hacer nada por sus propios medios, más que el pedido de ayuda, que para algunos no llegó, y para otros llegó más tarde”.

La investigación penal que hubo en paralelo sobre este caso concluyó en un archivo. En diciembre de 2012, la jueza Marcela López definió que “de la exhaustiva investigación realizada no surgen elementos que hagan presumir responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la custodia de los reclusos”, según consta en la página web del Poder Judicial.

“Tampoco se prevé que la prueba pueda mejorarse luego de más de dos años de iniciadas las actuaciones”, se aseguraba también en ese fallo.

El 8 de julio de 2020 la eventual responsabilidad penal que pudieran haber tenido las autoridades prescribió al superarse los 10 años, límite establecido por ley.

En ese momento, los familiares de los fallecidos enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que le pidieron que “por favor efectúe todo lo que esté a su alcance, para que el expediente se desarchive y continúe la investigación”.

“Sería inadmisible para nosotros ver que una tragedia de esa magnitud, con doce víctimas fatales, quede sin ningún responsable”, decía la misiva.

El hecho sucedió cuando uno de los 20 presos que se encontraban en una celda de siete metros de largo por tres de ancho, se movió de su cama. Y, al hacerlo, dejó caer una sábana, de manera no intencional, sobre un precario calefactor que habían fabricado los propios reclusos para poder calentarse.

Por este tema el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue interpelado por la oposición en el mismo año 2010.