FALLO JUDICIAL

Condenan a la Intendencia de Canelones por permitir ocupaciones ilegales en Neptunia

La jueza de Paz de Atlántida, Florencia Sorrondeguy, multó a la Intendencia de Canelones al pago de 50 Unidades Reajustables (59.785 pesos) por día durante un mes y medio.

Construcciones precarias en Neptunia Norte. Foto: Archivo El País
Justicia de Atlántida dijo que la Intendencia de Canelones “no cumplió” con el cometido estatal de policía territorial. Foto: Archivo El País.

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Neptunia Norte se transformó en tierra de nadie. Las ocupaciones de terrenos ocurren a menudo. Un vecino, dueño de un campo cercano al Peaje Pando, presentó en 2013 una demanda contra la Intendencia de Canelones por no cumplir con su rol de policía territorial.

El denunciante no quiso que El País revelara su nombre. En el expediente judicial consta que un vecino denunció a “okupas” y que su casa fue incendiada por “bombas molotov”.

El martes 22, la jueza de Paz de Atlántida, Florencia Sorrondeguy, multó a la Intendencia de Canelones al pago de 50 Unidades Reajustables (59.785 pesos) por día durante un mes y medio, por incumplir una sentencia que la obligaba a regularizar ocupaciones ilegales realizadas en 80 hectáreas y armar un plan de ordenamiento territorial para la zona de Neptunia Norte.

El decreto, publicado en la página web del Poder Judicial, autorizó el ingreso al predio privado solicitado por la Intendencia de Canelones.

“Sin perjuicio de ello, entiende la suscripta (la jueza Sorrondeguy) que corresponde la aplicación de astreintes (sanciones en dinero) a la demandada (la Intendencia) atento a la falta de cabal cumplimiento del fallo definitivo de obligación de hacer (regularizar las ocupaciones)”.

La magistrada dijo que tuvo presente que transcurrió “en exceso” el plazo de 180 días otorgado en la sentencia, “reuniéndose todos los requisitos necesarios para su imposición”.

En 2013, un propietario de un campo ubicado cerca del peaje Pando presentó en el Juzgado de Paz de Atlántida una demanda contra la Intendencia de Canelones, por entender que no estaba cumpliendo con su cometido de “policía territorial” dada la gran cantidad de ocupaciones ilegales de terrenos en la zona.

Y argumentó que la Ley de Ordenamiento Territorial Vigente dice que toda persona tiene derecho a que los poderes públicos establezcan un ordenamiento territorial adecuado al interés general.

A principios de 2013, las ocupaciones comenzaron sobre una serie de inmuebles con frente a la Ruta 34, que empieza al noroeste del peaje Pando y termina en la Ruta 8.

La Intendencia de Canelones fue la que llevó el caso a la Policía. Foto: Archivo
Intendencia de Canelones. Foto: Archivo

Las características de tal “invasión masiva” de terrenos, sin control ni intervención de organismo público alguno, crean una “verdadera anarquía urbanística”, promoviendo la creación y difusión de asentamientos precarios, dice la denuncia a la que accedió El País.

A su vez, ha aumentado la delincuencia debido a la precariedad de tal situación y la posibilidad de que moradores transitorios y sin hábito alguno de trabajo vivan o pernocten en los mismos, creándose de esta forma un fenómeno de continuo desorden y de aislamiento social, debido a la distancia excesiva con centros de estudio y de prestación de servicios de salud.

Sostiene la denuncia que la difusión y propagación de tal actuar, tendiente a invadir predios y construir viviendas o simples albergues o carpas o toldos es tal que ha llegado a la Ruta Interbalnearia y próximo al Peaje del Arroyo Pando, y más precisamente en la línea perimetral y en el interior del padrón 3966, en donde, y ante “la pasividad” de la Intendencia de Canelones y del Ministerio de Transporte, se procedió a levantar una serie de viviendas sin permiso y contraviniendo la ordenanza municipal.

Malestar de vecinos.

El testigo Carlos B. declaró en el Juzgado que el predio que motivó el juicio contra la comuna canaria fue principalmente el padrón 339 que linda con el Arroyo Pando, la Ruta Interbalnearia, la Ruta 34 y un camino vecinal al fondo. “Ese es un terreno de 80 hectáreas, que no está fraccionado. Neptunia tiene 200 solares o más que están diseminados en todo el balneario y también tiene gente ocupando”, dijo el testigo según el fallo.

Y agregó que escuchó que personas han promovido las ocupaciones de terrenos pero no sabe quiénes son.

Otro testigo, Agustín G., expresó: “Esas ocupaciones han traído inseguridad a la gente que se siente molesta porque pagó su terrenito y otros van y ocupan. Los organismos del Estado les permite hacerlo”.

En las conclusiones del fallo, la jueza Sorrondeguy le dio la razón al dueño del campo y señaló que la Intendencia de Canelones “no cumplió” con el cometido estatal de policía territorial impuesto por la Ley de Ordenamiento Territorial.

Y agregó que la Intendencia de Canelones “está en conocimiento” de la situación planteada en Neptunia desde al menos 2013 y “nada justifica” que la comuna no documente en la sede haber impulsado algún tipo de estudio, plan o proyecto dando intervención a otros organismos para arribar a una solución “a tan grave problemática” limitándose “tan solo” a realizar denuncias penales, lo que ha sido “a todas luces insuficiente”.

Yamandú Orsi: “La solución debe ser de varios organismos”
Declaraciones. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Foto: Marcelo Bonjour.

En su declaración realizada en 2017, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, admitió en el Juzgado de Paz de Atlántida tener conocimiento de la invasión de terrenos privados en la zona por parte de usurpadores o de terceros ocurrida en 2013. Y señaló que la comuna canaria ha formulado denuncias en la seccional policial de la zona.

Con respecto al cumplimiento de los cometidos conferidos por la Ley de Ordenamiento Territorial a las intendencias, manifestó que se trata de una problemática existente en predios privados que deriva en un tema complejo de carácter social y en cuya solución deberían participar otros organismos públicos. Agregó que dicha problemática no es sencilla de resolver y la comuna debe ponderar la situación de muchas familias, y lo relacionado al tema de vivienda más allá de la existencia de la normativa vigente. Dijo que, por su gran complejidad, las soluciones deberían ser adoptadas en su conjunto por los distintos órganos involucrados en la temática social.

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