REUNIÓN

Cierre de 20 juzgados del interior se debió a una “redacción inadecuada de la acordada”

Mantener abiertas todas esas sedes cuesta $ 14 millones anuales. Los legisladores transmitieron a la SCJ su “compromiso” para encontrar soluciones.

Diputados de la coalición llegan a la Suprema Corte de Justicia. Foto: Leonardo Mainé
Diputados de la coalición llegan a la Suprema Corte de Justicia. Foto: Leonardo Mainé

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) recibió ayer en la tarde a una delegación de diputados de la coalición, quienes habían solicitado una reunión con las autoridades del máximo órgano del Poder Judicial para conocer en detalle por qué se dispuso el cierre de 20 juzgados de Paz del interior, una decisión que fue anulada días atrás luego de varias críticas.

En la reunión, según dijo a El País el diputado blanco Juan Martín Rodríguez, los ministros recalcaron que la disposición de cerrar 20 oficinas se debió en realidad a una “redacción inadecuada de la acordada”, y que lo que los ministros pretendían en principio era empezar por cuatro sedes -en donde la carga de trabajo era mínima- y luego analizar la situación de las 16 restantes.

De todos modos, como el problema reside en gran parte en la falta de presupuesto -mantener abiertas todas esas sedes cuesta $ 14 millones anuales-, los legisladores transmitieron a la Corte su “compromiso” para encontrar soluciones.

En ese sentido, las autoridades de la Corte reclamaron a los diputados, en tanto representantes del sistema político y específicamente de la coalición de gobierno, por los escasos recursos con que cuenta el Poder Judicial en comparación con otras áreas del Estado. Y se pusieron de ejemplo dos casos concretos: los presupuestos que invierten en informática el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son superiores a todo el presupuesto de la SCJ, que equivale al 1,13% del gasto público, protestaron los ministros.

En la resolución que anuló el lunes pasado la medida original, la Corte había dejado en claro que sufre un “déficit presupuestal generado (...) desde el año 2005, (lo) que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos”.

Contra el cierre se habían manifestado en contra varios legisladores blancos, del sindicato de funcionarios judiciales, del Colegio de Abogados del Uruguay y otros operadores del área, que exigían que la corporación diera marcha atrás con su decisión de inmediato, cosa que terminó ocurriendo.

Los ministros, que ahora se comprometieron a enviar toda la información que tuvieron en cuenta para decidir en una primera instancia el traslado de las oficinas, comparecerán también este miércoles ante la comisión de Legislación de Diputados, en el marco de esta misma discusión.

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