Inseguridad

Chediak apoya límite para juicios abreviados

El presidente Vázquez se reunió con el intendente Antía y admitió su preocupación por inseguridad.

Jorge Chediak. Foto: F. Ponzetto
Jorge Chediak. Foto: F. Ponzetto

Aunque a diferencia de otros actores políticos y judiciales evitó polemizar sobre la responsabilidad del nuevo Código del Proceso Penal en el aumento de los delitos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Chediak reconoció ayer que la puesta en marcha de los juicios abreviados ha operado como una rebaja de las penas para cierto tipo de delitos.

Por otra parte, el magistrado apuntó que los delitos vienen creciendo desde el año 1985 "con altibajos" y admitió que "no vislumbramos con certe-za" que esa tendencia se vaya a revertir.

Tras escuchar la disertación del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Chediak sostuvo que no quería entrar "en un contrapunto" con otras autoridades respecto al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que "está en sus primeros meses y que no es un remedio mágico", pero reconoció que en los primeros meses de su aplicación, particularmente entre octubre y diciembre del año pasado, los números de procesamientos fueron "extraordinariamente bajos".

El mes próximo se divulgarán nuevos datos que mostrarán una mejora, dijo Chediak, que pidió entender que en materia de delitos se necesitan plazos largos para sacar conclusiones.

De todas formas, el magistrado destacó que el nuevo Código tiene elementos "extremadamente positivos" vinculados con la transparencia y a la posibilidad que tienen las víctimas de los delitos de acceder a más información sobre la marcha de los procesos.

A su juicio, sí es de recibo una modificación con la que se limite la posibilidad de que fiscal y abogados defensores pacten juicios abreviados porque eso ha llevado a condenas "desmesuradamente bajas" en particular en los casos de delitos sexuales. "¿Cómo termina impactando en la percepción de los delincuentes esta situación? Como una rebaja de las penas", señaló Chediak.

El ministro dijo también que con el nuevo CPP nunca se pretendió poner en riesgo el margen de autonomía que tiene para actuar la Policía en las 24 horas posteriores a la comisión de un delito, en el entendido de que en ese lapso se aclaran prácticamente el 90% de ellos.

Por otro lado, Chediak calculó que harán falta dos o tres años para que el Poder Judicial tenga todo lo necesario para poder implementar la ley integral contra la violencia de género. Harán falta al menos 30 jueces nuevos, la creación de más cargos, incorporar actuarios, alquilar locales, en particular en el interior, etcétera. Su implementación puede llegar a ser más costosa, incluso, que la del CPP y no se evaluó con anticipación, dijo.

Reunión.

Seguridad y política: fueron dos de los temas de los que conversaron ayer el presidente Vázquez y el intendente Antía. Foto: Intendencia Maldonado
Seguridad y política: fueron dos de los temas de los que conversaron ayer el presidente Vázquez y el intendente Antía. Foto: Intendencia Maldonado

Otro ámbito en el que el tema de la inseguridad también estuvo presente fue en la reunión que mantuvieron ayer en la residencia de Suárez y Reyes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, en la que conversaron también de política.

Fuentes cercanas a Antía revelaron a El País que el mandatario señaló al jefe comunal que "está realmente preocupado" por la seguridad.

La semana pasada el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que en los últimos meses se produjo un aumento en la cantidad de los hechos delictivos.

Antía mostró a Vázquez los logros del centro de videovigilancia con 1.200 cámaras en todo Maldonado que permitieron disminuir un 32% las rapiñas y un 54% los arrebatos en 2017 en comparación con 2016 (año en que se instalaron estos dispositivos).

Por otro lado, Antía manifestó la necesidad de que el Ministerio del Interior apruebe la conformación de la fundación Maldonado Seguro, a través de la cual la Intendencia paga a los funcionarios que están cumpliendo tareas en el centro de monitoreo.

En la reunión, que duró una hora y cuarto, también se dialogó sobre las perspectivas políticas del "grupo de los intendentes", una tercera vía dentro del Partido Nacional de cara a las elecciones nacionales que integra el intendente. El jefe comunal aseguró a Vázquez que el grupo concurrirá a las próximas elecciones con una expresión política propia y que "estará a la orden para colaborar en lo que tenga que ver con políticas de Estado en bien del país y tener un diálogo fluido".

A su vez, Antía aprovechó la oportunidad para presentarle al presidente el proyecto para recuperar el ex hotel San Rafael y le transmitió que "eso es trabajo para todos en el departamento y fundamentalmente para el Uruguay". Antía le dejó una carpeta con la iniciativa y los planos, así como también lo invitó a cortar la cinta el día que esté pronta la obra.

El intendente aprovechó para presentarle a Vázquez lo que fueron los gastos ocasionados por los temporales de 2016 en los que la intendencia destinó US$ 4,5 millones frente a una "escasa colaboración del gobierno central, ya que lo comprometido nunca llegó".

La comisión votó mayor pena para el homicidio

La comisión de Constitución de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley por el cual se aumentan las penas para los homicidios, llevándolas a un período mínimo de dos años y a la vez creando un agravante especial para el caso de que se trate de policías, jueces y fiscales. En la comisión, los diputados frenteamplistas Darcy de los Santos y Pablo González votaron a favor, pero argumentaron en contra del fondo de la iniciativa. El proyecto es parte de los acuerdos alcanzados en 2016 a instancias del presidente Tabaré Vázquez y con el apoyo de todos los partidos políticos. La demora en ser sancionado fue por el rechazo interno que generó a nivel del oficialismo durante estos casi dos años. La semana próxima el proyecto será presentado ante el plenario de la Cámara de Representantes donde seguramente será aprobado por unanimidad, no sin antes volver a debatirse sobre si el aumento de penas para delitos muy graves como el homicidio intencional es realmente una solución para bajar las estadísticas. Según el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, el 65% de los reclusos es reincidente más allá del tiempo en que esté preso.

EDUARDO BONOMI
Eduardo Bonomi, ministro del Interior. Foto: Presidencia
Hay menos presos de los que debería

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay 1.300 presos menos desde que comenzó la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Aclaró: "Tampoco estoy contento con que haya 1.300 personas menos privadas de libertad, porque hay menos porque no están presos los que deberían estar presos y no porque están libres los que deberían estar libres, que es lo que pasa cuando funcionan las políticas de rehabilitación". El funcionario agregó que "hoy por defectos del sistema, con el cambio del Código del Proceso Penal y no por culpa del Código, hay quienes deberían estar privados de la libertad y no lo están; por eso disminuye (la población carcelaria), no porque hayan salido los que se han rehabilitado", reflexionó el titular de Interior.

jorge díaz
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, expresó que los cambios que se harán al CPP disminuirán los casos a estudio de los fiscales. Foto: Francisco Flores.
"Zapatero a tus zapatos"

Los dichos de Bonomi no le cayeron bien al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien respondió al ministro ayer, en el programa Así nos va de radio Carve. "En este país la única que dispone que una persona tiene que estar presa o en libertad es la Justicia. No es el Ministerio del Interior (...) El único funcionario público que puede privar a un ciudadano de su libertad ambulatoria, legalmente, es un juez. No el Ministerio del Interior", insistió. "Entonces, zapatero a tus zapatos. Quien decide quién tiene que estar preso y quién tiene que estar libre no es el ministro, la Policía ni siquiera yo. Son los jueces (...) Los fiscales tenemos los pantalones largos hace mucho tiempo y no necesitamos que ningún ministro de la Corte o del Ejecutivo nos diga lo que tenemos que hacer".

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