"COSTO RELEVANTE"

Se cerraron 63 juzgados de Paz en los últimos 19 años

La Suprema Corte se quejó en el Parlamento del presupuesto “congelado” durante años, independientemente de “la bandera política” del gobierno de turno.

Ministros pretenden que jueces de antiguos juzgados pasen lo antes posible al nuevo sistema. Foto: G. Pérez
Sede Suprema Corte de Justicia. Foto: Archivo El País

Una polémica resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de disponer el cierre de 20 juzgados de Paz, que luego fue suspendida, dejó al descubierto una realidad: del 2002 a la fecha se suprimieron 63 sedes en todo el país.

En la comparecencia de la Corte a la Comisión de Constitución de Diputados, el pasado miércoles, el presidente de la corporación Tabaré Sosa Aguirre indicó que la acordada del 19 de agosto -cuestionada por legisladores de varios partidos políticos- constituyó un “error”.

Según dijo, la ley 15.851, de diciembre de 1986, facultó a la Suprema Corte a modificar y redistribuir las jurisdicciones territoriales de los juzgados. En base a ello, desde 1992 se dictaron varias resoluciones que absorbían territorios jurisdiccionales en todo el país.

De acuerdo a un documento de la Suprema Corte, al que tuvo acceso El País, de 2002 a la fecha se suprimieron 63 juzgados de Paz. Lo que se distribuye así: ese año (2), 2003 (11), 2004 (10), 2005 (2), 2006 (3), 2009 (1), 2011 (1), 2016 (13), 2017 (17) y 2018 (3).

Actualmente son 116 la cantidad de juzgados de Paz en el interior del país y en los dos últimos años se ha procedido a una revisión de unas 40 sedes, principalmente de ciudades, villas y pueblos que tienen relativamente escaso trabajo y “cuyo costo es relevante”, principalmente por el tema alquileres y retribuciones personales.

La competencia actual de los juzgados de Paz del interior, básicamente pasa por materia de arrendamientos y desalojos urbanos, porque los arriendos rurales están bajo la órbita de los juzgados Letrados.

Según Sosa Aguirre, lo que en Uruguay justificó la existencia de los juzgados de Paz fueron “las primeras y más urgentes diligencias en materia penal”. Desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal acusatorio en 2017, en el que investigan los fiscales, ya no hay ninguna participación de los juzgados de Paz. Lo que sí mantienen es su competencia en materia de familia y de violencia hacia las mujeres basada en género.

El director general de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte, Marcelo Pesce, dijo en comisión de Constitución que la discusión sobre la infraestructura del Poder Judicial “es permanente cuando uno tiene, ya no recursos escasos, porque ni siquiera llegan a escasos”. Además, negó que haya “una maniobra de oportunidad” de plantear el cierre de 20 juzgados cuando se está discutiendo la Rendición de Cuentas en el Parlamento. “Es aborrecible pensar que esto pudiera ser digno de un Poder del Estado como lo es el Judicial”, concluyó, de acuerdo a la versión taquigráfica de la reunión a la que accedió El País.

Debido a las dificultades económicas, en 2020 se renegociaron los alquileres “bajo la única premisa de achicar costos”. Por lo que se quejó del presupuesto “congelado” durante años, independientemente de “la bandera política” del gobierno de turno. “Nos ha pasado históricamente, no importa quién haya estado sentado en el Ejecutivo. Lo del Poder Judicial ha sido una mendicidad”, afirmó Pesce en el Parlamento.

El 26% del presupuesto del Poder Judicial se destina a alquileres. Por lo que Pesce preguntó a legisladores: “¿No será mucho más conveniente ser dueño de los juzgados? Bueno, no hemos logrado que en ningún período eso echara raíces y pudiéramos tener un plan”.

Las sedes

El diputado blanco Mario Colman, encargado de convocar a la Suprema Corte a la comisión de Constitución, señaló El País su preocupación por la posible supresión de juzgados. “Genera mucho impacto en la sociedad el cierre de un juzgado y por eso rápidamente desde el Partido Nacional rechazamos este camino iniciado hace 20 años, que pasa por el retiro de las instituciones públicas del interior”, señaló.

Mantener abiertas las 20 sedes incluidas primeramente en la acordada cuesta $ 14 millones. Por lo que, Colman consideró que se pueden buscar alternativas como el uso de inmuebles del Estado para evitar cierres. En tanto, en el Senado se buscará atender en la Rendición de Cuentas esta situación.

Las sedes que fueron incluidas en la acordada para su cierre y luego se dio marcha atrás son: Baltasar Brum (Artigas), Progreso, Migues, Tala, Soca y Cerrillos en Canelones. Aceguá (Cerro Largo), Tarariras y Florencio Sánchez en Colonia. A lo que se agrega: Ismael Cortinas (Flores), Veinticinco de Mayo (Florida), Solís de Mataojo (Lavalleja), Piriápolis (Maldonado), Tranqueras (Rivera), Cerro Chato (Treinta y Tres) y Cebollatí en Rocha. Se mantendría la decisión de suprimir los juzgados de Nueva Helvecia (Colonia), Castillos (Rocha), Villa Rodríguez (San José) y Sauce (Canelones). Todos ellos suman $ 4.369.555, según la Corte.

El 1,13% del gasto público

“¿Todos entendemos que la Justicia es un valor supremo dentro del Estado? ¿Sí?, que es uno de los valores importantísimos que hacen a la esencia del Estado republicano, ¿no? Bueno, disculpen que lo diga tan frontalmente, pero hoy ese valor es el 1,13% del gasto público. Y esto no es solamente hoy; este ha sido el derrotero”, planteó en la comisión de Constitución y Códigos el director general de los Servicios Administrativos de la Corte Marcelo Pesce.

De acuerdo a la versión taquigráfica de la reunión, el tema “va mucho más allá” de los juzgados que se podrían cerrar. “Dentro de tres o cuatro años vamos a estar sentados nuevamente conversando de esto si los presupuestos son congelados”, advirtió.

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