USURA

Este jueves fueron imputados en Tacuarembó 12 ciudadanos colombianos, de entre 22 y 34 años. La banda que conformaban estas personas prestaba dinero pero cobrando intereses superiores a los legales en Uruguay. En concreto, llegaban al 20%. Las cuotas, en tanto, debían ser pagas de forma diaria o semanal. 

La jueza Carla Gómez. titular del juzgado Letrado de 5to. Turno de Tacuarembó, determinó que un hombre y una mujer fueran imputados por reiterados delitos de usura agravada, en reiteración real con un delito de asociación para delinquir. Deberán cumplir la pena de prisión preventiva hasta el 6 de febrero de 2020. 

Otro hombre fue imputado como presunto autor de reiterados delitos de usura agravada, en reiteración real con un delito de violencia privada y un delito de asociación para delinquir, porque aplicaba violencia y amenazas contra aquellos que no podían pagar su cuota. También deberá cumplir la pena de prisión preventiva hasta el 6 de febrero de 2020.

Estos tres imputados fueron identificados como los líderes de la organización.

En tanto, otros nueve hombres fueron imputados por un delito de usura agravada y se solicitó la obligación de fijar domicilio, la prohibición de salir del país, obligación de presentarse en la seccional policial de su domicilio una vez por semana, hasta el 6 de febrero de 2020, así como el cese inmediato de la actividad que desarrollaban.

En declaraciones con El País, la fiscal Claudia Lete, que llevó adelante la investigación que comenzó hace más de cuatro meses e implicó escuchas telefónicas y vigilancia, dijo que los imputados forman parte de varias organizaciones, integradas exclusivamente por personas de nacionalidad colombiana.

Durante la investigación se realizaron seis allanamientos, en los cuales se incautó $1 millón aproximadamente, joyas, celulares, seis motos, celulares y una camioneta.

Lete señaló que algunos de los integrantes eran contratados en Colombia, mientras que otros se contactaban desde Uruguay. En tanto, destacó que ningún uruguayo integra la organización.

Según declaró uno de los imputados esta organización funciona al menos desde hace dos años.

La operativa implicaba ir buscar a los integrantes de la organización al aeropuerto de Carrasco, luego los trasladaban hasta Tacuarembó donde le entregaban una vivienda con luz y agua incluida, les pagaban un sueldo, les entregaban una moto y combustible, así como un pequeño capital para iniciar los préstamos.

Una vez instalados, se les entregaban volantes, que repartían por determinados barrios. Luego la gente se ponía en contacto con estas personas, quienes les entregaban dinero y un pequeño cartoncito cuadriculado, en el que marcaban una cruz cada vez que pagaban la cuota. Algunos de los integrantes registraban su contabilidad en aplicaciones de celular, mientras que otros llevaban los números en cuadernolas.

Las autoridades estiman que es una organización con participación en todo el país, de acuerdo a las declaraciones de los imputados. Puntualmente señalaron que operan, además de en Tacuarembó, en los departamentos de Rivera, Treinta y Tres y Cerro Largo. 

La justicia no descarta la hipótesis de que este episodio esté relacionado a un caso de trata de personas. En tanto, hasta el momento no se han establecido vínculos de esta banda con el narcotráfico.

La investigación surgió a raíz de cinco denuncias, pero según informó Lete cuentan con más denuncias que se continuarán investigando.