PRISIÓN INDEBIDA

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No hay edad buena para caer preso. Pero a los 18 años es realmente un mal momento. Mario M. (nombre ficticio) había cumplido la mayoría de edad unos meses antes cuando fue procesado en 2017 por un incendio que provocó la muerte de una persona y lesiones a otras dos.

Fue encarcelado, pese a que los restos del nylon utilizado para incendiar una casa tenían muestras de ADN de otra persona y testigos declararon que el joven se encontraba en otro lugar cuando ocurrió el siniestro. Tres años y seis meses más tarde, la Justicia decretó su inocencia y lo excarceló. Estuvo 41 meses en una celda del Penal de Libertad y era inocente.

Uno de los testigos relató en el Juzgado que Mario M. era un joven retraído, que andaba siempre con niños más chicos. Es decir, el muchacho presentaba “un nivel mental clínicamente marginal”, según surge de la pericia psiquiátrica que consta en el fallo.

En 2019, la Fiscalía acusó a Mario M. de ser autor penalmente responsable de un delito de incendio agravado por el resultado de la muerte de una persona y de lesiones de otras dos y pidió a la Justicia que le impute una pena de cinco años de penitenciaría con descuento de la ya sufrida.

El 15 de noviembre de 2019, la defensa del joven solicitó a la Justicia la absolución de su defendido alegando que este no tuvo participación en el incendio.

El 23 de junio de 2020 la jueza del caso, Isaura Tórtora, sentenció: “En conclusión, con el gran respeto que nos merece la distinguida representante del Ministerio Público, nos permitimos discrepar con la acusación en el entendido de que no existe plena prueba de que el acusado haya sido el responsable del incendio”.

Y falló que no resulta acorde a Derecho “la imposición de una pena por demás gravosa como la solicitada por la Fiscalía que asciende a cinco años de penitenciaría, máxime teniendo presente que se trata de un menor relativo -contaba con 18 años al momento del insuceso- y primario absoluto por lo que se irá a su absolución”.

El abogado del muchacho, Fernando Posada presentará hoy un escrito solicitando una audiencia de Conciliación con el Poder Judicial, previo al juicio donde reclamará una indemnización por $ 15 millones para Mario M. por haber sufrido una prisión indebida.

“En este sentido, se pretende demandar al Poder Judicial a efectos que indemnice por el daño moral sufrido, los que se desprenden en forma directa de su proceder ilegítimo.

"En total estuve privado de mi libertad 1.260 días; lo que equivale a la suma de $ 15.826.734, valuado en 10 Unidades Reajustable por día (de prisión)”, agrega el documento. “Hay que tener presente la gravedad de los hechos: a pesar de la ausencia de pruebas y de los pedidos de excarcelación que hizo la defensa durante el proceso, la Fiscalía y el Juez se negaron sistemáticamente a liberarlo”, dijo Posada a El País. Y agregó: “Así las cosas, cuando llegó la etapa de dictar sentencia debieron absolverlo finalmente por falta de pruebas”.

El Código de Proceso Penal anterior generaba estos problemas, ya que preveía la obligación de dictar la prisión preventiva cuando el delito que se imputaba era grave.

Según Posada, esto se cambió con el nuevo Código ya que la imposición preventiva se asocia a cuestiones de índole procesal como el peligro de fuga, el peligro de la víctima o la posibilidad de frustrar prueba pendiente.

Afirmó que, de todas formas, esa regla general se ha ido cambiando con las distintas reformas que se le han hecho al nuevo Código de Proceso Penal y, de a poco, se retorna al régimen anterior, por lo que “no es de extrañar” que sigan existiendo estos casos de prisión indebida.