JUSTICIA

El general Daniel Castellá, cesado este martes como presidente del Supremo Tribunal Militar por haber participado del interrogatorio a Vladimir Roslik, puede enfrentar todavía consecuencias en la Justicia.

Luego de pedirle la renuncia al encontrar documentación que lo involucraba con el caso, el ministro de Defensa, Javier García, se comunicó con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para ponerlo al tanto del hallazgo. Es que desde el Ministerio Público hay un pedido de desarchivo de la causa Roslik tramitado por el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe. El investigador espera que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia -que analiza el tema desde mayo de 2020-, ya que la reapertura del caso fue negada en dos instancias.

Fuentes judiciales indicaron a El País que Perciballe entiende que los responsables de la tortura y asesinato de Roslik no son solo los dos jefes militares procesados en 1986 por la propia Justicia Militar.

Asimismo, de confirmarse la participación de Castellá, Perciballe confía en que será imputado, ya que a su entender los delitos en juego no prescribieron por ser, precisamente, de lesa humanidad. También considera que la investigación militar fue “fraudulenta” por no citar testigos ni familiares, entre otras carencias.