HACE SIETE AÑOS

Ni al escritor norteamericano Mark Twain se le ocurriría una historia así. Comienza con la desaparición de un caniche durante una rapiña en la zona de Colón en 2013.

La dueña del caniche estaba desesperada. Se dirigió a la Seccional 21ª y pidió a los agentes que le trajeran el perro de vuelta. Tres policías de particular fueron a una asentamiento de la zona y recuperaron el caniche. Entregaron el caniche.

El 18 de julio de 2013, el comisario de la Seccional 21ª, Óscar Ghan, fue citado a la Seccional 23ª sin explicación alguna. Llegó voluntariamente a la seccional y en forma inmediata se lo detuvo. Poco después fue trasladado a la sede de Inteligencia Policial, ubicada en Maldonado y Paraguay.

En ningún momento se le explicó a qué se debía su detención, dice la demanda elaborada por el abogado del comisario, Daniel Lamela.

El 19 de julio de 2013, Ghan fue procesado por no denunciar a un subalterno que supuestamente había cobrado una “coima” para recuperar el caniche. Un año más tarde, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, revocó ese procesamiento.

Luego de su procesamiento, el director de Inteligencia Policial de la época declaró en varios medios de prensa que Ghan lideraba una banda de policías delincuentes. Es decir, el jerarca mezcló la desaparición del caniche con una investigación que realizaba el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) a tres subalternos de Ghan que supuestamente actuaban en connivencia con delincuentes, según relata una sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, a la que accedió El País

Los tres agentes fueron procesados por esos ilícitos y más tarde sobreseídos por falta de pruebas en su contra.

A partir del procesamiento judicial por el caso del caniche, la vida del comisario Ghan fue un enorme y lento descenso a las profundidades del infierno. (Ver nota aparte)

Primero, fue sumariado por la Jefatura de Montevideo y perdió la mitad de su sueldo. Luego no pudo realizar el Servicio 222 por no tener el arma de reglamento. Tercero, perdió toda posibilidad de concursar para un ascenso. Su prestigio quedó por el suelo ante sus pares y vecinos de Colón donde vivía. Y se separó de su pareja.

El 28 de octubre de 2014, la Jefatura de Montevideo dispuso la clausura del sumario administrativo con exoneración total de responsabilidad de Ghan.

A partir de ese momento, el comisario inició un demanda civil contra el Ministerio del Interior y contra el exjerarca de Inteligencia reclamando US$ 35.000 por daño moral,

El Ministerio del Interior replicó señalando que el Estado actuó conforme a derecho iniciando la investigación sumaria de los hechos motivada en la existencia de un procesamiento y ningún perjuicio puede derivarse del mismo, puesto que cuando la Justicia lo revocó, se archivaron las actuaciones administrativas.

Con respecto a las declaraciones públicas del entonces director de Inteligencia Policial, el Ministerio del Interior señala que estas “no individualizaron” a los funcionarios procesados, más allá de “lo normal” que se conocieran sus iniciales como usualmente hace la prensa.

El juez Ohanian entendió que sí existió responsabilidad del Estado, por una acción de un dependiente -el exjerarca de Inteligencia Policial- en relación a la difusión pública del procesamiento de Ghan.

Ohanian no ahorra adjetivos para calificar el relato del exjerarca policial: “su narrativa es falaz porque no existieron cuatro policías en sociedad con rapiñeros”; “ni un subcomisario de iniciales O.G. y varios agentes que cobraban cierta cantidad de dinero a los comercios de Colón a cambio de seguridad” ni “tampoco se verificó que estaban muy bien organizados”.

El magistrado recuerda, en su fallo, que cuando se tomó declaraciones a Ghan en el sumario, este ya avisó que se lo vinculaba en dos hechos distintos -la “coima” para que apareciera el caniche y la banda de policías y rapiñeros- en un mismo expediente. Y agrega que no existió una rectificación por parte de Inteligencia ni por el Ministerio del Interior, por lo que cabe concluir que su actuación fue “dolosa” (culpable).

Tras reconocer que el subcomisario Ghan sufrió “un verdadero tormento”, Ohanian condenó al Ministerio del Interior a pagarle US$ 22.000 con intereses desde 2017.