AUMENTO DE LA COBERTURA DE FISCALES

Cambios al CPP limitan acción de los fiscales y los defensores

Los procesamientos cayeron 39% en cinco meses con la aplicación del nuevo Código.

Un juicio a dos ladrones que determinó su prisión por 40 meses por intentar robar un auto; fueron detenidos infraganti delito. Foto: Fernando Ponzetto.
Un juicio a dos ladrones que determinó su prisión por 40 meses por intentar robar un auto. Foto: Fernando Ponzetto.

Algunos casos trágicos muestran que hay una delincuencia exacerbada, callejera, sin códigos y que no le teme al sistema. En muchas ocasiones esos delincuentes quedan impunes por desinteligencias y problemas de interpretación sobre el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) realizadas por los operadores del sistema, y por la sobrecarga laboral de los fiscales. Ahora el Ejecutivo se propone introducir modificaciones al CPP para terminar con ese fenómeno.

Los problemas mencionados se traducen en una menor cantidad de procesamientos desde la aplicación del nuevo sistema que comenzó a regir el 1° de noviembre del año pasado.

Una respuesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un pedido de informes realizado por el diputado colorado Ope Pasquet —a la que accedió El País— muestra que desde noviembre de 2016 a marzo de este año, los procesados (con y sin prisión) cayeron 39%.

El informe, que ingresó a la Cámara de Diputados el miércoles 2, expresa que, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 se registraron 5.264 procesados (3.328 con prisión y 1.936 sin prisión).

Mientras que desde noviembre de 2017 —cuando comenzó a aplicarse el nuevo CPP— a marzo de este año hubo 3.215 procesados (1.942 con prisión y 1.273 sin prisión).

De todos modos, si se mira mes a mes el número de procesados viene aumentando paulatinamente. En noviembre de 2017 los procesados fueron 400, en diciembre 552, en enero 585, en febrero 620 y en marzo 724.

Miedo.

La nurse Selva L. lloró toda la noche del viernes y la madrugada de ayer en la sala de espera del CTI de la Médica Uruguaya. Perdió a un hijo en un accidente de tránsito y el otro, de 23 años, está grave tras recibir una bala en el tórax por la espalda pese a que entregó su bicicleta y championes. El agresor está prófugo.

El "Kiki" mató a su expareja. Por problemas procesales, se mantuvo prófugo y tres meses después ultimó a la cajera del Súper Vero, Florencia C., y disparó a quemarropa al guardia de seguridad. En el comercio no se enfrentaron al rapiñero.

El policía Luis M., de 44 años, fue asesinado en la puerta de un supermercado del Cordón. La Fiscalía pidió audiencia para extender el plazo legal de detención del sospechoso, pero por un problema informático el juez no dispuso la instancia. El homicida recuperó la libertad y días más tarde fue recapturado. Esos son algunos de los casos que interpelan la aplicación del nuevo CPP.

Modificaciones.

Por ello, para superar los problemas que surgieron en la aplicación del nuevo Código, el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento con "ajustes" al sistema. Se dota de un fuerte respaldo legal a la Policía a la hora de realizar detenciones e investigaciones, se modifican los requisitos para disponer la prisión preventiva y se excluye la libertad anticipada cuando hay acuerdo entre fiscal y defensa. A su vez se establece que los reincidentes de delitos no tendrán derecho de esperar el juicio en libertad.

El origen de los cambios al nuevo CPP surgió en una sesión de la comisión de Constitución del Senado donde participaron jerarcas de la SCJ, Fiscalía de Corte y Ministerio del Interior. La convocatoria fue promovida por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres tras un cruce de acusaciones entre los operadores del sistema penal.

En la comisión, jerarcas gubernamentales y del sistema judicial coincidieron en que la figura más polémica era el acuerdo entre fiscal y defensa sobre la pena a un acusado en el marco de un juicio abreviado. Por ejemplo, ambas partes acordaban que el indagado enfrentaría una pena de cuatro años por una rapiña. Sin embargo, al poco tiempo el defensor solicitaba la libertad anticipada.

"En el nuevo proyecto de ley del gobierno se le incorporan dos límites al acuerdo entre fiscal y defensa: uno, que no se puede acordar una pena que esté por debajo de la mínima establecida para el delito imputado. Y el otro, que la pena acordada se debe cumplir con totalidad", dijo Mieres.

El ex fiscal penal Gustavo Zubía dijo a El País que no le molesta que los cambios procesales vuelvan, de alguna forma, al viejo decreto de detención en averiguaciones —hoy derogado— bajo un marco más constitucional.

"Pero me llama poderosamente la atención que se esté dando estas facilidades ahora a la Policía cuando se hizo gárgaras antes de aplicar el nuevo Código de que iba a haber las mayores garantías cuando la Policía detuviera" a personas, agregó Zubía.

Para Pasquet, la baja en la cantidad de procesamientos está relacionada a la explosión de denuncias y la sobrecarga laboral de los fiscales. "Eso marca con claridad que el nuevo proceso todavía no funciona con la eficacia que debería, aunque se va notando una mejora mes a mes", subrayó.

Según dijo, se deberían reservar recursos en la Rendición de Cuentas para la contratación de más fiscales.

El nuevo Código fue pensado para un universo de 18.000 hechos policiales mensuales y la realidad lo superó (23.000 casos en el mismo período), según dijo Díaz en el Senado.

"No nos duelen prendas en el sentido de si, en algún momento, cometimos algún error a la hora de prever los recursos humanos, en decirlo", agregó el fiscal de Corte.

Ese error de cálculo es una de las causas por las cuales los fiscales tengan en sus bandejas de entrada entre 800 y 1.000 casos para investigar.

Visiones variadas.

Eduardo Bonomi - Ministro del interior
Eduardo Bonomi, ministro del Interior. Foto: Presidencia
Rapiñeros libres
"Al principio del año, nosotros vimos que se estaban dando demasiadas libertades a quienes tenían una carrera delictiva. No quedaba en libertad cualquiera, sino los que eran rapiñeros de menor cuantía, que robaban cosas más chicas".
ope pasquet - diputado colorado
Ope Pasquet
"No dan abasto" 
"El sistema no funciona con la eficacia que debería. El nudo está en el Ministerio Público que no tiene los recursos humanos para procesar la explosión de denuncias. Los fiscales recurren al proceso abreviado porque no dan abasto".
GUSTAVO ZUBÍA - EX FISCAL PENAL
Gustavo Zubía en su despacho en el edifcio de la Plaza Libertad. Foto: Francisco Flores.
"Sin autocrítica"
"El proyecto del gobierno es un cambio de filosofía muy fuerte. Se vuelve a niveles represivos que no me molestan. Sí me molesta la ausencia de autocrítica. Que no se informe claramente de que se está cambiando totalmente el rumbo del nuevo Código".

Los cambios propuestos

Negativa a la libertad anticipada

Los delincuentes que cometan delitos graves no recibirán el beneficio de la libertad anticipada. En el proyecto del gobierno este beneficio no corre para quienes cometan violaciones; abuso sexual; abuso sexual especialmente agravado; atentado violento al pudor; abuso sexual sin contacto corporal; secuestro; homicidio agravado; delitos contra los derechos humanos y crímenes de guerra y aquellos condenados con medidas de seguridad.

Respaldo legal a los policías

Con los cambios propuestos al nuevo Código se le brinda "un fuerte respaldo legal" a los policías, señala la exposición de motivos de la iniciativa. Los efectivos pueden prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en casos de flagrancia o fuga y resguardar el lugar donde se cometió un delito sin recibir instrucciones particulares de los fiscales. Recibida una denuncia podrán investigarla y realizar el registro personal, de vestimenta y equipaje del detenido.

Amplían uso de prisión preventiva

Se modifica el artículo 223 del Código del Proceso Penal para que la prisión preventiva —que es excepcional en el texto original— pase a ser la regla en determinados casos de reincidencia en delitos como: violación; abuso sexual; abuso sexual especialmente agravado; atentado violento al pudor; abuso sexual sin contacto corporal; lesiones graves que pongan en peligro la vida; lesiones gravísimas; hurto cuando concurran sus circunstancias agravantes.

Límites al proceso abreviado

En el nuevo proyecto de ley remitido al Parlamento, el Poder Ejecutivo propone una serie de modificaciones al proceso abreviado (cuando hay acuerdo entre denunciado y víctima) sobre el delito y se acorta el juicio.

Se determinan nuevos límites para el uso de esta vía: no se pueden establecer penas inferiores al mínimo previsto para el delito del que se acusa en los casos de violación; abuso sexual agravado; abuso sexual sin contacto corporal y homicidio.

Reparos del Fiscal de Corte a proyecto del gobierno
Sostiene que prisión preventiva perceptiva es inconstitucional
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, expresó que los cambios que se harán al CPP disminuirán los casos a estudio de los fiscales. Foto: Francisco Flores.

El martes 15, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que introduce cambios y ajustes a varias figuras claves del nuevo Código del Proceso Penal que comenzó a regir el 1° de noviembre de 2017.

A través del artículo 6 del proyecto, se modifican los requisitos para disponer la prisión preventiva. Se propone aplicarla perceptivamente para cierto tipo de delitos en caso de reincidencia, reiteración o habitualidad.

El 3 de abril de este año, en la comisión de Constitución del Senado, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, alertó que la prisión preventiva es inconstitucional si se dispone para reincidentes y reiterantes. Con el Código viejo, esta medida funcionaba como pena anticipada. Los operadores argumentaban que era una medida que procuraba evitar la fuga o que el individuo en libertad frustrase la prueba.

Díaz advirtió que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del tribunal europeo de Derechos Humanos, de las cortes supremas de prácticamente toda la región, esas serían las únicas dos medidas que justificarían la utilización de la prisión preventiva. El 30 de agosto de 2017, en un proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, Díaz reiteró este concepto. "La reiteración o la reincidencia no son en principio riesgos procesales que justifiquen siquiera la aplicación de la prisión preventiva", dijo.

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