INVESTIGACIÓN

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Se trata de una mafia que dejó un tendal en Maldonado. Un escribano y un operador inmobiliario, junto con varios cómplices, se hacían de propiedades valiosas que pertenecían a personas fallecidas. Luego contrataban los servicios de escribanas para vender esos terrenos a un 30% de su valor real. Por ejemplo, predios ubicados cerca del mar en el balneario top La Juanita, cuyo valor de mercado ronda los US$ 150.000, eran vendidos por los delincuentes a entre US$ 40.000 y US$ 50.000.

Una investigación de la fiscal de San Carlos Mariela Núñez derivó a principios de febrero de este año en el procesamiento del escribano y del operador inmobiliario. Sin embargo, Núñez no tipificó delito para las personas que compraron los lotes a un precio vil. En esa ocasión, la Fiscalía tampoco pidió una sanción penal para las escribanas que participaron de las ventas de los terrenos que pertenecían a argentinos.

Pero el caso no quedó allí. El viernes 28, la fiscal Núñez dispuso las citaciones en calidad de indagadas de ambas escribanas, quienes deberán concurrir a la Fiscalía con los documentos de los dos padrones que pertenecían a una heredera argentina y que fueron vendidos por los delincuentes.

Consultada por El País, la fiscal Núñez confirmó que citó a ambas profesionales para el 16 de junio de este año y que investiga las ocupaciones y falsificaciones de títulos de bienes. A su vez, la fiscal solicitó informes regístrales de cuatro terrenos, que se estima también pertenecen a argentinos y que se encuentran a poca distancia de la playa.

De esta forma, la Fiscalía hizo lugar al pedido de nuevas pruebas planteado en abril de este año por el abogado de la ciudadana argentina, Eduardo Sasson.

En su escrito, Sasson advirtió que en la investigación se ventilan hechos relacionados con la “enajenación fraudulenta” de dos padrones ubicados en el balneario La Juanita.

Se evidencia que la venta de los terrenos de la ciudadana argentina fue realizada mediante la utilización de un poder especial, presuntamente otorgado por el difunto dueño, con fecha posterior a su muerte. En el escrito, Sasson pidió a la fiscal que citara a declarar a las dos escribanas para que presentaran documentación acerca de si realizaron un análisis de riesgo de lavado de activos en función de los perfiles de los compradores de los lotes. Las profesionales, según el escrito, deben guardar dicha calificación de riesgo y el informe por un plazo de cinco años. Así lo establecen la ley sobre lavado de activos y su decreto reglamentario.

En otro tramo del documento entregado en la Fiscalía, Sasson señaló que surge de las evidencias de la carpeta de investigación que el escribano y el operador inmobiliario imputados poseen un “notorio, público y profuso cúmulo de antecedentes penales”.

Es decir, “resulta imposible” que las escribanas actuantes en las transacciones de los terrenos de la ciudadana argentina no hubieran detectado o al menos tomado conocimiento de todo ese historial.

“Ahora bien, ¿qué resguardos tomaron (las escribanas) para vigilar el negocio? ¿Dónde se encuentran estos resguardos y controles documentados?”, expresa el escrito según supo El País.

Por ello, Sasson solicitó a la Fiscalía que citara a declarar a las escribanas para que informen sobre si realizaron los procedimientos para evitar el lavado de activos en las ventas de terrenos.

El abogado penalista también pidió a la fiscal Núñez que se les interrogue acerca de si tuvieron los títulos de propiedad de ambos predios a la vista a la hora de documentar los negocios o qué documentación mantuvieron en su presencia.

En este caso, los títulos de propiedad de ambos terrenos ubicados en el balneario La Juanita se encuentran en Argentina, por lo que ambas escribanas no podrían haberlos visto a la hora de documentar las ventas, según dijo a El País una fuente del caso.

Tanto la fiscal Núñez como el también fiscal de San Carlos, Jorge Vaz, tienen expedientes referidos a ocupaciones ilegales de terrenos ubicados en los balnearios Buenos Aires, El Tesoro y La Juanita, entre otros.

En tanto, los fiscales de Maldonado investigan casos similares sucedidos en el balneario Montoya y zonas aledañas. “Las ocupaciones de terrenos en esta zona son un problema de varios años. Se utiliza mucho la cesión de derechos posesorios”, explicó una fuente del caso.

El modus operandi de las mafias es simple: una persona se presenta ante un escribano y declara haber ocupado un terreno costero durante, por ejemplo, 20 años.

El escribano certifica lo que dice el supuesto poseedor sin saber si es verdad o no lo que dice el cliente. En caso de ser citado a declarar por la Fiscalía, el profesional señala que solo certificó firmas.

Con ese documento, el supuesto poseedor vende el terreno. En el negocio también participa un escribano.

El terreno pasa de mano en mano y al poco tiempo se le reclama su propiedad en la Justicia mediante la figura de prescripción treintenaria. Es decir, se obtiene la propiedad del inmueble con mucha facilidad, sin esperar los 30 años establecidos por ley. Y el precio del terreno se triplica.

Apuntan a conocida familia de Argentina

En el mes de diciembre de 2019, una ciudadana argentina concurrió al balneario La Juanita a ver los terrenos de su propiedad, pues se encontraba cerca de concretar una venta de esos lotes. Los inmuebles habían sido heredados de su tío, fallecido en 2015.

En esta ocasión, la ciudadana argentina se enteró de que en los predios se habían colocado carteles ofertándolos en venta, lo que no había sido consentido, ni mucho menos ordenado, por ella.

El comprador de esos lotes es hermano de un conocido cocinero argentino. Pagó alrededor de 30% del precio de mercado.

Sasson opinó que la Fiscalía debe también evaluar la responsabilidad de quien adquiere un inmueble por un precio absolutamente irrisorio -precio vil- fruto de un ilícito de forma notoria, y procede a transferir y convertir dicho bien en forma casi inmediata.

Según Sasson, se ha hecho llegar al entorno de la víctima que las personas que se encuentran vinculadas a los negocios denunciados son parte de una organización que se dedica a este tipo de maniobras desde hace tiempo, contando con el apoyo o la participación de funcionarios públicos y agentes inmobiliarios.