DEMANDA CIVIL

Balcedo dice que el fiscal Jorge Díaz lo llamó mafioso y exige US$ 100.000

Balcedo también acusa a Díaz de realizar consideraciones sobre el juicio penal, indicando que la situación procesal del empresario argentino sería débil.

Marcelo Balcedo y Paola Fiege trasladados a Maldonado para ser indagados. Foto: Ricardo Figueredo
Marcelo Balcedo trasladado a Maldonado para ser indagados. Foto: Ricardo Figueredo

“Que soy mafioso o semimafioso. Que coacciono a los fiscales. Que mi posición en el juicio es débil. Estas declaraciones del Fiscal de Corte (Jorge Díaz) constituyen actos ilícitos que generan responsabilidad extracontractual por delito civil”. Esta frase pertenece a un tramo clave de la demanda civil que el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo presentó contra Jorge Díaz.

En un principio, el reclamo de Balcedo por US$ 100.000 más intereses y reajustes ingresó a un juzgado de lo Contencioso Administrativo. En estas sedes se tramitan juicios contra el Estado. Pero la demanda contra Díaz fue luego derivada al Juzgado Civil de 19° Turno, cuya titular es la jueza Gabriela Rodríguez Marichal.

Balcedo y su pareja Paola Fiege enfrentan un proceso penal por un supuesto lavado de activos y contrabando de autos de alta gama. A su vez el empresario es investigado por un eventual porte ilegal de armas. El caso se encuentra en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 4° Turno.

“El interés de mi parte no es trasladar a la justicia civil las cuestiones penales. La cuestión penal deberá resolverse ante la Justicia penal. Pero acudir a la prensa -cosa que es habitual en el Fiscal de Corte- y realizar epítetos agraviantes contra una persona sometida a proceso penal es un acto ilícito, que como tal engendra responsabilidad civil extracontractual”, dice el empresario argentino.

Filtraciones.

La demanda, elaborada con el asesoramiento de un estudio jurídico que se dedica a temas civiles, señala que, desde su detención, Balcedo fue portada de cuanto medio televisivo, radial o escrito, o red social existe en el país y en la región.

“Las autoridades fomentaron esta actitud por acción y omisión, al punto tal de que fui fotografiado por ellas estando esposado en el dormitorio de mi hogar”, agrega el escrito. Tras ello, dice Balcedo, la Fiscalía se encargó de avisar y difundir todo cuanto perjudicara su imagen frente a la opinión pública, dando lugar por acción y omisión a lo que se llama “circo mediático”.

Por ejemplo, al ser citado a declarar la fiscalía dio inmediato y oportuno aviso a la prensa para que fuera filmado bajando del móvil policial esposado de pies y manos, señala el empresario.

“En efecto, el Fiscal General se dirigió a mi persona con un lenguaje ofensivo, tratándome de mafioso”, reitera.

Balcedo considera que ello vulneró su imagen y honor porque un fiscal General no puede dirigirse en forma tan descompuesta y carente de respeto hacia nadie. “Menos aún hacia una persona sometida a proceso penal”, sostiene.

Balcedo afirma que el fiscal de Corte lo acusó de coaccionar fiscales por haber presentado ante la justicia de paz un escrito en representación de sus hijos menores. Y agrega que la acusación de Díaz es “una imputación muy grave” por la cual el Fiscal General deberá responder civilmente, dado que penalmente no es posible demandarlo por ser el jerarca máximo de la Fiscalía.

Balcedo también acusa a Díaz de realizar consideraciones sobre el juicio penal, indicando que la situación procesal del empresario argentino sería débil.

“Yo no voy a discutir en esta esfera civil esos dichos”, dice el empresario. En primer lugar, relata, porque el fiscal del caso supuestamente es otro profesional y no Díaz. Y, en segundo lugar, porque existe algo que se llaman “leyes” que regulan los procedimientos penales.

Balcedo insiste en que el Fiscal de Corte tiene más que nadie una obligación de respetar los derechos fundamentales de las personas, sus derechos humanos.

“Un derecho humano básico es el derecho a la imagen y al honor, el cual fue gravemente vilipendiado y profanado por el Fiscal de Corte”, sostiene el empresario. Y agrega que otro derecho humano básico es el derecho a un proceso justo frente a un tribunal imparcial.

“Es por eso que el Fiscal General debe ser el primero en abstenerse de realizar comentarios públicos que afecten o puedan influir en la imparcialidad de los jueces.

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