Salud mental

Advierten a juzgados realizar seguimiento de este tipo de casos.

Desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y de la instrumentación de la ley de Salud Mental, el Hospital Vilardebó —único centro de atención psiquiátrica que aún recibe pacientes— registró un aumento de casi un 47% de aquellos que son judicializados, es decir, de quienes deben cumplir con una pena por algún tipo de delito.

La situación fue constatada la semana pasada tras la visita de representantes de la Institución Nacional de Derecho Humanos (INDDHH) al centro de salud. El director del instituto, Wilder Tyler, dijo a El País que en los "cuatro cuartos fuertes en la sala 11 no había espacio para tener a toda la gente que tenían". Cada cuarto debería albergar a una o dos personas pero tras la visita, se comprobó que había tres o hasta cuatro personas.

"Es una situación que nos preocupó porque está entrando más gente de la que sale por disposición judicial, lo que agrava la situación", señaló. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuvo una reunión con el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en la que se definió instalar una mesa de diálogo para abordar la situación que según funcionarios se suma a carencia de personal y de camas para pacientes.

En ASSE indicaron que "hubo una circular del Poder Judicial a las sedes judiciales y comunicaciones de la dirección de asuntos administrativos del Poder Judicial con la dirección del Vilardebó". En la circular se advirtió a los juzgados realizarle un seguimiento a los pacientes que son internados. "Se detectó que los juzgados no hacían un seguimiento estricto", indicaron.