Justicia ajetreada

Audios: la fiscalía archivó y Valdez pedirá revisión

Decisión de la fiscal Pérez generó malestar en varios clubes.

La fiscal Silvia Pérez y el encargado de prensa dela Fiscalía de Corte, Javier Benech. Foto: G. Pérez
La fiscal Silvia Pérez y el encargado de prensa dela Fiscalía de Corte, Javier Benech tras finalizar la reunión con los abogados. Foto: Gerardo Pérez

Faltando una hora para el fin de la actividad judicial de este año, la fiscal penal Silvia Pérez, resolvió ayer el archivo de la denuncia de supuestas amenazas al expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, para obligarlo, con la divulgación de audios, a que se bajara de la presidencia y de su candidatura a la asociación.

"Más allá de existir ciertos indicios en cuanto a un posible plan orquestado por los indagados, la Fiscalía no encontró el elemento contundente o la evidencia fundamental de que estos hayan confluido intencionalmente sus conductas para determinar a Valdez a realizar lo que esperaban", señala el dictamen fiscal.

Los indagados en esta causa fueron los dirigentes de fútbol Arturo del Campo (Danubio) y José Luis Palma (Liverpool), el periodista deportivo, Julio Ríos y el lobista Walter Alcántara.

La investigación de la fiscalía sobre el escándalo de los audios duró seis meses y sacudió al fútbol. Valdez amplió su denuncia y señaló que hubo un plan orquestado para "bajarlo".

Sus baterías apuntaron a otro contendiente en la carrera presidencial, Del Campo, a José Luis Palma y a Alcántara, quien grabó audios de conversaciones con Valdez sobre negocios relacionados con la iluminación del estadio Luis Franzini del Club Defensor y la compra de las cámaras de reconocimiento facial para el Estadio Centenario.

El archivo de la causa por falta de pruebas de una eventual violencia privada contra Valdez volvió a sacudir al ambiente de fútbol a horas de las fiestas navideñas.

Dirigentes de varios clubes de primera línea se quejaron de que la investigación penal, que duró medio año, dejó caer un manto de sospecha sobre el ambiente del fútbol y no generó un proceso penal.

Conclusiones.

A juicio de la fiscal Pérez, las conductas llevadas a cabo "no poseen" el grado de certeza necesaria para confirmar la sospecha de que la acción de Ríos y Del Campo —de mostrarle el contenido de unos audios a Valdez— es plausible de adecuarse al delito de violencia privada. Ese ilícito supone el empleo de violencia o amenazas para someter u obligar a una persona a hacer algo. Para el caso en investigación, que Valdez renunciara a su candidatura a la AUF.

El abogado de Valdez, Pablo Galain, dijo a ayer a El País que analizará la revisión del caso por otro fiscal, ya que entiende que hay pruebas suficientes de que se ejerció violencia privada contra el expresidente de la AUF para que se bajara de su candidatura. En caso que Galain adopte esa postura, deberá presentar un escrito en febrero de 2019 cuando recomience la actividad judicial.

Durante la indagatoria, la fiscal Pérez determinó que Del Campo mintió en su primera declaración al señalar que no había pedido los audios a Alcántara. Se comprobó que, inclusive, había solicitado al lobista que le enviara editados los audios más comprometedores. Sin embargo, la fiscal decidió no iniciar la formalización del juicio penal contra el dirigente danubiano. "Creemos que la declaración falsa en la investigación preliminar en las condiciones ya señaladas encuadran en el artículo 239 del Código Penal. Sin embargo para este caso, en donde se investigaron figuras delictivas de mayor entidad y con una importante repercusión pública, siendo los indagados todos primarios y habiendo luego aclarado los puntos dudosos en sus declaraciones, la Fiscalía prescindirá de ejercer la acción pública que pudiera corresponder, por el momento", finaliza el dictamen.

En rueda de prensa, Pérez explicó que la conducta de Alcántara, que grabó a Valdez en varias ocasiones y luego divulgó esas conversaciones, no está previsto como delito en el Código Penal. "Si bien los contenidos de los audios podían ser un medio idóneo para que Valdez renuncie, no hay una conducta activa en presión, en coartar su libertad", expresó.

Para la Fiscalía, no surgieron evidencias de que hubo un pedido de dinero de Alcántara para entregar esos audios a Del Campo y a Ríos.

Fiscalía analizará si se investiga compra de cámaras para el estadio

La fiscal penal Silvia Pérez, dijo ayer que analizará si corresponde la investigación sobre un eventual delito en el negocio de la compra de las cámaras de reconocimiento facial para el Estadio Centenario por parte de su fiscalía o por otra. De todas formas, la fiscal expresó que el pedido de comisiones entre privados no configura un delito en nuestro país. "Podría ser un delito de estafa, pero no tenemos denuncia", destacó.

Y agregó: "Sí podría ser un delito si afectara a un funcionario de la administración pública".

Al finalizar la reunión con la fiscal Pérez, la abogada del lobista Walter Alcántara, Silvia Etchebarne, dijo que estaba conforme con el archivo del caso. "No esperábamos otro resultado. Desde un comienzo dije que la responsabilidad de Alcántara, si había, era haberlo grabado a Wilmar Valdez", expresó. La profesional señaló que su cliente no participó en ninguna acción que obligara a Valdez a renunciar a su cargo en la Asociación Uruguaya de Fútbol y a su candidatura a la presidencia de dicha entidad.

Tras aclarar que el caso ha sido muy estigmatizante para Alcántara, Etchebarne dijo que por el momento no analiza iniciar una demanda civil contra Valdez.

El abogado del periodista Julio Ríos, Washington Abdala, destacó que el dictamen fiscal concluyó que su defendido era inocente. "Así que todo lo que se dijo en algún momento y que reprochaba (la actitud de Julio Ríos de mostrar los audios a Valdez) era equivocado", dijo el profesional.

Abdala no deseó pronunciarse sobre la decisión del abogado de Valdez, Pablo Galain, de pedir la revisión del caso por otro fiscal.

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