CONCILIACIÓN

Audiencia finalizó sin acuerdo entre fiscal de Rosario y Fiscalía General de la Nación

Sandra Fleitas reclama al Estado $ 4 millones y US$ 40.000 por perjuicios ocasionados por dos resoluciones firmadas por el fiscal de Corte, Jorge Díaz

Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Foto: Fernando Ponzetto
Jorge Díaz, Fiscal de Corte. Foto: Fernando Ponzetto

No hubo acuerdo ayer entre la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, y los representantes de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio de Cultura en una audiencia de conciliación previa a una demanda por daños y perjuicios y daño moral.

Fleitas reclama al Estado $ 4 millones y US$ 40.000 por perjuicios ocasionados por dos resoluciones firmadas por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que fueron luego anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Los fallos de ese organismo no son apelables.

Fleitas enfrentó sanciones, como por ejemplo, la suspensión del cargo por seis meses, con retención de la mitad de los haberes. Su carrera funcional y como docente de Derecho fue afectada, según entendió.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo sentenció que no debía ser sancionada con un plazo tan amplio porque no había reincidido como sí lo entendió la Fiscalía de la Nación. Es decir, el Tribunal anuló la resolución de la Fiscalía de la Nación por una cuestión de forma.

Una fuente de la Fiscalía General de la Nación dijo a El País que el fallo del TCA expresa que, de todas formas, la fiscal debía ser sancionada por su proceder en casos investigados por la Fiscalía de Treinta y Tres.

“Eso fue lo que se hizo. Se le aplicó una sanción de cuatro meses y 20 días”, expresó la fuente.

La fiscal Fleitas también recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso esa resolución de la Fiscalía de la Nación, agregó la fuente.

La fiscal de Rosario no aceptó hacer declaraciones a El País sobre su reclamo.

Otro juicio.

Fleitas no fue la única fiscal que inició una demanda a la Fiscalía de la Nación.

La fiscal de Atlántida, María Falcomer, y la Fiscalía de la Nación mantuvieron una audiencia de conciliación el 23 de setiembre de 2019 ante el Juzgado de Conciliación de 1° Turno. No hubo acuerdo entre ambas partes en esa instancia.

Falcomer reclamó la restitución de la carrera administrativa, ya que fue degradada por la Fiscalía General de la Nación por un supuesto acoso laboral. Y consideró que no tuvo opción de concursar en dos oportunidades porque estaba sumariada y con un cargo inferior.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón. Por eso Falcomer exige por vía judicial una recomposición de su carrera, el pago de daños y perjuicios y salarios retenidos en 2015 actualizados hasta hoy.

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