INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA PASA A LA JUSTICIA

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió realizar una denuncia penal por “hechos con apariencia delictiva”, tras constatar una serie de irregularidades en el Hospital de Treinta y Tres.

Las autoridades actuales, que heredaron los resultados de una investigación administrativa ordenada por la gestión anterior, confirmaron que hubo un sobregasto en la ejecución de 2018. Corroboraron también la contratación a través de compras directas de proveedores con “conflictos de interés” con el organismo e, incluso, la contratación de médicos sin un “llamado a precios”.

La situación derivó en 2019 en el cese del director del hospital junto con todo su equipo de asesores. Sin embargo, no fue hasta fines del año pasado que el nuevo directorio resolvió pasar todo el caso a la órbita de la Justicia Penal. De hecho, de acuerdo a dos resoluciones del organismo a las que accedió esta semana El País, se dispuso iniciar la denuncia tras resolverse el sumario administrativo del subdirector del hospital, por ser este el ordenador del gasto del centro de salud y del gerente financiero.

ASSE encontró que el subdirector “incurrió en una falta administrativa muy grave al haber superado la pauta de gastos en 2018, apartándose de los lineamientos institucionales en su calidad de ordenador del gasto”. En la resolución, ASSE también asegura haber comprobado la “responsabilidad” del jerarca en la “mala ejecución del gasto”, así como en las contrataciones de forma directa de proveedores que “tenían conflicto de intereses con la administración”.

Por otro lado, las autoridades también decidieron pasar a la Justicia los resultados de la investigación administrativa que constatan “la contratación de servicios médicos profesionales” para la unidad ejecutora, en cuyo proceso “se omitió el llamado a precios” correspondiente en contravención a lo que marcan varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (Tocaf).

En relación al contador que ocupaba el cargo de gerente financiero del hospital, ASSE determinó que “no cumplió con la elaboración del presupuesto anual de gastos, ni con la planificación de compras en función de los créditos asignados”. Tampoco “intervino en forma correcta el gasto en determinadas facturas”, señala otra resolución del organismo a la que accedió El País, en la que enumera los motivos por los que se resolvió el pase del caso a la Justicia.

Respecto al subdirector, las autoridades constataron “su responsabilidad en la mala ejecución del gasto” y “en contrataciones en forma directa con proveedores” con conflictos de intereses, violando lo estipulado en el artículo 46 del Tocaf. Allí se establece que no pueden contratar con el Estado los funcionarios de la administración contratante o aquellos que mantengan un “vínculo laboral” con la misma.

El País se comunicó ayer con ASSE para intentar acceder a cuánto asciende el monto del sobregasto, pero la información no fue proporcionada. En 2019, Búsqueda informó que los jerarcas no habían podido justificar gastos de entre $ 40 y $ 50 millones.

En junio de 2019 El País informó sobre la disposición de ASSE de investigar una serie de denuncias de funcionarios del centro de salud. En las mismas, las fuentes indicaban que el hospital había superado los gastos de funcionamiento que tenía destinados para estudios y traslados de pacientes o para la compra de determinados insumos.

Según llegaron a denunciar tres funcionarios del centro de salud a El País, el hospital mantenía en ese entonces una “deuda” con la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett), tras un acuerdo de complementación firmado en 2016 que, aseguran, era deficitario. También cuestionaban el convenio con el Instituto Asistencial Colectivo de ese departamento y denunciaban una serie de irregularidades en la contratación de especialistas por Comisión de Apoyo (tercerizaciones).

En 2016 el hospital firmó un acuerdo de complementación con Comett que fue extendido en 2018, según informó El Observador, por el cual la mutualista proporcionaba anestesistas, ginecólogos, pediatras, cardiología para policlínica y traslados de adultos.

Los funcionarios cuestionaban las contrataciones por Comisión de Apoyo al detectar “problemas de gestión” de ASSE por “no contar con los recursos” y tener que apelar al sistema privado.

En ese momento en ASSE informaron a El País que, si bien existía una deuda con Comett, la misma no sería el motivo principal del sobregasto identificado en el rubro funcionamiento tras realizarse una “auditoría verbal” en el centro de salud.

Del caso hay antecedentes incluso anteriores. El diputado del Partido Nacional, Martín Lema, había cursado un pedido de informes sobre la situación de ese hospital ante la sospecha de incremento de gastos desde 2015. En ese documento se informaba que el aumento entre 2017 y 2018 había sido de 240%, especialmente en los rubros Objetos Médicos y Odontológicos. También se había registrado un incremento de 213% bajo el rubro Otros Servicios Médicos y Sanitarios. Su pedido puso el tema sobre la mesa de las jerarquías de ASSE, que luego resolvieron el cese de las autoridades del hospital.