FALLO INÉDITO

La Justicia dispuso ayer que los dos peones acusados el 27 de diciembre de 2019 por el mayor caso de incautación de cocaína del país (6.000 kilos) pasaran de la prisión preventiva a un arresto domiciliario cuando faltaban 20 días para finalizar la medida cautelar. En el caso también fueron imputados el dueño de una estancia ubicada cerca de Dolores (Soriano) y su hijo de 19 años.

Los peones fueron indagados por el entonces fiscal de la causa, Enrique Rodríguez, por pretender transportar por orden de su patrón unos 1.500 kilos de cocaína a otro campo que estaban escondidas dentro de una tolva. No pudieron salir porque la Policía había rodeado el establecimiento.

Los peones señalaron que estaban durmiendo cuando los despertó su patrón y les ordenó el traslado y agregaron que no sabían lo que estaban llevando.

Durante la feria judicial, los abogados del peón Humberto R., Enrique Erramuspe y Carlos Colmenero, presentaron un escrito solicitando a la jueza suplente de Crimen Organizado la habilitación de la feria judicial para tratar la modificación de la medida preventiva impuesta a su defendido. Es decir, que Humberto R. pasara de una prisión preventiva a un arresto domiciliario. La jueza suplente no hizo lugar al planteo de los defensores del peón rural.

Al regresar de su licencia la jueza titular especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, revocó la resolución de la magistrada suplente e hizo lugar a la habilitación de la feria. Larrieu convocó a una audiencia que se realizó ayer. En los hechos, el caso se trató fuera de la feria judicial, ya que esta terminó la semana pasada.

En la audiencia realizada en la víspera, la fiscal Stella Llorente, abogó por el mantenimiento de la prisión preventiva para los dos peones alegando que faltaban pericias de Policía Científica a celulares y a una computadora. También señaló que había posibilidad de fuga de los dos trabajadores rurales por la cercanía de su domicilio a la costa del Río Uruguay.

Erramuspe dijo a Larrieu que no se cumplían con los requisitos de frustración del proceso porque no había posibilidad de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

Según Erramuspe, su defendido carece de pasaporte, vivió 40 años en una zona rural y la última vez que salió del país fue hace 16 años. Con respecto a frustrar la investigación, el penalista alegó que toda la prueba ya fue recogida en el momento de formalización de la investigación con las incautaciones de celulares, computadoras y documentación.

En tanto, los abogados del peón Juan N., Fernando Couto y Pablo Manito, también abogaron por la prisión domiciliaria de su defendido.

La jueza Larrieu hizo lugar el pedido de la defensa y dispuso el arresto domiciliario de los dos peones con tobillera o custodia policial.

Consultada por El País, la magistrada explicó que dispuso el cambio de medida para los peones porque coincidió con la defensa de que no había riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

Larrieu también señaló que la fiscal Llorente apeló el cambio de medida preventiva dispuesta para los dos peones.

Un tribunal de alzada resolverá si se mantiene la decisión de Larrieu (arresto domiciliario) o se retorna a la prisión preventiva como lo sostiene la fiscal Llorente.

En otras audiencias, Larrieu se ha inclinado por el hecho de que el acusado espere el juicio en libertad o bajo la medida más benigna con el argumento que así lo dispone el Código de Proceso Penal.

La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) informó a la Justicia que no puede disponer tobilleras electrónicas para los peones. La jueza Larrieu dispuso la vigilancia de los trabajadores por la Policía.