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Argentina investiga a club de fútbol de Uruguay

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Maniobra: la Justicia argentina investiga la posible evasión de impuestos a través de Uruguay. Foto: AFP

JUSTICIA

La Justicia del país vecino envió un exhorto donde pide información sobre pases de jugadores locales.

Un exhorto de la Justicia de Argentina, enviado al Juzgado especializado en Crimen Organizado, pidió que se investigara a un club de fútbol uruguayo por eventuales irregularidades en transferencias de futbolistas.

Fuentes de la investigación indicaron a El País que, desde 2012, la Justicia argentina indaga los pases de cerca de 400 futbolistas por supuesta evasión de impuestos.

El escrito de Argentina pide a la Justicia uruguaya cooperación en la indagatoria. Por ello, en los próximos días, serán citados a declarar directivos del equipo de fútbol. No trascendió si se trata de un club de primera o de segunda división del fútbol uruguayo.

El pedido de colaboración solo pide información y no incluye la necesidad de un pronunciamiento del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco.

No es la primera vez que la Justicia uruguaya debe colaborar en investigaciones sobre pases de futbolistas. A principios de 2017, la Justicia penal de Rumania inició una investigación a un grupo criminal sospechoso de efectuar estafas y defraudación tributaria, que utilizó transferencias de jugadores de fútbol desde América hacia Europa para cometer dichos delitos. En ese momento, la jueza María Helena Mainard y el fiscal Pacheco recibieron un exhorto de la Justicia rumana sobre el pase de un jugador perteneciente a un club de primera división de Uruguay. El futbolista milita hoy en Europa.

Otros pases de futbolistas de la región también se encuentran bajo investigación judicial en Rumania. Pacheco no realizó ninguna objeción a ese pedido de información.

Bajo la mirada de la FIFA.

En julio de 2013, la FIFA realizó preguntas y cuestionamientos respecto a montos de transferencias de jugadores realizadas por el club Sudamérica.

Los cuestionamientos de la FIFA apuntaban a los supuestos incumplimientos por parte de otro equipo uruguayo de los derechos económicos surgidos antes de las transferencias.

Cuando se realiza un pase de un jugador de fútbol el comprador debe pagar porcentajes por derechos de formación y eso no siempre se cumple.

En medio del proceso formativo, distintos contratistas se quedan con porcentajes de los derechos económicos generados, y cuando se concreta la venta del futbolista, los clubes que lo formaron cobran "migajas", dijo en aquel momento a El País el dirigente de un club.

Otro elemento que generaba preocupación en la FIFA en 2013 era que gerentes deportivos —algunos de ellos eran empresarios argentinos— utilizaban clubes uruguayos para realizar "pases puente" de jugadores a Europa con el propósito de pagar menos impuestos o mantener los derechos federativos de un jugador dentro de una institución de confianza del contratista.

Los empresarios no pueden ser propietarios de los derechos federativos de un futbolista.

En el segundo semestre de 2013, llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) una comunicación de FIFA que solicitaba información sobre pases de jugadores concretados por un club de Uruguay.

Esa misma institución deportiva integra una lista de clubes uruguayos que fueron acusados por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) —la DGI del vecino país— de ser "paraísos fiscales deportivos".

La AFIP denunció el caso ante el entonces juez argentino Norberto Oyarbide, quien inició una causa judicial que derivó en la investigación de los pases de 446 jugadores de ese país. Parte del dinero generado por esos pases ingresó en forma irregular a Uruguay y luego se bancarizó, según el Banco Central del Uruguay.

Decreto de Tabaré Vázquez

El 20 de septiembre de 2017, el presidente Tabaré Vázquez aprobó un decreto que comenzó un proceso de ordenamiento y transparencia en las operaciones de transferencia de deportistas profesionales, de tal manera de cumplir con las normas nacionales e internacionales vigentes. Uno de los puntos más relevantes de la resolución es su primer artículo, que establece de forma expresa que las instituciones deportivas no podrán ceder los derechos de los deportistas a contratistas o a otra institución sin personería jurídica.

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