JUSTICIA

Este miércoles serán indagados jerarcas de la empresa en Maldonado.

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Un funcionario de Antel alquiló al ente un predio para que se instalara una antena de telefonía celular en 2018 en el barrio Altos del Pinar de Maldonado.

El empleado cobró por adelantado un alquiler de US$ 30.000. Al enterarse que era funcionario, el directorio del ente lo sumarió, lo separó del cargo y decretó nulo el contrato. Ahora Antel solicita al Poder Ejecutivo la expropiación del predio, ya que estudios técnicos consideran que ese es el mejor lugar para instalar la radiobase de telefonía celular.

La fiscal de Maldonado, Mariana Alfaro y su adjunta, Dayana Nuñez, investigan el caso tras una denuncia de vecinos.

El próximo miércoles declararán en la Fiscalía funcionarios de Antel en calidad de indagados, dijo a El País el abogado de los vecinos Pablo Piacenti.

El 28 de noviembre de 2018, el directorio de Antel emitió una resolución donde analizaba el contrato firmado con su propio funcionario para alquilar el predio donde se instaló la radiobase de telefonía celular denominada “Maldonado Park”.

La resolución expresa que el precio del arrendamiento se fijó en US$ 30.000 por el plazo de 15 años a partir de la firma del contrato.

“En forma posterior a la firma del contrato, se advirtió que existe un vínculo funcional entre el propietario del mencionado inmueble J.C.R.C. y esta Administración”, dice la resolución del Directorio.

Advierte que la calidad de funcionario que revista J.C.R.C. le impide contratar válidamente con el ente de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (Tocaf).

Para Antel, el contrato “es inexistente” y “pasible de ser declarado absolutamente nulo” por ausencia de uno de los presupuestos extrínsecos al negocio, dado que si bien el J.C.R.C. tiene capacidad jurídica, se encontraba “imposibilitado” de celebrarlo por una norma que expresamente lo impedía.

Es decir, el funcionario del ente incurrió en eventual delito de conjunción del interés público con el privado al firmar un contrato con la empresa estatal donde trabajaba.

En su resolución, Antel expresa que la implantación de la radiobase en el predio se realizó luego de una serie de estudios técnicos, los cuales concluyeron que, por sus características planimétricas, es el lugar adecuado para el asiento de la antena.

El directorio sostiene que el servicio de telecomunicaciones es de interés general y la ubicación de la radiobase en el predio de J.C.R.C. resulta de “vital importancia” para la prestación y continuidad de servicios de telecomunicaciones en el área, según la información a la que accedió El País.

En la resolución, Antel dice que el procedimiento expropiatorio es una garantía constitucional fundamental del estado de derecho que se materializa en la posibilidad de limitar o privar del derecho de propiedad a un particular a cambio de una justa y previa compensación en los casos de necesidad y utilidad públicos legalmente establecidos, para que la Administración pueda desarrollar su cometido de protección de interés general.

En ese contexto, el directorio de Antel autorizó a la Sub Gerencia General Asesoría Letrada a realizar acciones tendientes a dejar nulo el contrato firmado con el funcionario y solicitar al Poder Ejecutivo el decreto de Expropiación del terreno donde se instaló la antena de celular.

Piacenti dijo que, cuando se instaló la antena radiobase de telefonía celular de más de 40 metros en el barrio Altos del Pinar en Maldonado, más de 150 vecinos se opusieron. “Algunos denunciamos el hecho notorio e irregular de que el propietario del terreno que alquiló a Antel es precisamente funcionario del ente”, dijo el penalista.

Y agregó: “Ese funcionario de Antel recibió 30000 dólares por adelantado en el 2014. Es decir, cuatro años antes de que se autorizara la instalación”.

Un grupo de vecinos del Barrio Altos del Pinar de Maldonado, representados por el abogado penalista Pablo Piacenti, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la capital fernandina para que investigue el contrato donde un funcionario de Antel alquiló un predio al ente para que instalara una radiobase de telefonía celular. “Dicha antena vulnera todas las normativas municipales respecto a alturas de nuestro barrio (Barrio Jardín) y se aprobó su permiso de instalación por la Intendencia de Maldonado previendo que la misma se instalaría en otro barrio con normativa diferente”, dice la denuncia.

Los vecinos también cuestionaron que la antena se haya instalado próxima al Colegio Pinares y a un CAIF.

“Todos estos hechos irregulares fueron planteados en un recurso administrativo ante la Intendencia (de Maldonado) que se encuentra a estudio”, dice la denuncia en alusión al contrato de alquiler que firmó un funcionario de Antel con el ente.

“Este hecho es absolutamente significativo y a este grupo de vecinos nos interesa que se investigue hasta las últimas consecuencias todas las connotaciones de esta atípica contratación entre Antel y el particular mencionado”, agrega el documento.

Piacenti pidió a la Fiscalía que solicite a Antel información relativa al contrato y que detalle el vínculo del propietario del terreno con la empresa estatal. Agregó que pide que se informe qué actividad desempeña el mismo y desde cuando.

Y pidió a la fiscal Alfaro que cite a declarar a la directora de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado y a jerarcas de Antel.