DEMANDA MILLONARIA

Una empresa competidora presento el reclamo por daños y perjuicios; ahora apelará el fallo.

El 8 de junio de 2009 la empresa Salaur S.A., fabricante de grappa, inició una demanda contra el Poder Ejecutivo, Ancap y privados (UNIT y empresas vinculadas a la comercialización de bebidas alcohólicas). Reclamó alrededor de US$ 70 millones por daños y perjuicios ocasionados por competencia desleal y actividad monopólica por parte del ente. Es decir, Salaur S.A. alegó que Ancap era juez y parte en el negocio de la grappa.

En una sentencia fechada el 24 de abril de 2019, el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanian, desestimó la demanda de Salaur S.A. por entender que la planta de dicha empresa “no tenía capacidad operativa” para generar alcohol vínico y fabricar grappa con ese producto.

Fuentes del caso dijeron a El País que Salaur S.A. apelará el fallo.

En su fallo, Ohanian señala que el juicio de Salaur S.A. se sintetiza en que fue seleccionada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) como la única empresa habilitada para recepcionar la totalidad de los subproductos (orujos y borras de vino) resultados de la vinificación de la uva correspondientes a la zafra 2005 a 2008 y 2009.

Ohanian consideró que el objeto contractual que vinculó a Inavi con Salaur S.A. “es absolutamente nulo”, por cuanto en los hechos constituye un “monopolio ilegítimo”. Es decir, advierte el juez, no se puede establecer un monopolio por fuera de las previsiones establecidas por la Constitución de la República.

En la sentencia, a la que accedió El País, Ohanian dice que el contrato que vinculó a Salaur S.A. con Inavi no fue agregado por la demandante en el juicio y advierte que la firma tenía la obligación procesal de hacerlo.

La Justicia solicitó ese contrato a Inavi. Pero el instituto respondió que el documento se había extraviado conjuntamente con el expediente que le dio origen.

Además de considerar que el contrato entre Inavi y Salaur S.A. generaría un monopolio ilegítimo, Ohanian señala una segunda razón para desestimar la demanda de dicha empresa: su planta no tenía potencialidad operativa de producir alcohol vínico a escala.

Para sostener esa afirmación, el magistrado recuerda en la sentencia las declaraciones de testigos sobre la capacidad de producción de la fábrica de Salaur S.A.

Según el ingeniero químico Ghisleri, el equipamiento con que contaba la planta de Salaur S.A. “no era apto” para la producción a escala de las borras y orujos con los que pretendía obtener alcohol vínico. Es decir, la planta de la empresa demandante “no tenía aptitud para producir alcohol vínico” por no contar con suficientes equipos como una columna de rectificación. Una opinión similar señaló en el juzgado la ingeniera química Nilda Medina: “Esa planta no era apta para procesar los orujos y borras” de vino.

En 2007, la empresa ya no estaba operativa, según dice la sentencia citando una inspección de Inavi.

Luego de valorar un conjunto de pruebas, el juez Ohanian arriba a la conclusión de que la empresa Salaur S.A. “nunca tuvo” una planta fabril con la capacidad de procesar todos los orujos y borras de las zafras vínicas. Y la condenó a pagar los gastos del juicio y honorarios de abogados por haber actuado con “malicia temeraria”, ya que probó en la demanda haber hecho una inversión de US$ 50.000 en una planta pero reclamó una cifra “inédita” en nuestro medio.