DICTADURA

Allanaron dos viviendas para buscar archivo que militar retirado ofreció a Lacalle Pou

Sergio Pintado Otero, militar retirado, envió una carta al presidente en la que ofrecía el archivo del exjefe de Inteligencia del Ejército durante la dictadura, José Antonio Rodríguez Buratti.

Ricardo Perciballe. Foto: Francisco Flores.
Ricardo Perciballe. Foto: Francisco Flores - Archivo El País 

Este miércoles se allanaron dos viviendas en busca del archivo que Sergio Pintado Otero, militar retirado, ofreció al presidente Luis Lacalle Pou a mediados de mayo, informó El Observador y confirmó El País con fuentes de la Fiscalía.

Los domicilios de Otero allanados se encuentran en Paysandú y en Montevideo. Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, fue quien solicitó estos allanamientos. 

Sergio Pintado Otero había enviado una carta al presidente Lacalle Pou donde ofrecía el archivo del exjefe del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) durante la dictadura, José Antonio Rodríguez Buratti, informó el programa Séptimo Día de Canal 12 el 17 de mayo.

Perciballe dijo a El País esta tarde que "los allanamientos fueron negativos". El fiscal añadió: "No sé si existe un archivo Rodríguez Buratti" y "no podemos ni descartar ni confirmar que él lo posea", en referencia a Pintado Otero. "Archivos existen, pero que se encuentren es otra cosa", añadió. 

El fiscal comentó que tras un trabajo previo se tomó la decisión de llevar adelante estos dos allanamientos. Pintado Otero “nunca fue interrogado, salvo la instancia hoy con los policías que estuvieron en el allanamiento” en Paysandú, donde reside el militar retirado, agregó.

Según Pintado Otero, Rodríguez Buratti le había entregado el archivo antes de suicidarse, en 2006, cuando fue citado a declarar. En la carta que le envió Otero a Lacalle Pou, el militar retirado puso una condición para entregarle el archivo: el pago de una presunta deuda que mantenía el Estado con él por el cálculo jubilatorio.

El 11 de setiembre de 2006, Rodríguez Buratti se suicidó antes de ser detenido por Interpol. De acuerdo a lo que informó La Red 21 en ese entonces, ese mismo día "iba a ser conducido a la sede penal de 19º Turno del doctor Luis Charles, junto a otros ocho implicados en violaciones a los derechos humanos". Mirtha Guianze, fiscal, había pedido los procesamientos con prisión, por privación de libertad y asociación para delinquir, "dentro del expediente que investiga la desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso".

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