JUDICIALES

No es común que el nombre de un juez de Adolescentes esté en las primeras planas de los diarios, semanarios o en los informativos de televisión. Eso fue lo que ocurrió a Allen Denby entre 2010 y 2016.

En los innumerables casos que debió fallar Denby como juez de Menores, hay tres emblemáticos y, entre ellos, uno que obligó al gobierno anterior a modificar sus políticas con respecto a los menores infractores. Los casos son: el asesinato a sangría fría de un empleado de la Pasiva de 8 de Octubre y Manuel Albo; la rapiña en el Correo de Pocitos y el secuestro de un empresario.

Denby, al igual que sus colegas, fiscales y defensores de Menores, debió enfrentar entre 2012 y 2015 una ola de casos criminales generada por adolescentes, quienes declaraban en los juzgados que “delinquir era negocio” o “voy a comprarme una casa, otra para mi madre y cuando cumpla los 18 voy a parar” o “lo que un juez gana en un mes yo lo hago en tres minutos”.

Denby se retiró siendo juez de Adolescentes. Falleció el miércoles 16, según informó una fuente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a El País.

El 13 de mayo de 2012, dos menores ingresaron al local de La Pasiva, ubicada entonces en 8 de Octubre y Manuel Albo. Pidieron un refresco. El empleado, Gastón Hernández (35) colocó la bebida encima del mostrador y apoyó sus dos manos en jarra, esperando un nuevo pedido o el dinero. Uno de los menores extrajo un arma y disparó con total frialdad. Hernández falleció. Tenía cinco hijos.

Los dos menores fueron capturados. También dos mayores, entre ellos una mujer que trabajaba en La Pasiva y que había contratado a los adolescentes para ultimar al encargado del local y no al empleado.

El juez Denby y la entonces fiscal de Adolescentes, Nancy Hagopian -hoy fiscal de Flagrancia de Montevideo-, condenaron a los adolescentes por el homicidio de Hernández.

La filmación de la rapiña fue reproducida por los canales de televisión en varias ocasiones y el caso se viralizó en las redes. La inusitada violencia desplegada por los rapiñeros y el hecho de que la víctima no opusiera la mínima resistencia, generaron un gran indignación en la población. La oposición reclamó al gobierno medidas más duras hacia los menores infractores. El Parlamento aprobó una pena mínima de un año de prisión para los adolescentes autores de rapiñas, secuestros, violaciones y homicidios.

Otro caso que generó conmoción social fue el asalto al local del Correo de Pocitos, ocurrido en horas pico el 5 de agosto de 2013. En la rapiña fallecieron un policía y un delincuente adulto y otro agente recibió múltiples heridas de bala. Dos menores fueron capturados. Cuatro años más tarde, el INAU solicitó medidas alternativas a la prisión para uno de los adolescentes que, en ese momento, era acusado de haber cometido tres homicidios. Denby y Hagopian se opusieron en base a informes del ITF.

El juez Denby también debió fallar sobre un caso de secuestro a un empresario ocurrido el 11 de junio de 2015 cuando se dirigía rumbo a su empresa de maquinaria forestal ubicada en las inmediaciones de la avenida San Martín. El comerciante fue interceptado por dos personas que lo subieron a una camioneta marca Faw, matriculada en Rivera. Un testigo que caminaba por ese lugar informó que huyeron por la calle Felipe Contucci. El operativo policial, organizado por el entonces comisario Roberto Olivera, logró hallar el vehículo en una calle del barrio Marconi. Dos agentes detuvieron a un dominicano y a dos menores. En una casa se halló a la víctima.

La jueza Julia Staricco dispuso el procesamiento con prisión de un dominicano imputado de un delito de secuestro. El juez Denby y el fiscal Diego Pérez dispusieron para los menores la internación en dependencias de INAU por secuestro.

Consultada la fiscal Hagopian sobre Denby, respondió: “Era un muy buen magistrado. Una persona honesta, incapaz de hacer una jugarreta. Era un señor en todos los aspectos”.