DENUNCIA

Acusan a Justicia y Fiscalía de no investigar ocupación de terreno en Punta Ballena

"Abandonaron” la investigación y archivaron la denuncia “incurriendo en denegación de justicia”, dice el escrito presentado por el abogado Juan Pablo Tafernaberry.

Ocupación de terreno en Punta Ballena. Foto: El País
Ocupación de terreno en Punta Ballena. Foto: El País

A pesar de las maniobras delictivas a investigar, y aunque aún se debía hacer un careo entre una escribana procesada y un ocupante de un valioso terreno de Punta Ballena, la Fiscalía y la Justicia “abandonaron” la investigación y archivaron la denuncia “incurriendo en denegación de justicia”.

Así lo sostiene el abogado Juan Pablo Tafernaberry en un escrito de citación a conciliación al Poder Judicial, a la Fiscalía General de la Nación (FGN) y al Ministerio de Educación y Cultura por un reclamo de una indemnización por daños y perjuicios.

La audiencia de conciliación entre los organismos estatales y los propietarios del terreno usurpado se realizó el lunes 9 y concluyó sin acuerdo entre las partes.

El escrito de pedido de audiencia de conciliación, al que accedió El País, señala que el inmueble ocupado tenía un valor de US$ 120.000.

Fue usurpado por Miguel F. en forma “arbitraria” e “ilegal”, dice el texto. Y agrega que, con el correr de los meses, el intruso construyó una vivienda y cercó el terreno.

Un matrimonio propietario del inmueble presentó en 2014 una denuncia penal contra Miguel F., expediente que se encuentra en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 10º Turno.

En el transcurso del proceso penal se armó una pieza de presumario para investigar la actuación de la escribana A.A., quien autorizó un supuesto contrato de cesión de derechos posesorios.

Según el escrito de conciliación, ese acuerdo fue utilizado por el usurpador como defensa de su ocupación arbitraria, a pesar de que ni siquiera figura su nombre en el “documento”. Es decir, alegó que le daba los derechos posesorios del terreno, cuando en realidad ese “documento” tiene como supuesto cedente a Juan H. y como supuesta cesionaria a la Sra. María M., y como supuestos testigos a Rubén B. y Miriam N. Dicha “escritura”, autorizada por la escribana A.A., está fechada el 25 de mayo de 2012 y la inscripción registral fue eliminada el 24 de noviembre de 2012 por no cumplir con los requisitos legales, señala el escrito de Tafernaberry.

En una audiencia penal realizada el 29 de junio de 2016, el supuesto testigo de la cesión de derechos, Rubén B., contradijo todo lo que surge del “documento”, lo que motivó el presumario para investigar la actuación de la escribana A.A. que elaboró la cesión de derechos.

El juez penal de Maldonado de 10º Turno ordenó el 10 de abril de 2019 el envío de oficios a UTE y OSE, una intimación al ocupante Miguel F. y un careo entre este, la escribana A.A. y el testigo de la cesión de derechos del terreno, Rubén B.

En paralelo, el Juzgado Penal de San Carlos de 2º Turno procesó con prisión a la escribana A.A. en 2019 por un delito continuado de falsificación ideológica de documento público con un delito continuado de estafa.

Dicho procesamiento fue por maniobras idénticas a las denunciadas por los propietarios del terreno de Punta Ballena, ya que también se utilizaron documentos falsos de cesión de derechos posesorios.

El juez de Maldonado fijó que la audiencia para el careo se iba a efectivizar el 15 de octubre de 2019, pero la misma no se realizó porque la Policía “no pudo” ubicar a la escribana A.A.

El Juzgado y la Fiscalía, en lugar de ordenar que se ubicara inmediatamente a la escribana A.A. siendo que su ausencia del lugar adonde debía estar podía tipificar el delito de autoevasión, dispusieron el archivo de las actuaciones, según el escrito.

Y agrega: “(El Poder Judicial y la Fiscalía) abandonaron la investigación e incurrieron en denegación de justicia, generando daños y perjuicios y responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus deberes legales y constitucionales”.

Por ello, los dueños del bien reclaman a ambos organismos una indemnización de US$ 180.000 por responsabilidad estatal.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados