FALLO DE TRIBUNAL DE APELACIONES

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Daniela da Silva

tenía 31 años y una hija de nueve. Se había recibido de auxiliar en enfermería y pedido su traslado al Hospital Policial porque tenía miedo. Como era policía, le preocupaba ser atacada por delincuentes.

El 6 de marzo de 2020 terminó su turno como custodia en una sede diplomática y se fue a su casa, ubicada en el barrio Nuevo Ellauri. Dos delincuentes, que sabían que ella era policía, la estaban esperando en la esquina de la casa, ubicada en Avenida San Martín y Matilde Pacheco, para rapiñarla y robarle su arma de reglamento. Los delincuentes estaban en moto y cuando vieron a Da Silva acercarse comenzaron a forcejear para robarle el arma. Uno de ellos le disparó en el cuello y ella cayó. A unos 30 metros, dentro de la casa de la efectiva, estaba su pareja, también policía. Al ver la situación comenzó a disparar contra los delincuentes que, en ese momento, intentaban llevarse el chaleco antibalas de la víctima. Los rapiñeros lograron huir.

Da Silva murió un día después. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que recién había asumido el cargo, lamentó el hecho y expresó: “No va a haber lugar en donde no los busquemos. Que sepan con toda claridad que los vamos a buscar y a encontrar. Que este crimen no va a quedar impune”.

El caso cayó en manos del fiscal de Homicidios Juan Gómez, pero al saber que los señalados por haber matado a Da Silva eran menores, quedó a cargo de la fiscal de Adolescentes María de los Ángeles Camiño. El 19 de marzo imputaron al principal sospechoso, un menor de 17 años. Según habían indicado fuentes de la investigación a El País, el menor era considerado líder de una banda delictiva compuesta por cuatro menores de Nuevo Ellauri.

El coautor del crimen, que era quien acompañaba al asesino en la moto, fue imputado el 18 de abril de 2020. En agosto de este año ambos menores fueron condenados, en primera instancia, como autor y coautor de un homicidio muy especialmente agravado. La pena para el que disparó fue de cinco años de internación en una dependencia del Inisa -máxima pena antes de que entrara en vigencia la Ley de Urgente Consideración, que elevó el máximo a 10 años- y para el coautor fueron cuatro años y seis meses de internación.

Las defensas de ambos menores apelaron la sentencia en primera instancia y el caso recayó en el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno de Familia.

El pasado jueves el Tribunal, por unanimidad, revocó la sentencia y absolvió a los dos menores que habían sido condenados. En el fallo judicial, al que accedió El País, se argumenta que las pruebas presentadas por Fiscalía no fueron suficientes. Los ministros firmantes sostienen que los adolescentes “fueron escrachados” en redes sociales y que eso “lleva a pensar que pueden existir interesados en incriminarlos”.

Por otra parte expresan que el testigo presencial describió la ropa que llevaban los adolescentes al momento del crimen, pero esto “no sería un elemento que pueda dar cuenta de quiénes se trataba”, ya que “es una vestimenta común en jóvenes de esa edad en la zona”.

La fiscal Camiño, en tanto, argumenta que “surge probada” la participación de los adolescentes. Y que a pesar de que no se hallaron el arma ni la moto, y de que no había cámaras que los incriminaran (lo cual describió como un “caso ideal”), está claro que la atacaron para robarle su arma y su chaleco.

Según la Fiscalía se “logró probar porque dos ciudadanos, a pesar del miedo, se animaron a declarar con las garantías del testigo de identidad reservada. Dichas declaraciones “resultaron coincidentes no solo entre sí sino con las vertidas” por la pareja de Da Silva, dijo Camiño.

El Tribunal también manifestó que “llama la atención” que un testigo protegido haya declarado que ambos tenían “pelo corto” cuando llevaban casco. Los ministros sostienen que no hubo incautación de elementos que pudieran comprometer a los acusados y que además, ellos se presentaron voluntariamente y negaron su participación.

De esta manera decidieron revocar el fallo y dejarlos libres. Según indicaron fuentes de la Fiscalía a El País, Camiño presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que revea la decisión de dejar libre a quien, a juicio del Ministerio Público, son los responsables de matar a Da Silva.