MALDONADO

La Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay acusó a la Fiscalía de Maldonado de no adoptar medidas sanitarias en el box donde se desarrollan las reuniones con imputados. Ello llevó, advierte la gremial, a que dos defensoras de oficio se contagiaran con el nuevo coronavirus.

En una carta enviada el lunes 12 pasado, la Asociación de Defensores le pidió a la Suprema Corte que adopte medidas que permitan a los defensores de oficio entrevistarse con los imputados en el Centro de Justicia antes de las audiencias y no en la sede de la Fiscalía fernandina, según dijeron a El País fuentes judiciales.

La nota, firmada por el presidente de la gremial de Defensores de Oficio, Joaquín Gamba, y la secretaria de dicha asociación, Gabriela Machado, fue dirigida al presidente de la Corte, Tabaré Sosa.

La misiva relata que, el miércoles 7, una defensora pública culminó su turno y comenzó a sentirse enferma. Tras el hisopado, el resultado dio positivo de COVID-19. Dos días después, otra defensora pública, que había continuado el turno penal también fue diagnosticada con la enfermedad. Ambas abogadas coinciden en que contrajeron el virus en la Fiscalía.

Según la carta enviada a la Corte, en la Fiscalía de Maldonado la habitación destinada a las entrevistas de defensores con imputados “no cuenta” con las condiciones de salubridad dispuestas por el MSP.

El espacio, dice la misiva, no permite mantener la distancia mínima recomendada; falta ventilación ya que no posee ventanas que permitan abrirse; no hay desinfección entre un detenido y otro, y no existen elementos de higiene.

Los defensores confeccionaron un protocolo de actuación. Y solicitaron a la Fiscalía de Maldonado que les envíe las carpetas investigativas por mail y que les permita entrevistar a los imputados en el Centro de Justicia, minutos antes de que se realicen las audiencias. Los fiscales se negaron argumentando que, por orden directa del fiscal de Corte, Jorge Díaz, no podían entregar la carpeta investigativa, señala la misiva.

Los defensores pidieron a la Corte que solicite las medidas sanitarias correspondientes a la Fiscalía General y una inspección de los ministerios de Trabajo y Salud Pública, a fin de que la Fiscalía cumpla con los requisitos sanitarios.

Una fuente de la Fiscalía de la Nación dijo a El País que hace poco más de un mes una inspección del Ministerio de Trabajo concluyó que no había ninguna irregularidad en la Fiscalía de Maldonado. Y agregó que hoy los espacios son mayores porque una gran cantidad de fiscales trabajan en forma remota. Señaló, además, que no hay registro de abogados defensores que se contagiaran de COVID-19 en la Fiscalía.

La fuente, además, negó la versión de que Díaz haya dado una orden para que no se entregara una carpeta investigativa.