EL DEBATE POR LA LUC

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Por iniciativa del Poder Ejecutivo o agregados y modificaciones realizadas en la Cámara de Senadores, la Ley de Urgente Consideración (LUC) incursiona en varios aspectos que involucran a las intendencias departamentales. Por este motivo, la Sala de Abogados del Congreso de Intendentes elaboró un informe procurando valorar el impacto en un muy amplio espectro de temas. El documento, en poder de El País, elogia distintos lineamientos del proyecto de ley del gobierno, pero también enciende luces de alerta sobre algunos de sus artículos.

Por ejemplo, expresa preocupación por el hecho de que el monto de la compra directa (que se hace sin llamado a licitación) se baje de $ 500.000 a $ 200.000, y porque no puedan participar de este mecanismo las empresas privadas de propiedad estatal.

“Para organismos como las intendencias, que realizan anualmente miles de contrataciones necesarias para el adecuado funcionamiento de los múltiples servicios y la realización de obras, las interrogantes planteadas representan incertidumbres imprescindibles de subsanar”, destaca el documento.

La Sala de Abogados del Congreso de Intendentes ve con satisfacción el requerimiento que hace la LUC de representantes de los gobiernos departamentales por parte de organismos nacionales, aunque advierte por las “dificultades crecientes que ello implica en términos de la dedicación de recursos humanos técnicamente solventes, la necesidad de establecer instancias colectivas de análisis y de recursos financieros, tanto para el financiamiento de las representaciones como de las responsabilidades que, en forma ineludible, se van asumiendo en forma incremental”.

El informe señala que en varios artículos proyectados se prevén nuevas o mayores presencias del Congreso de Intendentes en varios organismos. Por ejemplo, se incluye en la integración de las Comisiones Departamentales de Educación a un miembro del gobierno departamental. Ocurre lo mismo en el Consejo Nacional de Meteorología, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, y se crea el Instituto de Bienestar Animal, en donde la dirección del mismo la realizará un consejo directivo con un representante del Congreso de Intendentes. También se suma la participación de personal en las previstas Comisiones Regionales Departamentales o Municipales.

El lunes de esta semana, la comisión especial de Diputados encargada del tratamiento de la LUC recibió a una delegación del Congreso de Intendentes encabezada por su presidente, Christian Di Candia.

El intendente de Montevideo hizo especial énfasis en los artículos 475 y 476, que refieren a las áreas protegidas.

Con el informe de la Sala de Abogados sobre la mesa, Di Candia dijo que “nos parece fundamental la creación de un fondo para sumar recursos del gobierno nacional a las 17 áreas protegidas que ocupan cerca de 400 mil hectáreas en 11 departamentos del país. Es necesario estimular estas oportunidades de desarrollo de forma sustentable”.