JUSTICIA

Abogado Enrique Viana denunció a Fiscalía y a un policía

El abogado penalista denunció a la Fiscalía General y a un policía por una supuesta coacción y prisión ilegal de una persona privada de libertad.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Marcelo Bonjour
Fiscalía General de la Nación. Foto: Marcelo Bonjour

El abogado penalista Enrique Viana denunció en el Juzgado Penal de 39° Turno a la Fiscalía General y a un policía por una supuesta coacción y prisión ilegal de una persona privada de libertad.

Viana, abogado defensor del recluso, dice que este y su familia “vendrían siendo víctimas de desembozadas amenazas o presiones indebidas por parte de la autoridad estatal”.

Y agrega: “Por dichas amenazas o presiones indebidas de la autoridad estatal se pretendería que M.N. declarara contra sí mismo y, encima, efectuando alguna delación y todo a cambio de un cese de su privación de libertad ilegal”.

Viana sostiene en su denuncia: “¿Qué clase de trato es este que han imaginado gentes doctas (instruidos)? El fiscal no es sino un acusador público, el ejecutor de la ley. Y el ejecutor no puede alterar un ápice a la ley”.

El exfiscal advierte que este proceso penal habilita también el uso de la prisión preventiva como pena anticipada e insiste en que esta medida también se utiliza como “sanción extorsiva o chantajista”.

En tal caso, dice Viana, la Fiscalía habría empleado para su “malicioso propósito” un ataque al ejercicio de la defensa técnica y material de la persona privada de libertad reclamándole a la madre del recluso la sustitución del abogado defensor -el propio Viana- para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, en el cual su hijo sería beneficiado con una libertad más cercana. “Al parecer, además del intento de forzar un pacto donde se acuerdan hechos, verdad material, delitos, penas, libertad, etc., ahora también desde el Estado se pretende pactar la elección del abogado que patrocina a su contraparte en materia penal. El colmo del abuso estatal”, dice.

Y denuncia a un oficial policial por supuestas presiones a la familia del recluso para que busque a otro penalista para sustituirlo.

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