CASO URSEC

A pedido del fiscal Ricardo Lackner, la jueza Beatriz Larrieu inició ayer el proceso penal contra un segundo funcionario de la Fiscalía General acusado de filtrar información confidencial en el caso Cendoya en el que se investiga la destrucción y sustracción de documentos de la Ursec.

Este funcionario, que amenazó con arrojarse desde el techo de la Facultad de Ciencias, estaba internado por una depresión. Tras recibir el alta, fue formalizado ayer. Su defensor es el abogado Martín Frustaci.

Otro funcionario fue formalizado semanas atrás por un delito de abuso de funciones. El viernes 3, se dispuso la prisión domiciliaria para él tras un pedido de su abogado, Ignacio Durán. El profesional asumió el caso cuando el imputado ya tenía prisión preventiva.

Según el penalista, las pericias a celulares y computadoras determinaron que su defendido no fue el funcionario infiel que refieren la Fiscalía y la prensa. “Quedó de manifiesto también que la vorágine diaria de lo que es la Fiscalía y la falta de recursos humanos, muchas veces hace que funcionarios tengan claves y contraseñas de otros, incluso de fiscales. Obviamente eso no solo no da seguridad jurídica para actuar, sino que puede dar lugar a filtraciones de información muy valiosa para la investigación”, dijo Durán.

Insistió en que el sistema se “vuelve muy permeable” porque “se comparten usuarios y contraseñas para acceder a las novedades policiales”. Y agregó: “A mi cliente le hicieron la “cama”; ingresaron con su usuario y clave”.

Durán señaló que fue “muy respetuoso” de la reserva solicitada por los fiscales Lackner e Ignacio Arias, pero transcurridos los días también debe velar por los intereses de su cliente.

Una fuente de la Fiscalía dijo a El País que está prohibido intercambiar claves y usuarios y agregó que ello constituye una falta grave.

Tras advertir que esa situación viola la seguridad, la fuente sostuvo que hay varios procesos disciplinarios en curso y aún no se llegó a las conclusiones.