conflicto en el Poder Judicial

Judiciales esperan que Vázquez mueva o endurecerán medidas

El conflicto unido a la feria llevaría a tener dos meses sin actividad judicial.

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Los judiciales quieren que se incluya una partida salarial en el Presupuesto. Foto: M. Bonjour

El sindicato de los funcionarios judiciales estima que la declaración de inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 19.310 (votada en el período anterior) puso la pelota en la cancha del gobierno. Espera que el presidente Tabaré Vázquez "mueva", lo que para los funcionarios implica que movilice una partida de 246 millones de pesos (8,5 millones de dólares) que fue prevista en la mencionada ley y permanece vigente dado que la Corte no se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la misma. Este monto, dispuesto para ser repartido entre todos los funcionarios judiciales, implicaría un aumento del orden del 8%. Los judiciales aspiran a que en las próximas horas el Ejecutivo proponga una solución e incluya la partida en el Presupuesto Nacional que se vota en el Senado por estas horas. Sin embargo, desde el gobierno la intención es no tocar el Presupuesto y abrir una negociación paralela para que los tiempos no lo apremien. La decisión fue comunicada ayer a la bancada del Frente Amplio desde la Torre Ejecutiva.

Los judiciales pararán hoy para reunirse en asamblea. El presidente del sindicato, Carlos Fessler, dijo a El País que ayer mantuvo contacto con jerarcas del gobierno y les trasmitió su intención de alcanzar una solución al conflicto.

"Nosotros no tenemos la intención de doblarle el brazo al gobierno. Tenemos disposición a conversar y negociar una salida. Pero los tiempos son importantes. El 24 de diciembre empieza la feria judicial hasta enero. Si profundizamos el conflicto en estas semanas que faltan se concretarán dos meses sin actividad judicial, eso genera una distorsión muy importante. No es nuestra voluntad, pero así como fuimos empujados a iniciar este conflicto, también estamos dispuestos a sostenerlo", afirmó Fessler.

Los judiciales también realizarán paro el jueves para asistir a una marcha en defensa del Poder Judicial, a la que adherirán los actuarios y defensores de oficio.

El tema se coló como era de esperar en la reunión del plenario del Senado. Allí, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió un cuarto intermedio para ver qué hacer, pero nunca se votó porque el oficialismo estaba en consultas con el Ejecutivo. Bordaberry es de la idea de que el gobierno negocie una salida al problema.

Mientras, el senador nacionalista Álvaro Delgado propuso una definición para ver si finalmente habría una previsión presupuestal por parte del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, en la última etapa de tratamiento de la ley de Presupuesto, el Senado se abocará hoy a discutir, y seguramente aprobará con votos del Frente Amplio, un artículo que promete ahondar el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial: el 732 del proyecto a estudio es un artículo que establece que ante un reclamo laboral de trabajadores del Estado, una vez que haya sentencia en primera y segunda instancia a favor de esos reclamos de funcionarios públicos —en este caso los judiciales— el Ministerio de Economía hará las previsiones financieras correspondientes en el Presupuesto o las siguientes Rendiciones de Cuentas, lo que, en los hechos, podría dilatar el pago en uno o dos años. Ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak adelantó la disposición de la corporación a impugnar ese artículo por inconstitucional en caso de que hoy lo apruebe el Senado.

El juicio iniciado por los judiciales se encuentra en apelación luego de recibir una sentencia favorable y se mantiene en todos sus términos. De ganar, Rentas Generales deberá apelar a más de US$ 120 millones para financiar el aumento en cada período de gobierno.

Pero si hoy se aprobara en el Senado el artículo 732 el Poder Ejecutivo podrá dilatar años el pago de ese juicio a los funcionarios judiciales. La bancada del FA tiene los votos justos como para aprobar esa disposición. El reclamo de los judiciales surgió porque la ley de Presupuesto de la administración anterior dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, con los que por inadvertencia del Poder Ejecutivo quedaron "enganchados" los sueldos del Poder Judicial.

El Poder Judicial se ha visto relegado por completo en este Presupuesto, a un punto tal que de los 60 artículos presentados al Poder Ejecutivo, algo que puede hacer por ser un poder independiente, no fue tenido en cuenta ni uno. Los representantes del Poder Judicial afirmaron más de una vez ante las comisiones que analizaron el Presupuesto que la falta de recursos los llevó a recortar hasta compras de papel y de útiles, y conformaron un comité de crisis para delinear la estrategia financiera a futuro.

Por esto, los legisladores de la oposición elevaron airadas protestas durante el tratamiento del Presupuesto en Diputados y también ahora lo hacen en el Senado.

Por eso, se entiende que la sesión de hoy estará cargada de tensión cuando se trate el polémico artículo 732.

SABER MÁS

FF.AA.: Eliminación de las vacantes en función de aumentos salariales


Ayer se votó en el Senado el artículo del proyecto de Presupuesto con los aumentos para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, pero no se insistió con suprimir el 50% de las vacantes una vez que se produzcan. Lo que sucederá es que la supresión de vacantes se hará hasta conseguir el crédito con que financiar esos aumentos de salarios. Este artículo generó una amplia discusión sobre el cometido de las Fuerzas Armadas y la necesidad de saber con cuántos efectivos deben contar.

Desde sectores del Frente Amplio se insistió en la necesidad de reformular a las instituciones militares, mientras en el Partido Nacional se hizo ver la serie de tareas subsidiarias que hoy tienen, y los magros salarios, los más bajos de toda la administración central. Por ejemplo, la custodia de cárceles, la atención de los inundados y desplazados, la recolección de basura, la lucha contra el narcotráfico y custodia de fronteras, entre otras.

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